La declaratoria de emergencia económica del Gobierno del presidente Gustavo Petro levantó una enorme polémica. Expertos juristas advierten que se trata de una decisión inconstitucional, pues no se cumplen los requisitos básicos para acudir a esa medida excepcional que consagra la Constitución.
Al lado de esa polémica de fondo, hay un debate de forma de alto calado. Se trata de la inédita posibilidad de que la Corte Constitucional sesione en la vacancia judicial para tratar el tema.
Las vacaciones de la rama están reglamentadas y para este año las fechas quedaron definidas del 20 de diciembre de 2025 hasta el 10 de enero de 2026.
Por eso, la convocatoria del alto tribunal a sus magistrados para una reunión este 23 de diciembre genera expectativa, ilusión y críticas.
La reunión se hizo en la mañana de este miércoles en forma virtual. SEMANA conoció que no hubo acuerdo frente a si pueden actuar o no teniendo en cuenta la vacancia judicial.
El tema hoy divide no solo a los magistrados, sino a los juristas del país.
Por ejemplo, Humberto de la Calle aseguró que el asunto entraña riesgos innecesarios para una discusión en la que es clara la inexequibilidad de los decretos del Gobierno Petro.
“Creo que la emergencia económica anunciada viola la Constitución. Comparto el cúmulo de opiniones conocidas que no voy a repetir. En cambio, no me parece buena idea interrumpir la vacancia en la Corte para resolver. Se dice que la vigencia de los decretos produce efectos irreversibles. No está claro cuáles serían. Si el impuesto de patrimonio se cae en los términos habituales, queda sin efecto. El 5x1.000 se puede devolver. En cambio, una acción tan precipitada afecta su propia legitimidad. No olvidar que ahora existe la posibilidad de la suspensión provisional. Precipitar una decisión en vacancia, sin necesidad evidente, facilitará la nefasta costumbre de Petro de atacar a la Corte. Nada pasa si esto lo asume la Corte tranquilamente el 13 de enero”, aseguró.
El abogado Ramiro Bejarano también cree en esa tesis. “Ninguna Corte puede decidir en vacancia judicial, incluida la Corte Constitucional. La Constitución solo autoriza al Congreso reunirse por fuera de sus periodos. Arbitrariedad del Gobierno no puede combatirse con otra arbitrariedad de rama judicial. Eso sería peligroso precedente que violaría Constitución y derechos fundamentales”.
Pero otros constitucionalistas de peso piensan que sí se puede realizar este análisis en el periodo de vacancia. Así lo dice, por ejemplo, el jurista Juan Manuel Charry. “El reglamento de la Corte permite sesiones extraordinarias en días no hábiles”, aclara.
Charry cita el artículo 6 de ese reglamento que dice: “Las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Sala Plena se harán en forma presencial en el lugar de su sede oficial de la capital de la República. Podrán celebrarse en otro sitio de la ciudad o del territorio nacional, o en días no hábiles. La Sala Plena o, en su defecto, quien ejerza como presidente o presidenta de la Corte, podrán convocar sesiones no presenciales o mixtas, para lo cual se utilizará cualquier medio tecnológico que lo permita, siempre y cuando se garanticen la deliberación, la confidencialidad, la privacidad, la seguridad, la reserva y la comunicación simultánea de los proyectos de providencia, acuerdo o decisión”.
“Sí se puede. No está prohibido. Varias normas lo justifican en caso de necesidad y urgencia para defender la Constitución, como en este caso”, asegura un expresidente de la Corte Constitucional a SEMANA.
La senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia, no solo considera que ese camino es válido, sino que le pide a la Corte Constitucional que lo tome. Así lo dejó saber en la carta que envió asegura que a pesar de la vacancia, la gravedad que entraña la emergencia económica hace necesario que la Corte comienza su examen lo antes posible.
