Judicial
Emilio Tapia fue citado a una nueva audiencia para que repare económicamente a las víctimas del carrusel de la contratación en Bogotá
El IDU reclama que el empresario no ha reparado los daños causados hace 15 años.
El nombre del empresario Emilio Tapia Aldana ha vuelto a ser noticia en los últimos días por cuenta de una insólita petición que presentó ante la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El contratista cordobés, quien ha sido condenado por dos de los más grandes escándalos de corrupción del país (el carrusel de la contratación en Bogotá y el anticipo de Centros Poblados), solicitó que se le otorgue un esquema de seguridad y protección para él y su familia por parte de la entidad adscrita al Ministerio del Interior.
Tapia manifestó recientemente que su vida está en peligro por las declaraciones que le ha aportado ante las autoridades judiciales para vincular a otras personas con los escándalos de corrupción mencionados anteriormente.
En medio de este alboroto, SEMANA conoció que Tapia Aldana -quien se encuentra en libertad condicional desde el pasado 11 de abril, fue citado a una nueva audiencia de incidente de reparación integral por el escándalo que sacudió a Bogotá hace ya 15 años.
En este caso, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) reclama por la falta de respuesta del contratista para reintegrar los dineros de los que se apropió mediante la celebración irregular de contratos de obra vial durante la Alcaldía de Samuel Moreno Rojas.
El defensor del IDU manifiesta que, pese a que Emilio Tapia tiene desde hace trece años un principio de oportunidad, no se ha cumplido el acápite que le exigió reparar a las víctimas reconocidas dentro de este expediente judicial.
“No ha existido por parte del señor Tapia el deseo o la intención de dar cumplimiento a lo que establece la ley durante el periodo de suspensión a prueba“, reclamó el apoderado del IDU, David Grajales.
La diligencia judicial está programada para el próximo 27 de noviembre a las 8 de la mañana ante el juzgado quince de conocimiento de Bogotá.
En los incidentes de reparación convocados, la defensa del contratista ha puesto sobre la mesa un lote en zona rural del municipio de Tabio, Cundinamarca, para pagar la multa que está pendiente.
Sin embargo, hasta la fecha todavía no hay un informe sobre el valor catastral del lote y de la forma en que será entregado para iniciar la mencionada reparación.
El 5 de agosto de 2025, Tapia Aldana fue sentenciado a 204 meses (17 años) de prisión tras reconocer, mediante un preacuerdo, su responsabilidad en los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
En dicha sentencia condenatoria, que luego fue rebajada a siete años de cárcel, se impuso una multa de 374.985 salarios mínimos legales vigentes, una cifra cercana a los 241 mil millones de pesos.
El 3 de julio de 2020, el juzgado primero de ejecución de penas de Barranquilla le concedió la detención domiciliaria. Un año y medio después fue capturado por su participación en el escándalo de corrupción de Centros Poblados, el billonario contrato del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) que tenía como objetivo llevar Internet a siete mil escuelas rurales en diferentes regiones del país.
Después de cuatro años, firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptaba su participación en los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. Hecho por el cual fue sentenciado a seis años y cuatro meses de prisión.
