Empleados de bibliotecas públicas de Medellín se quejan ante el Mintrabajo

El sistema de bibliotecas públicas de Medellín es una de las políticas públicas culturales más revolucionarias del país. Su modelo ha sido premiado en varias oportunidades y es visitado asiduamente por los ciudadanos, quienes encuentran allí no sólo libros sino un sinfín de programación para la apropiación de los territorios, sin embargo los problemas de infraestructura que han tenido algunas megabibliotecas han opacado esa gestión. Y parece que la mala hora no termina, pues un grupo de trabajadores del sistema decidió presentar una querella ante el Ministerio de Trabajo por lo que consideran malas condiciones laborales.

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La Red funciona desde el 12 de enero de 2011 por un convenio interadministrativo con la Biblioteca Pública Piloto —convenio que se ha ido renovando con el pasar de los años—, que es la encargada de operar todo: asignar tareas y proyectos a los contratados y pagar todas las responsabilidades salariales. En el mismo convenio se aclara que el Municipio no adquiere relación laboral con las personas naturales o jurídicas que la Piloto emplee. Pero en la práctica esto es distinto, pues según los querellantes, son los mismos funcionarios de la Secretaría de Cultura quienes se encargan de asignar horarios de entrada y salida, tareas y organizar eventos varios.

Como si fuera poco, no se cumple con lo asignado a los contratos por prestación de servicios, pues los contratantes tienen que cumplir horarios estrictos y sólo pueden descansar de sus oficios un día a la semana. Además, están sometidos -aseguran ellos-  a pequeños contratos que no duran más de seis meses pero que son renovados a la brevedad. Así hay empleados que llevan trabajando hasta seis años en la misma modalidad, negándoseles la oportunidad de una vinculación laboral como servidores públicos.

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“Imagínese que hay gente que daba clases en universidades y ya les dicen que no pueden cruzarse los horarios, eso es una contradicción porque los contratos por prestación de servicios deben garantizar que el contratista use su tiempo e incluso, pueda tener más de un contrato, pero eso es imposible”, le dijo a Semana.com una empleada del sistema.

La querella busca que el modelo de contratación en las bibliotecas sea más pulcro, y que a los 300 empleados, a quienes se les exigen tareas como vinculados, se les contrate directamente por el municipio y obtengan los beneficios de quienes realizan trabajos de carrera, porque los muros de las bibliotecas se pueden caer, como sucede con La España, pero los empleados han seguido con los programas existentes en sitios abiertos, en canchas, en parques, son ellos los que movilizan el conocimiento.

Es en 2006 cuando, a través de un acuerdo municipal y en aras de la descentralización de servicios, se adscribe la BPP al orden municipal y se crea el sistema de red de bibliotecas públicas de Medellín. En 2011 se reglamenta el sistema y se adopta una estructura formal funcionamiento, donde la BPP entra como articulador de servicios, entendiendo que la BPP es autónoma, tiene personería jurídica propia y está adscrita a la Alcaldía como un ente descentralizado.

Dagoberto Arango, abogado de los empleados, explica: “Los lugares donde están ubicadas las bibliotecas son de propiedad del municipio. La Alcaldía le dice a la BPP, ‘yo le cedo a usted los bienes muebles e inmuebles para que usted ejecute la política pública‘ y ahí se empieza a ver la necesidad de querer ocultar las relaciones laborales, porque se establecen unas cláusulas que dicen no habrá relación laboral entre el contratista, que en ese caso es la BPP, y el municipio, así como no habrá relación laboral entre quien ejecute las labores y la BPP. Eso es para decir que la relación jurídica que hay ahí es una simple intermediación. Uno encuentra que los medios no son de la BPP, no hay autonomía administrativa porque ahí el Municipio da todas las órdenes y avala a quién se contrata y a quién no. Ahí no hay una autonomía de parte de la BPP para contratar”.

Todo esto se suma a que no hay una solución en la continuidad de la contratación, cuando la ley expresa que el contrato por prestación de servicios debe ser excepcional y transitorio, “porque aquí no estamos hablando de que los contraten para hacer tareas específicas por un tiempo determinado, no, este trabajo que ellos realizan es misional de esa política pública, ¿qué sería de las bibliotecas sin sus trabajadores?”, se pregunta el abogado.

Semana.com habló con los encargados de prensa de la Secretaría de Cultura de Medellín, desde donde se informó que los voceros del tema serían los funcionarios de la Biblioteca Pública Piloto. La directora, Shirley Milena Zuluaga, dijo a su vez que no tienen información aún de la querella.