“En Colombia los niños no importan porque no votan”: Catalina Escobar explica por qué se debe abolir el matrimonio infantil en el país

Este martes se votará en la Comisión Primera del Senado el proyecto de ley que busca prohibir el matrimonio infantil en Colombia. Después de pasar los tres primeros debates, varios líderes que trabajan por la niñez esperan que el país al fin entienda, tras casi un año en el olvido de esta iniciativa impulsada por la congresista Jennifer Pedraza, la necesidad de proteger a los niños, especialmente en las zonas rurales, donde esta práctica es frecuente.

Una de esas voces es la de Catalina Escobar, presidenta de la Fundación Juan Felipe Gómez, Juanfe, entidad que empodera a madres adolescentes y que busca contribuir a la transformación social y a la reducción de la pobreza en Latinoamérica. “Esto no es Suiza, este es un país donde tenemos las tasas más altas de embarazo adolescente en la región. Lo que esperamos es que se apruebe este proyecto de ley en todo el territorio nacional, incluidos los territorios indígenas”, dice Escobar.

Para esta administradora de empresas con estudios en economía, desde hace años se ha demostrado la correlación entre niños que estudian versus el desarrollo de un país, como también el alto impacto que tiene el embarazo adolescente: “Cuando una niña menor de los 18 años queda embarazada, es un problema de política pública en salud porque aumentan los casos de enfermedades asociadas al embarazo. Aumenta la mortalidad materna y los riesgos asociados al neonato y eso le cuesta al gobierno, eso nos cuesta a todos en el sistema general de salud. No hay derecho a que una niña no pueda cumplir sus sueños por convertirse en mamá”, resalta Catalina.

SEMANA: ¿No es un poco paradójico que en tiempos como este se siga discutiendo en Colombia el matrimonio infantil?

Catalina Escobar (C. E.): Lo que pasa es que como los niños no votan, los adultos pueden hacer lo que quieran. En este tema creo, inclusive, que hay un subregistro en los matrimonios infantiles. Es de aplaudir que como país tengamos esta discusión, porque al final lo que necesitamos es que el Estado de derecho escuche a la población y sus necesidades, porque nos está pasando que el Estado de derecho cada vez más se aleja en ciertas cosas de las necesidades de un país. Y en esto lo que tiene que primar son los derechos de los niños y niñas y adolescentes.

SEMANA: Usted dice que el matrimonio infantil aumenta el embarazo adolescente. ¿Qué cifras se conocen sobre el tema?

C. E.: El embarazo adolescente hoy está sobre el 16 %. Somos el segundo país de la región, después de México. Y el problema del embarazo adolescente es carísimo. Tiene tres costos asociados, que no permite que el país se desarrolle. Uno de ellos se da en política pública en salud, pues se trata de un embarazo de alto riesgo que nos cuesta más. Y esos niños nacidos deben estar al Sistema General de Salud por lo menos los cinco primeros años. Esos niños deben entrar a la política de la ley de la primera infancia y el Estado tiene que empezar a meterlos al sistema de educación. Y además hay un costo de oportunidad porque cuando las niñas se salen de estudiar no logran insertarse y ser productivas en la sociedad. Nosotros, como Fundación Juanfe, hicimos nuestras propias evaluaciones de impacto cuando entramos a algunos centros penitenciarios del país.

SEMANA: ¿Qué encontraron en esas evaluaciones?

C. E.: Nos dimos cuenta de que el 43 % de las personas privadas de la libertad son precisamente hijos de madres adolescentes. Es decir, está correlacionado el embarazo adolescente con la violencia. Y eso que hay que imaginar la gran cantidad de gente en los barrios, en las comunas. Nosotros solamente pudimos entrar a algunos centros penitenciarios. Eso es algo que deberían tener en cuenta muchos senadores.

SEMANA: El congresista Humberto de la Calle propone que la legitimidad de esos matrimonios infantiles los certifique el ICBF. ¿Usted qué piensa?

C. E.: No estoy de acuerdo. Eso representa un gasto estatal muy grande. Poner en esas diligencias al ICBF. Usted se imagina que una mamá y un papá tengan que acudir al ICBF para que apruebe un matrimonio entre una niña de 15 y un niño de 16. Y es que lo que hemos visto es que muchas veces hay casos de niños que los están vendiendo, detrás de eso también hay prostitución. Esto no es un tema de libertades, como algunos congresistas lo han querido presentar. Yo me pregunto, ¿dónde está la prevención? ¿Dónde están las cátedras de educación sexual y reproductiva obligatorias? ¿Dónde están los métodos anticonceptivos que ayudan a la prevención? Lo que debemos buscar, más que el matrimonio infantil, es que eduquemos a los muchachos para que tengan más y mejores herramientas para que tomen decisiones responsables. Yo invito a los congresistas a que visiten los territorios, donde hay un subregistro de embarazos en adolescentes muy alto. Que visiten las comunidades indígenas, donde a veces los propios papás les quitan la virginidad a sus hijas para preservar su etnia.

SEMANA: Otro escenario en esta discusión es el matrimonio entre una niña y un adulto...

C. E.: Y ese es el peor porque un muchacho 25 no puede tener un matrimonio con una niña de 14 o 15. No, eso puede ser pedofilia. Eso es acceso carnal abusivo. En estos casos se están vulnerando todos los derechos y eso es una realidad en muchos territorios, yo lo he visto a través de la fundación y es gravísimo. Entonces hay un desconocimiento en el Congreso de esa realidad. Yo me pregunto: ¿por qué será que el Estado de derecho no conoce este tipo de vulneración de derechos?

SEMANA: A través de la Fundación Juanfe usted ha visto las graves secuelas que esos abusos dejan en los niños.

C. E.: Sí, es muy triste. Conocemos los graves efectos que le dejan a la víctima. No se imaginan lo que se ve en las jóvenes de la Juanfe, en 23 años de trabajo que tenemos allí. Lo tenemos documentado: el abuso sexual a un menor de edad tiene una característica y es que se convierte una persona que tiene ideación o intento suicida. Pero eso los constitucionalistas no lo conocen. Por eso a veces creo que el Estado de derecho colombiano está lejos de lo que le pasa a la gente, a los niños. Colombia es de los pocos países que tiene permitido el matrimonio infantil.