En las entrañas de la coca en el Catatumbo: el Cartel de los Soles de Venezuela y las cifras del millonario negocio que alimenta la guerra

El narcotráfico es la principal actividad económica del Catatumbo y su mayor problema. Los campesinos prestan sus parcelas para levantar hojas de coca, en sus cocinas las transforman en kilos de pasta y los grupos armados le dan el toque final y se encargan de distribuirla en toneladas entre los carteles de drogas que hacen fila en la frontera con Venezuela para inundar las calles del mundo de cocaína. SEMANA revela impactantes testimonios del multimillonario negocio criminal que mantiene vivas a las guerrillas de la región.

La más reciente medición de la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU detalló que en esta zona de Norte de Santander hay más de 43.000 hectáreas de cultivos de coca. Buena parte de la población se alimenta, viste y estudia gracias a las ganancias de este narcótico, cuya regulación estaba en manos de la estructura 33 de las disidencias de las Farc y del frente de guerra nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras que los principales compradores eran organizaciones delincuenciales de México, Venezuela, República Dominicana, España y Estados Unidos.

La instrucción era clara para los campesinos: “Usted tiene que venderles a los recolectores, bien de las Farc o bien del ELN. Si usted les vende a ciertas personas que venden independiente, que no tengan que ver con esa organización, son piratas; los matan, los corren o les quitan todo lo que tengan, o les hacen las tres en una”, reconoció la presidenta de una junta de acción comunal que tuvo la misión de llevar el control de cuáles habitantes pagan los “impuestos” y podían ser beneficiarios de las compras de los guerrilleros.

Sandra Márquez* figuró en una de las listas. Ella cumplió sagradamente con las cuotas que pidieron los criminales para supuestas obras sociales y acató los manuales de convivencia que impusieron los dos bandos, por lo que tuvo la posibilidad de comercializar el producto ilícito que le daba su solar. En un refugio de Cúcuta, la mujer contó a un equipo periodístico de SEMANA que los grupos armados le pagaron $ 2.750.000 por el último kilo que les entregó y gastó $ 1.200.000 para su producción: “La caneca de pategrillo (combustible) estaba a $ 500.000; el bulto de cemento estaba a $ 33.000; la cal ya estaba en $ 22.000; el sulfato subió a $ 230.000; si usted compra la urea para cortar las aguas, para sacar la base de coca, está valiendo la pimpina (a) $ 120.000″.

Germán Gutiérrez* fue jornalero hasta el 16 de enero, el día en que estalló la guerra entre el ELN y disidencias de las Farc por el control territorial y le tocó huir de su finca para no morir en medio del cruce de disparos. Su tarea era cuidar las hojas de coca y recibió $ 50.000 por cada día de trabajo: “El jornalero es el que fumiga (y) zocola. El jornalero es el que asiste a las matas. (Debe) cuidarlas por seis, ocho meses, y ahí llega el recolector”.

Ramón Suárez* y su esposa, también desplazados hacia Cúcuta por la confrontación entre los dos grupos armados, eran raspachines y el salario dependió de la cantidad de arrobas que alcanzaran a recoger diariamente: “Nos pagan $ 8.000 por arroba, comiendo de ahí. Uno se saca el sueldo, hasta 70.000, 80.000, 100.000 diarios. Nos toca matarnos. Le entregamos la hoja al patrón y él mirará qué hace, si procesarla o venderla, y pagarnos”. Esto lo hacían por dos semanas consecutivas durante seis veces al año.

Los hombres que se encargaban de recoger la pasta debían ser de la entera confianza de los cabecillas de las organizaciones y tenían asegurado un salario mensual por más de $ 3.000.000. Mientras que las personas que laboraban en los laboratorios para procesar el material eran escogidos bajo un estricto control complejo de superar.

La crisis del sector

Los $ 2.750.000 los entregaron las guerrillas cuando había demanda del producto y esto solo ocurrió de octubre de 2024 en adelante. Antes de eso, se presentó una crisis sin precedentes en la región porque no había compradores: el kilo de pasta de coca cayó a $ 1.500.000 y la pobreza rondó por varios hogares. Los patrones empezaron a pagar salarios con base de coca y los establecimientos comerciales canjearon los productos por lo mismo, pues no había billetes para sostener al Catatumbo: cada gramo equivalía a $ 1.000, pero podía subir hasta los $ 2.000 si aparecía un narcotraficante con plata.

“El campesinado daba de cambio (base de coca) por combustibles, venenos, alimentación (y) ropa. Las guerrillas comenzaron a montar supermercados y recibían la base de coca a ciertos precios. Ellos decían: ‘A 2.750.000 vamos a recibir la mercancía para surtirles al campesino la alimentación’. Uno llegaba allá y cambiaba 700, 800 gramos, lo que usted fuera a cambiar por mercado”, comentó una habitante de la zona rural de Tibú. Los cerebros de este negocio fueron los elenos, quienes recibieron cartas y llamados de auxilio de las comunidades porque el hambre los estaba agobiando.

Hay muchas versiones sobre la crisis. Las autoridades indicaron que al Catatumbo no volvieron grandes compradores durante ese tiempo por el incremento de oferta del narcótico en el mundo, pero en las montañas de esa zona de Norte de Santander hay otra que no se había mencionado hasta ahora: la Fuerza Pública capturó al encargado del negocio de la droga y el Cartel de Sinaloa, que era el principal cliente de las disidencias de las Farc y del ELN, se aburrió en el territorio porque no le estaban vendiendo cocaína pura.

Una persona cercana a ambos grupos, bajo reserva, detalló a SEMANA: “El Cartel de Sinaloa (dejó) de comprar en el Catatumbo por la liga que le meten a la mercancía. Hay personas que ligan (la base de coca) con agua hirviendo, con aceite, con aceite de motor de transformadores, con manteca, con leche. Al volverla en base de perico o en otro tipos de base, ya no les va a servir porque ya marca la calidad, el porcentaje. El Cartel de Sinaloa se retiró fue por eso, porque a ellos no les sirve que les metan liga, que se la vendan pura”.

Esto se convirtió en otro problema para la comunidad y los criminales pusieron orden. A través de los líderes sociales, les hicieron saber que quedaba prohibido ligar el material: “Nos hacían la capacitación (y) que les avisáramos a las comunidades, a los dueños de fincas, a patrones y todo eso, que tuvieran en cuenta que todo aquel que ligara, porque ya no estaba entrando la economía, lo mataban o lo corrían del territorio”, afirmó uno de los ciudadanos que estuvo presente en los encuentros con los delincuentes.

Todo cambió cuando, en el último trimestre de 2024, el Cartel de los Soles se convirtió en el máximo comprador de la coca en el Catatumbo: “Ellos negocian con los altos mandos. Nosotros como líderes sociales no entrábamos a esas conversaciones, nos daban informes para que nosotros informáramos a la comunidad”, dijo la misma fuente bajo anonimato. Vale la pena recordar que los Soles, de acuerdo con Estados Unidos, es la organización criminal que se comanda desde el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

Las guerrillas pagaron $ 2.750.000 hasta diciembre. Por los estragos que dejó la crisis, los delincuentes tomaron la decisión de comprarles a todos los integrantes de las juntas de acción comunal, así: “Algunos compraban de contado. Si eran cinco (kilos), compraban uno o dos por dueño de finca, el que era afiliado. El que no era afiliado tenía que esperar si le recolectaban uno, pero fiado. Teníamos que esperar uno o tres meses (para recibir el dinero). Es más, a nosotros no nos ha llegado la plata”, agregó un habitante de Tibú.

La guerra

La bonanza se vio interrumpida por la guerra entre las disidencias de las Farc y el ELN. Los dos coordinadores de la venta de coca entraron en una confrontación por el control territorial, donde tienen intereses las autoridades venezolanas a favor de los elenos, sus aliados. “La guerra de ellos es por plata. Allá se pelea la riqueza que hay en el Catatumbo. Ellos se están llenando los bolsillos de la base de coca. Ellos quieren un control y mandar uno solo”, manifestó el presidente de junta de acción comunal del municipio con más siembras de coca de Colombia.

No se sabe qué va a ocurrir de ahora en adelante. Al menos 40.000 habitantes del Catatumbo abandonaron sus fincas por las intensas confrontaciones, donde el ELN va ganando terreno. Esa guerrilla sembró explosivos en varios puntos y amenaza con un exterminio mayor si las Fuerzas Militares se atreven a enfrentarlos. Eso ya está ocurriendo: las tropas tuvieron su primer combate con los elenos, estalló un explosivo en la vía que conduce hacia Cúcuta y prevén una racha de violencia más aguda.

El Catatumbo está sitiado. La Gobernación de Norte de Santander da cuenta de 80 asesinatos, once heridos, doce desaparecidos y 40.000 desplazados. Los cadáveres recuperados por las autoridades judiciales corresponden a firmantes de paz (cuatro), líderes sociales (dos), particulares (33) y menores de edad (dos) de Tibú, Teorama, El Tarra, Hacarí y San Calixto. En el caso de las muertes violentas, se cree que hay un subregistro y podrían ser más, dado que las familias empezaron a sepultar a sus seres queridos bajo tierra y algunos cuerpos se descomponen bajo el sol y el agua porque la Fiscalía ni la Policía Nacional tienen las garantías para entrar a los sectores más alejados del Catatumbo.

La furia del ELN también se siente en otros departamento. En Chocó fue asesinado por un francotirador de esa guerrilla un miembro de la Policía Nacional que intentaba retirar una bandera que ese grupo criminal instaló en el parque principal de Santa Rita de Iró, mientras que en Arauca instalaron una poderosa carga explosiva que tendría como blanco a la población civil y a la Fuerza Pública. En Antioquia ya se siente lo mismo: las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo sostienen fuertes combates en el nordeste y ya hay varios muertos, según el Ejército.

*Nombres modificados por petición expresa de las fuentes, ante el inminente riesgo que corren por las declaraciones.