“Es una pena irrisoria”: juez rechazó acuerdo de la Fiscalía con Olmedo López por escándalo de corrupción de la UNGRD

Una fuerte crítica hizo el Juzgado 5 Penal sobre el acuerdo que logró la Fiscalía General de la Nación contra Olmedo López, el exdirector de la UNGRD que terminó en la cárcel y colaborando con la justicia para destapar uno de los mayores escándalos del Gobierno Petro.

El juez advirtió que el acuerdo firmado por la Fiscalía en términos generales podría parecer correcto, pero en detalle termina perjudicando la reparación a las víctimas, a la sociedad, al Estado colombiano y al mismo procesado. En su criterio, la pena resulta irrisoria y algunos detalles de esa negociación no cumplieron los requisitos o el estándar legal.

“Que pactó con particulares y otros servidores públicos, ahora, aun cuando se podría considerar como argumento para esa rebaja de pena o esa disminución punitiva el hecho de que el procesado ha venido colaborando con la administración de justicia en los términos como se mencionó, debemos indicar que esa circunstancia conlleva otros beneficios jurídicos como las consecuencias derivadas, como el principio de oportunidad”, señaló el juez.

El juez aseguró que fueron nueve puntos centrales los que motivaron rechazar la negociación entre Olmedo López y la Fiscalía. Advirtió que varios escenarios no fueron tenidos en cuenta en el acuerdo, principalmente lo que tiene que ver con las penas. En su criterio, fueron irrisorias.

“En relación con el aumento punitivo de prisión de seis meses de peculado por apropiación en beneficio de terceros y seis meses por el delito de concierto para delinquir agravado, estima esta instancia judicial que la misma resulta irrisoria e ínfima si consideramos el tiempo de vigencia de la empresa criminal entre mayo 2023 y mayo 2024”, dijo el juez.

Otro punto que resultó central en la decisión del juez de rechazar esa negociación, quizá la más importante en el escándalo de corrupción de la UNGRD, está en las multas. De acuerdo con el juez, la Fiscalía tasó esas multas en salarios mínimos mensuales vigentes para el año 2025, cuando los hechos ocurrieron en 2024.

“Otra razón adicional para improbar el acuerdo es que el dinero ilícitamente apropiado se tasa en salarios mínimos mensuales vigentes para 2025, sin ninguna razón, ni justificación válida para ese proceder. En nuestra opinión legal, debieron tenerse en cuenta los salarios mínimos de 2024, que fue la época en que sucedieron los hechos o cuando se realizó la audiencia de imputación”, señaló la Fiscalía.

El acuerdo, que prácticamente estaba aprobado, pues ni la Procuraduría ni las víctimas se opusieron, terminó enredado en el despacho del juez, que tras un análisis, juicioso y detallado, concluyó que no era posible aprobarlo.

“Se mencionó un solo incremento patrimonial, dejando por fuera otros eventos de esa misma naturaleza, lo que igualmente genera la improbación del acuerdo y se consideró la pena de prisión en enumerar tercero de esta decisión”, señaló el juez.

Tras tomar la determinación, ni siquiera la Fiscalía apeló la decisión del juez. En otras palabras, estuvo de acuerdo con los argumentos del despacho para negar esa negociación. La defensa, por su parte, interpuso el recurso de apelación y rechazó la decisión del juez.