Escándalo por desmovilización del Bloque Cacique La Gaitana, a punto de quedar en nada

La cronología judicial del proceso por la falsa desmovilización del bloque Cacica La Gaitana se convirtió en un turbio ejemplo de la Justicia en Colombia. Más de diez años de investigación, un solo fiscal, cinco jueces, dilaciones de abogados, prófugos y, al final, el vencimiento de términos.

Los ingredientes de esta receta deberían avergonzar a los administradores de justicia, que están por darle los santos óleos al proceso que ocupó los titulares. SEMANA conoció algunas declaraciones que dejan dudas en las hipótesis de la Fiscalía, particularmente en la responsabilidad de los implicados, entre ellos el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, hoy prófugo de la Justicia.

Las declaraciones de los guerrilleros y supuestos cabecillas de las Farc advierten que los funcionarios enredados en este escándalo no tenían conocimiento de la inclusión de falsos insurgentes en los listados de desmovilizados. “Fueron engañados”, dijo alias Olivio Saldaña en una audiencia en la que terminó por reconocer que los listados pasaron al Ministerio de Defensa, que junto a la inteligencia del Ejército eran los encargados de verificar la información.

El 20 de febrero de 2022 prescribirá la investigación que la Fiscalía llevó en muletas por diez años. Siete personas fueron procesadas luego de que el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe celebró la desmovilización del bloque Cacica La Gaitana de las Farc. Fue un suntuoso acto fechado el 7 de marzo de 2006, cuando en Alvarado, Tolima, el entonces comisionado Restrepo, los delegados de las Farc y de las Fuerzas Armadas se reunieron para ser testigos de la reincorporación de 64 supuestos guerrilleros.

Seis años más tarde, tras las declaraciones de un guerrillero en Justicia y Paz conocido con el alias de Dayro, la Fiscalía imputó cargos en contra del excomisionado de paz, dos coroneles del Ejército, dos guerrilleros de las Farc y cuatro particulares que fueron, según el ente acusador, los encargados de “reclutar” jóvenes, incluso habitantes de calle, para meterlos en el listado de desmovilizados.

El engaño al Estado con la falsa desmovilización provocó, según la Fiscalía, un detrimento patrimonial superior a los 1.600 millones de pesos, por cuenta de los pagos mensuales que debían hacerles a los falsos reincorporados y todos los gastos que se sumaron al aparente proceso de desarme.

La actuación

En 2012, seis años después de la supuesta desmovilización, la Fiscalía tenía un diagnóstico de la patraña que se dibujó en la mente de dos guerrilleros de las Farc: alias Olivo Saldaña y alias Biófilo. Al parecer, la desmovilización debía ser un acto digno de fotografiar. No solo crearon un frente que nadie conocía, sino que buscaron la manera de completar un número de integrantes para hacerlo más real.

Fue así, dijo la Fiscalía, como salieron a las calles con la colaboración de los hermanos Miguel, Flor y José Ramos, para hacer una convocatoria vecinal que reunió a jóvenes desempleados y hasta habitantes de calle con la promesa de recibir una mensualidad solo por aparecer uniformados, en formación y cantando el himno nacional, mientras decenas de cámaras registraban el sublime momento.

Sin embargo, antes de la ceremonia de graduación como desmovilizados, los “reclutados” debían conocer qué era un arma, cómo cargarla y de qué manera caminar mientras en la espalda se tercian un fusil. De ese entrenamiento exprés, supuestamente, se encargaron los jefes guerrilleros.

La Fiscalía también investigó la participación de un presunto narcotraficante que invirtió una millonaria suma para completar el proceso de desmovilización, todo con el propósito de aparecer en los listados de reincorporados y así ocultar su verdadero negocio criminal, un colado que llaman.

El proceso

La investigación de la Fiscalía arrancó con hambre de justicia y, con el paso de los años, terminó con indigestión. Se movió lento y sentenció el proceso a su propio entierro. Cuando en los juzgados de Paloquemao el fiscal a cargo durante estos diez años hizo el relato de los hechos, el país se convenció de la responsabilidad de los implicados y del engaño que resultó ser la desmovilización del frente guerrillero.

Lo que no entienden quienes estuvieron investigados durante una década es por qué si la prueba era tan contundente siguen atados a un proceso con fecha de vencimiento. Lo lógico era estar condenados o absueltos, como ocurrió en 2017 con el general Lelio Fadul Suárez, a quien la Corte Suprema de Justicia exoneró de responsabilidad por falta de evidencia en su contra.

Recientemente, la Fiscalía ha hecho varias advertencias en la ráfaga de audiencias que programó el juez a cargo. Diligencias, incluso los sábados, en un afán pocas veces visto en la judicatura, un último aliento para salvar lo que ya está muerto, pues después de diez años no lograron pasar ni siquiera la etapa probatoria y quedan pendientes varias apelaciones de la defensa.

Ahora las acusaciones no son contra los vinculados en la desmovilización del frente Cacica La Gaitana. Defensa, Fiscalía y juez se enfrentan por la responsabilidad de un proceso que habría podido develar la verdad, pero terminó convertido en el peor ejemplo de administración de justicia.

¿Regresa el excomisionado?

Los registros migratorios indican que el excomisionado de paz Luis Carlos Restreposalió del país el 8 de enero de 2012. A partir de ahí, el proceso en su contra se adelantó sin su presencia. Le dictaron una orden de captura, revocada por una juez en una polémica decisión que más tarde tumbó otra juez. Su defensa pidió la nulidad del proceso y el Tribunal de Bogotá confirmó que la investigación debía seguir.

Con la medida de aseguramiento y la orden de captura en su contra se convirtió en prófugo de la Justicia. Su paradero fue siempre un misterio, en diferentes oportunidades, y mediante cartas abiertas, dejaba ver que seguía atento a los acontecimientos del país, incluso lanzaba recomendaciones al Gobierno y a su mentor político, el expresidente Álvaro Uribe, mientras aseguró ser un perseguido.

En 2021, la Fiscalía, tal vez consciente de la muerte por prescripción del proceso, lo notificó de una nueva medida de aseguramiento en su contra, esta vez por la Ley 600, que le da poder absoluto al fiscal a la hora de definir la situación jurídica del excomisionado de paz. Anticiparon que incluiría una detención preventiva, lo que claramente aleja el regreso del exfuncionario, así entierren el proceso del frente Cacica La Gaitana.

Este año, 2022, la Fiscalía consiguió que la oficina de Interpol emitiera una circular roja en contra de Luis Carlos Restrepo, una orden de captura internacional que también nace muerta con la inminente prescripción de los delitos.

La defensa advierte que seguramente la Fiscalía y los jueces argumentarán que por ser funcionarios públicos al momento de los hechos, la prescripción en el proceso contra los coroneles y el excomisionado de paz vence dos meses después del resto de particulares, pero ni con ese suspiro se cambiará el triste final del caso.