El juicio de las carpetas

El miércoles 20 de mayo, el procurador general, Fernando Carrillo, tomó una de las medidas más fuertes desde que dirige el Ministerio Público: anunció el llamado a juicio disciplinario a 13 militares por el caso de espionaje masivo.

Se trata de una investigación, revelada por SEMANA hace casi un mes, que denunció cómo varios batallones de ciberinteligencia recolectaron de forma irregular todo tipo de información de más de un centenar de personas, entre los que estaban periodistas nacionales y extranjeros, políticos, militares y altos funcionarios del Gobierno, entre otros. Esos datos terminaron consignados en perfiles de inteligencia militar, una acción por fuera de la ley.

La Procuraduría no tomó una decisión menor. No solo por el numeroso grupo de vinculados al proceso, sino por la importancia, los altos rangos y cargos de los integrantes del Ejército involucrados. Por el caso deberán responder dos generales recientemente retirados, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales.

En un extenso documento, la Procuraduría consignó los cargos y las posibles actuaciones irregulares de cada uno de los uniformados. Entre las pruebas que obran en el expediente figura la visita de inspección disciplinaria efectuada a las instalaciones del Batallón de Ciberinteligencia (Bacib), así como los informes técnicos científicos elaborados por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. También, las declaraciones de varios uniformados involucrados en los hechos, así como las de los comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional, y el resultado de la visita a la Inspección General del Comando General de las Fuerzas Militares, entre otras.

Tras revisar una decena de discos duros y más de 12 memorias USB, el Ministerio Público concluyó que no todas las actividades del Bacib se enmarcaron en una misión oficial, un requisito de ley. En estos dispositivos se encuentran reveladoras evidencias de las actividades de los militares.

Collar de perlas

“De los archivos denominados ‘CASO ESPECIAL’ en la evidencia observada corresponden a análisis realizados a diferentes personalidades (nacionales y extranjeros) políticos y militares, así como ciudadanos del común (…). En el archivo del formato de PowerPoint que contiene 51 diapositivas se presenta información correspondiente a quien identifican como Nicholas Casey”. Así reza uno de los apartes del documento en el que se refieren a las pruebas encontradas en el caso de perfilamiento del corresponsal del diario estadounidense The New York Times.

Como reveló esta revista en su momento, la investigación del Ministerio Público corroboró que muchas de las víctimas de esos perfilamientos del Ejército terminaron cayendo en los radares de los militares como una especie de dominó. “También se ha logrado demostrar, hasta el momento procesal actual, que las labores de obtención de información para realizar la perfilación del periodista Casey abarcaban también las personas con las que aparentemente tenía mayor interacción y aquellas que resultaban afines a sus pensamientos o publicaciones, lo cual derivaba en la necesidad de hacer labores de obtención de ellas para igualmente hacer perfilamientos, lo cual resultaba contrario a las normas que regulan las labores de inteligencia y contrainteligencia”, afirma la Procuraduría.

En el arsenal de evidencias que obran en el expediente –por él llaman a juicio a los 13 militares–, aparecieron pruebas que demostrarían que los uniformados eran conscientes de que actuaban por fuera de la ley; por eso, “ubicaron misiones de trabajo” en las que plasman medidas de seguridad, como realizar intervalos y saltos de red para disminuir el riesgo de ser detectados por “agentes de la amenaza o por propios del Estado”.

En este chat, el coronel Rozo felicita a sus subalternos por los trabajos de perfilamientos que venían realizando. Por el caso de las carpetas secretas, el ministro de Defensa, Carlos H. Trujillo, ordenó separar del Ejército a 11 militares.

No menos reveladores son los testimonios de varios de los involucrados que contaron quiénes, dentro del Ejército, ordenaron realizar estas actividades. “En mayo de 2019 recibí una llamada del señor teniente Trujillo para que me comunicara con el señor teniente coronel Rozo, ahí me dio la orden de buscar en fuentes abiertas la información sobre Nicholas Casey. Me dijo haga lo que usted hace siempre. Esa es una orden del señor general García Luna”, contó uno de los militares.

Este uniformado confesó igualmente que estuvo en varias reuniones con sus superiores para hablar sobre estos temas. “Hubo una tercera reunión en el Cotef (Comando de Transformación del Ejército). Allá llegó el general García. Otro general de allá nos prestó una oficina mientras llegaba el alto mando militar, yo supongo que era el general Nicacio Martínez”, confesó el uniformado llamado a juicio. “El señor teniente coronel Rozo le dio la orden a Betancur, la orden fue verbal vía WhatsApp, de iniciar perfilación de la periodista Lynsey Addario”, dijo al referirse al caso de otra de las comunicadoras estadounidenses que fue víctima de estas actividades.

Los investigadores de la Procuraduría también encontraron documentos clave que demuestran que, en algunos casos, los involucrados emitieron incluso órdenes de operaciones ilegales para realizar actividades de inteligencia contra periodistas y otras personas. Uno de estos casos documentados corresponde a María Alejandra Villamizar.

En un informe de la Inspección del Comando de las Fuerzas Militares, que hace parte de las evidencias con que cuenta el Ministerio Público, está un oficio del 4 de mayo de 2019 dirigido al teniente coronel Hugo Díaz, comandante del Batallón de Inteligencia Militar Estratégica n.º 4. Allí se lee: “Con toda atención me permito enviar a ese comando unos requerimientos de búsqueda para ampliar y/o verificar (…) realizar las coordinaciones necesarios para obtener el nombre y ubicación de la periodista de caracol que realizó una entrevista a este cabecilla el día 03-mar19 en La Habana, lo anterior con el fin de realizarle OSINT y si es posible coordinar una entrevista para indagarle sobre temas relacionados de interés de (a.Pablo Beltrán)”.

“Por medio de labores de inteligencia se obtuvo información de la periodista María Alejandra Villamizar, logrando establecer su plena identificación, número de abonados, dirección de residencia (…)”, responde a los pocos días un teniente al reportar los hallazgos sobre la comunicadora.

Al referirse a este tipo de actividades, la Procuraduría las reprocha claramente y cuestiona su legalidad. Afirma que no era posible tramitar y cumplir ese tipo de órdenes de recolectar información personal, y mucho menos tratar de disimularlas al hacerlas ver como una supuesta operación contra el jefe guerrillero alias Pablo Beltrán. SEMANA conoció incluso un chat en el que el coronel Rozo felicita a sus subalternos por este y otros trabajos, y los alienta a seguir con el tema de los perfilamientos.

El Ministerio Público en el llamado a juicio también hace énfasis en que encontraron pruebas que señalarían que, a diferencia de lo que habían dicho los militares, esa unidad de ciberinteligencia sí tenía la capacidad técnica para chuzar teléfonos, mediante diferentes softwares que habían desarrollado. “Se aprecia que en el obrar de los imputados convergen los elementos de la imputación dolosa: conocimiento y voluntad. Pues sabían que la conducta que estaban desplegando era contraria a los lineamientos impartidos por la ley 1621 de 2013”, dice una de las duras conclusiones de la Procuraduría.

Hace dos semanas, después de las denuncias de SEMANA, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García, anunció que retiraba del Ejército a 11 oficiales por el caso del espionaje masivo, entre ellos dos generales. En la noche del jueves 21 de mayo, después de conocerse el llamado a juicio disciplinario de 13 militares, el funcionario emitió un comunicado para afirmar que “estamos ante lo que puede llamarse una gran ‘Operación Verdad’ para llegar, de la mano de la Ley y de las autoridades competentes, hasta el fondo de lo que sucedió con las denuncias sobre presuntos usos irregulares o ilegales de la inteligencia militar”.

Sin duda alguna, el llamado a juicio disciplinario de altos oficiales significa un gran paso para esclarecer la verdad de un episodio que se convirtió en un escándalo dentro y fuera de Colombia. La rapidez y contundencia de la actuación de la Procuraduría demuestra, de paso, que esta oscura novela, a la que le faltan varios capítulos, posiblemente llegará hasta los niveles más altos.