“Está cargado de deseos de venganza”: 68 asociaciones rechazan que Gobierno Petro le retire condecoraciones al general (r) Arias Cabrales

Tras la firma de un decreto del ministro de Justicia, Néstor Osuna, se le retiraron todas las condecoraciones al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años de prisión por su responsabilidad en la desaparición de un grupo de civiles durante la operación de retoma del Palacio de Justicia, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.

La acción del Gobierno Petro responde a una solicitud presentada por Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en el primer piso del Palacio de Justicia al concluir la operación. La familia Urán mantiene la firme convicción de que el magistrado salió con vida de la edificación, acompañado por un grupo de militares, y posteriormente fue ejecutado.

El general (r) Arias Cabrales había anticipado la posibilidad de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro retirara sus condecoraciones en una entrevista concedida a la directora de SEMANA, Vicky Dávila, en junio del año pasado. En dicha entrevista, el militar retirado expresó su desacuerdo con la medida, argumentando que durante su carrera había recibido reconocimientos respaldados por el Congreso y la Presidencia, lo que según él no dejaba bases legales para la revocación de dichas condecoraciones.

La decisión, materializada mediante el decreto emitido el 15 de enero por el Ministerio de Justicia, generó el rechazo de la Mesa de Trabajo ‘Fuerza Púrpura’, compuesta por 68 federaciones, asociaciones y fundaciones de la reserva, veteranos, víctimas y pensionados de la fuerza pública.

Por medio de un comunicado, la ‘Mesa Púrpura’ argumenta que la medida es “improcedente, políticamente motivado, cargado de deseos de venganza e injustificado”.

Entre las consideraciones de la Mesa se encuentra la argumentación de que el Artículo 220 de la Constitución Política establece que los miembros de la Fuerza Pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determine la Ley. Según la Mesa, “en la actualidad el ordenamiento jurídico no dispone de ley alguna que de manera expresa autorice al Ejecutivo a despojar de sus condecoraciones y reconocimientos a los miembros de la fuerza pública, en actividad o en retiro”.

Otro punto de crítica resalta que la decisión asume que el proceso contra el general (r) Arias Cabrales “agotó todas las instancias, desconociendo existencia de recursos posibles en instancias nacionales e internacionales y la presunción de inocencia hasta agotarse todos los recursos”.

Además, la Mesa de Trabajo ‘Fuerza Púrpura’ acusa al Gobierno nacional de tener un ánimo revanchista, sugiriendo que la decisión de retirar los reconocimientos coincide con “celebraciones” de los 50 años de la “recuperación de la espada de Bolívar” y otras “autoexaltaciones” de la antigua organización delictiva vinculada al actual presidente, el M-19, en colaboración con el extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.

“Resulta claramente evidente que el gobierno nacional (que preside un exmiembro del grupo criminal que perpetró el asalto al Palacio de Justicia, en comunión de intereses con el extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria) persigue saciar su ánimo revanchista, como se muestra claramente en el hecho de que la circulación pública del Decreto 018 coincida con las ‘celebraciones’ de los 50 años de la ‘recuperación de la espada de Bolívar’ y otras autoexaltaciones a la antigua organización delictiva, promovidas por el mismo gobierno a través del Ministerio de Cultura”, sostiene la Mesa.

De igual forma, la Mesa sostiene que estas decisiones del Gobierno contribuyen a la “revictimización” de miles de colombianos que fueron afectados por crímenes de lesa humanidad perpetrados por el M-19, y que “nunca tuvieron procesos de justicia, verdad, reparación ni garantías de ningún tipo, debido a los beneficios jurídicos otorgados a los integrantes de esta organización criminal, probablemente violatorios de la prohibición universal de perdonar crímenes de lesa humanidad”.

Finalmente, la Mesa hizo un llamado a respaldar las actuaciones legítimas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, instando a trabajar por la reconciliación e identidad nacional para superar las divisiones en la sociedad colombiana.

“Los reservistas, veteranos, víctimas y pensionados de la Fuerza Pública invitamos a todos los colombianos a respaldarlas actuaciones legítimas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y, sobre todo, a mantener viva la verdadera historia de nuestro país y de la institucionalidad y la objetividad del relato, mancillados permanentemente por áulicos del terrorismo y por narrativas ideológicas extremas, justifica doras de crímenes del terror. Asimismo, hacemos un enérgico llamado al Gobierno nacional para trabajar y generar condiciones reales para la reconciliación e identidad nacional que conlleven la resolución de los conflictos y las divisiones en la sociedad colombiana”, concluyó el comunicado.