Esta es el acta de la reunión en la que el Gobierno Petro devolvió a Sanitas. ¿Entregó un cascarón?

El Gobierno de Gustavo Petro dio todas las largas que pudo para devolver Sanitas a sus dueños. Tuvieron que pasar casi dos meses desde el fallo de la Corte Constitucional (que salió el 26 de junio de 2025), y varios movimientos judiciales, para que la Superintendencia de Salud por fin decidiera cumplir con la orden de la sentencia del alto tribunal.

No es para nadie un secreto que, en la obsesión del Gobierno Petro por cambiar el sistema de salud, Sanitas ha sido su principal símbolo y antagonista. La EPS, propiedad del Grupo Keralty, ha sido objeto de fuertes arremetidas verbales del primer mandatario, quien ha acusado a su dueño, el empresario español Joseba Grajales, desde de intervención en política hasta “crímenes de lesa humanidad”.

La EPS por su parte, ha sido la única que ha expresado de frente que, por la puerta de atrás, el Gobierno ha asfixiado financieramente a las Entidades Promotoras de Salud para poder asumir el control, por la vía de una intervención. En esa pelea, la orden de la Corte de devolver la compañía fue el primer freno al llamado ‘shu shu shu’.

La tardanza en la entrega de Sanitas, que tiene la responsabilidad de la salud de 5,8 millones de colombianos, no tiene aún explicación, pero sí genera muchas suspicacias. ¿Por qué la Superintendencia tardó casi dos meses? ¿Qué pasó en ese tiempo?

SEMANA conoció esa acta de entrega que por fin tuvo lugar. En sus 38 páginas, el documento cuenta los detalles de la reunión en la que dio inicio al ejercicio de empalme y entrega de la EPS que por fin tuvo lugar la semana del 2 de septiembre de 2025.

Se trató de una extensa reunión de tres días. La cita inicial comenzó a las 8:41 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde. Asistieron: Kemer Ramírez Cárdenas, agente especial interventor saliente; Óscar Enrique Anzola García, vicepresidente financiero y de operaciones; Paula Andrea Arenas, delegada de la Superintendencia Nacional de Salud; Lida Patricia Pérez Esteban, jefa planeación y desarrollo organizacional; Camilo Escobar, director jurídico de la Supersalud; Hernán Maillane Ramírez, director de medidas especiales AD HOC de la Supersalud; Juan Ricardo Castro, Viviana Flórez y Samir Torres.

También fue Juan Pablo Rueda, el presidente de la EPS Sanitas antes de la intervención y quien se había convertido en uno de los voceros más críticos del sector frente a la crisis de salud que se está viviendo. Y algunos funcionarios de la EPS, de la Contraloría y de la Auditoría.

El objetivo de la cita era dar inicio y efectuar el ejercicio de empalme y entrega de la EPS por parte de la Superintendencia.

La reunión inició con un saludo y la presentación del interventor Ramírez. El funcionario comenzó con unas aclaraciones, por ejemplo, que los indicadores financieros salen trimestralmente y apenas se estaban procesando los correspondientes a junio. Y que, "dado el incumplimiento de los indicadores y, conforme a la norma, la EPS debe continuar con el proceso de postulación del giro directo”.

También habló sobre la decisión que se tomó para dar por terminado el contrato con Cruz Verde y señaló que se da la posibilidad a la EPS de tener alternativas para contratar con otros gestores. El interventor se refirió igualmente a los 163 equipos extramurales de Sanitas y a la autorización para que opere en el régimen subsidiado.

¿Un cascarón?

Con la entrega de la EPS se confirmó lo que muchos anticiparon e hizo público la Contraloría General en un reciente informe, revelado por SEMANA. Tras casi 15 meses de intervención, el estado de la EPS es mucho peor que el que tenía cuando el Gobierno decidió asumir el control, en una medida arbitraria, según la Corte Constitucional.

No es un tema aislado. En ese informe de la Contraloría quedó claro que ninguna de las actuaciones que había hecho el Gobierno en las EPS intervenidas había sido para mejorar. La Superintendencia se hizo a los dos más grandes botines: la Nueva EPS con 11.546.853 afiliados y Sanitas, con 5.819.205. Pero intervino muchas más: Coosalud, S.O.S., Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud EPS. Y heredó otras que ya estaban en esa situación: Emssanar, Capresoca y Dusakawi.

En el acta de entrega de la EPS no están detalladas las conclusiones financieras del estado de la entidad, pese a que en varios puntos queda claro que los números están en rojo.

En el inicio del documento se puede leer: “Se explican las principales variaciones en el estado de situación financiera, así como la pérdida del ejercicio generada principalmente por el mayor crecimiento del costo frente al crecimiento de los ingresos operacionales. Lo anterior se refleja en los indicadores de habilitación financiera: incumplimiento del patrimonio técnico, incumplimiento en la reserva técnica e incumplimiento en el patrimonio mínimo”.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también dijo públicamente, en esos días que, al darse este proceso, la situación de Sanitas era inviable.

“No tiene capital mínimo, no tiene patrimonio adecuado, no tiene inversión de reservas técnicas, pone en riesgo a sus usuarios", dijo. Y se despachó contra la orden de la Corte. “Entréguelo ya o, si no, entra en desacato. O sea, para la cárcel, ¿no? ¿Cómo la Superintendencia entrega, devuelve, un hospital público si no cumple técnicamente? ¿O cómo entrega una EPS si no cumple? Quisiera que la Corte me explicara a mí cómo entonces se logra eso”.

El informe de la Contraloría había advertido esa grave situación financiera de Sanitas. En la tabla de indicadores financieros del quedaba claro que la EPS no cumplía, como dice el ministro, ninguno de los tres indicadores fundamentales para operar.

No era la única línea roja que se había cruzado en el tiempo del control por parte de la Superintendencia. La Contraloría, por ejemplo, había advertido que las EPS intervenidas son las que más le deben a las instituciones prestadoras de salud. La cifra es altísima: 32,9 billones de pesos. Y de ese total, la mayoría, 24,4 billones, corresponden a las EPS intervenidas. La Nueva EPS es la primera con 9,2 billones y Sanitas, la segunda, con 2,8 billones.

En el acta, sobre el tema financiero, apenas se dan unos indicadores. “Sobre la conciliación de glosas, durante la intervención se adelantaron 5.421 acuerdos de conciliación por $ 620.000 millones, con un porcentaje de aprobación promedio del 83,6 %. Dicho comportamiento es similar para el periodo de julio 2025″, dice el documento.

También narra que “los pagos de costo médico registran un total en el periodo de intervención de $ 13,7 billones (sin incluir planes adicionales) en donde el 83 % se postula a través del giro directo Adres. Adicionalmente, es importante mencionar la aprobación de una política de pagos y la conformación del comité de pagos de la EPS con el fin de garantizar la trazabilidad y transparencia del proceso. Las cuentas por pagar de servicios y tecnologías en salud presentan un valor a 15 de agosto de $ 2,2 billones, en donde el 60 % es corriente y menor a 30 días. Por su parte, la cartera con edad mayor a 360 días se concentra en el NO PBS. El 96 % de los ingresos de la EPS se han destinado al pago de la red prestadora”.

Ante esa información, reza el acta, el doctor Juan Pablo Rueda, expresidente de Sanitas pregunta por el informe detallado. “El doctor Ramirez responde que este informe está elaborado ya, y se tiene previsto entregarlo al finalizar el ejercicio de empalme. Sin embargo, considerando que se solicita revisar con anterioridad, se acuerda hacer la entrega del informe financiero de manera preliminar como hoja de trabajo para que se pueda ir leyendo y revisando, de tal forma que, si hay alguna inquietud, se pueda ir resolviendo con anterioridad al término del cierre del empalme”, asegura.

Sin entrar en mayores detalles, y pese al pedido expreso de varios de los asistentes de tener el informe financiero completo, la reunión entró en pausa a las 11 de la mañana.

Al regresar, a las 3 de la tarde, la primera pregunta que se pone sobre la mesa es qué se va a hacer para la recuperación financiera de la entidad.

“El Dr. Anzola comenta que, el plan de acción contemplaba acciones para la recuperación financiera especialmente relacionadas con el costo médico, las cuales se encuentran lideradas por las vicepresidencias de riesgo y de red, por lo que el doctor Kemer indica que esta información se incluirá en las presentaciones de esas vicepresidencias”. Para esa hora de la reunión, todavía no hay respuestas.

Otra persona pone sobre la mesa el tema más álgido del debate de fondo y es si en el transcurso de la intervención quedó claro que la UPC era insuficiente. El gremio de la salud sostiene que esa es la causa más importante de desfinanciación del sistema, mientras que el Gobierno cree que los recursos son más que suficientes.

“El Dr. Kemer responde que de manera interna no se hizo dicho estudio como tal de insuficiencia de UPC, se realizaba análisis y seguimiento a la siniestralidad, ya que esto no es competencia de la EPS, sino de las autoridades e instituciones pertinentes”, sostiene el acta.

Varios asistentes hacen más preguntas y la respuesta a muchas es que la información estará en los informes. “El Dr. Kemer insiste que, en cuanto a la información se reitera que esta se encuentra disponible en la EPS, ya que la fuente de los datos que son entregados en el empalme, son de la misma entidad y los responsables hacen parte de la EPS”, cuenta el acta.

La reunión se da por terminada a las 4 de la tarde.

El segundo día, el equipo de empalme se reúne para hablar de otros temas como el riesgo en salud, los asuntos corporativos y de comunicaciones y la entrega de la vicepresidencia de salud. Ese día se presentan las patologías que tienen más incidencia, se advierte que el crecimiento del cáncer es uno de los temas más sensibles, se explica cómo opera hoy la red de prestadores para la distribución de los medicamentos y cómo funcionó en este tiempo el equipo de comunicaciones.

El tercer día, se pasa a otros asuntos: se presentan los informes de la oficina de planeación y desarrollo organizacional, el informe de la vicepresidencia corporativa, el informe de talento humano (la empresa tiene 3.783 empleados) y el del equipo de regionales.

Al cierre del empalme, el interventor señaló en el acta que “durante el periodo de intervención se procuró trabajar en favor de la EPS y de su bienestar, así como en la búsqueda de mejoras en los indicadores y resultados existentes. Si bien es cierto que no todos los resultados son positivos, se hizo una gestión importante en varios aspectos, producto de las decisiones estratégicas, y que permitieron mejorar y fortalecer algunos procesos. Sin embargo, se debe trabajar en todo aquello que aún persiste con resultados bajos o con inconvenientes, es un desafío para la EPS. Igualmente, se debe comentar que, la información está dentro de la EPS y que como interventor saliente no me llevo nada, sino que, todo queda en la entidad".

A partir de ese día, Keralty tuvo de nuevo el control de la EPS. Lo que pasó esos años y, especialmente, los días después de que la Corte ordenó devolver la EPS y en el momento en que finalmente se entrega aún quedan pendientes.