Esta semana se podría conocer la terna para elegir al nuevo auditor general de la República

Fuentes le contaron a SEMANA que esta misma semana se conocería la terna de la que saldrá el próximo auditor general de la República.

La Corte Suprema de Justicia ya entrevistó a los 21 candidatos que fueron admitidos en la convocatoria pública y ahora se dispone a enviar los nombres de los tres más opcionados para que el Consejo de Estado tome una decisión.

SEMANA conoció que los magistrados se inclinan por ternar a dos mujeres, sin embargo, no todo son buenas noticias, pues uno de los nombres que suena fuerte es el de María Anayme Barón Durán, a quien en enero pasado la Procuraduría general de la Nación le formuló cargos por presuntas irregularidades en la compra de un lote para construir un parque científico, tecnológico y de innovación del sector Minero-Energético.

Para la época de los hechos, entre el 2012 y el 2015, María Anayme Barón Durán se desempeñaba como secretaria de Hacienda y Delegada para la contratación del departamento de Boyacá.

De acuerdo con la investigación adelantada por el Ministerio Público, los estudios de prefactibilidad y el plan maestro para la construcción del parque, recomendaron adquirir el lote en el municipio de Tópaga, incluyendo la ubicación exacta del terreno, de 32.200 metros cuadrados, y un diseño preliminar de las instalaciones físicas que lo conformarían. La Gobernación de Boyacá contrató un experto de Asolonjas para la elaboración del avalúo comercial, que arrojó un precio de 1.518 millones de pesos.

El lote fue comprado y pagado al final del período gubernamental año 2015, comprometiendo además recursos de la vigencia 2016, y tan solo en el 2017, cuando funcionarios de la nueva administración, adscritos a las Secretarías de Minas e Infraestructura hicieron una visita técnica de reconocimiento, encontraron una serie de irregularidades como, existencia de una vía que lo atraviesa, riachuelos que lo recorren, terreno con cárcavas que lo mantienen anegado y, algunas explotaciones mineras con títulos vigentes. Adicionalmente sin la certeza sobre sus verdaderos linderos.

Además, el precio pagado resultó mucho mayor que el real, un lote que debió costar cerca de 427 millones de pesos, casi cuadriplicó su precio.

Otro nombre que suena muy fuerte para integrar la terna es el del exsecretario general de la Personería Carlos Silgado, quien es cuestionado por haber sido mano derecha del excontralor de Bogotá Miguel Ángel Morales Russi uno de los condenados en el escándalo del carrusel de contratación de la capital del país.

El remplazo de la actual auditora Alma Carmenza Erazo Montenegro

La convocatoria para los aspirantes al cargo de auditor general de la Nación estuvo abierta entre el martes 2 de mayo y las 5 p. m y el lunes 15 de mayo y, a partir del 18 de julio, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia escuchó una a una las intervenciones de los 21 aspirantes admitidos para elegir entre ellos a la terna que se enviará al Consejo de Estado.

Entre los 21 aspirantes se encuentran el abogado constitucionalista Germán Calderón España, Javier Alfonso Alba Grimaldos, exalcalde de la localidad de Bosa en Bogotá y el actual personero de Cali Harold Andrés Cortés Laverde.

Para ser elegido auditor general de la República, la ley establece que se debe ser mayor de 35 años y contar con título universitario en ciencias jurídicas, económicas, humanas financieras, administrativas o contables, así como experiencia profesional no menor a cinco años o como docente universitario por el mismo tiempo.

No podrá ser elegido Auditor General quien sea o haya sido miembro del Congreso u ocupado cargo público alguno, salvo la docencia, en el año inmediatamente anterior a la elección. Tampoco podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes.

Los 21 aspirantes

Quienes cumplen hasta el momento con los requisitos para aspirar al cargo son:

Javier Alfonso Alba Grimaldos

Leonardo de Jesús Aristizábal Zuluaga

María Anayme Barón Durán

Enrique Beltrán Pardo

Andrés Felipe Caicedo Neira

Germán Calderón España

Sandra Jeannette Camargo Acosta

Harold Andrés Cortés Laverde

Patricia Duque Cruz

Carlos Eduardo Forero Barrera

Jairo Gómez Buitrago

César Augusto Gutiérrez Bravo

Jairo Alonso Mesa Guerra

Carlos Alejandro Montoya Sánchez

Johny Gender Navas Flores

Juan Hernán Ortiz Zambrano

José Joaquin Osorio Ruiz

Verónica Peláez Gutiérrez

Gloria Patricia Rincón Mazo

Álvaro Isaías Rojas Meza

Carlos Enrique Silgado Betancourt

Auditoría advierte despilfarro de dineros públicos en las regiones

A finales de abril, la Auditoría General presentó un informe en el que hizo una revisión exhaustiva y prendió las alertas. La Auditoría General de la Nación, que tiene bajo su sombrilla a las contralorías territoriales, puso el ojo en la contratación interadministrativa que, por demás, se hace a dedo (contratación directa), la cual, debería ser solo para casos excepcionales, pero se está sobreutilizando, y generando así un desperdicio de dineros públicos que podrían ser usados de manera más eficiente en cubrir necesidades de la población más vulnerable.

Según el organismo de control, fueron analizados 76.785 contratos y convenios interadministrativos que habían sido suscritos en el territorio durante los años 2019-2022.

El valor registrado de dichos contratos fue de 27,1 billones de pesos, y 5,42 billones de pesos no generaron ningún beneficio para los ciudadanos, puesto que esa fue la suma que costó la intermediación, lo que debe constituirse en una alerta para las contralorías territoriales.

Si bien, el cobro por intermediar para ejecutar un contrato no es algo ilegal, el problema son los abusos que se están presentando y el riesgo de que se adjudiquen contratos a dedo de manera fraudulenta. “La contratación interadministrativa limita la libre competencia, la pluralidad de oferentes y la selección objetiva”, advirtió la Auditoría.