Estado colombiano fue condenado por persecución a los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) condenó al Estado colombiano por la persecución a la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) en la década de los 90.

La decisión de la Corte IDH obliga al Estado a “impulsar, dirigir, continuar y concluir, en un plazo razonable y en observancia de la debida diligencia, las investigaciones dirigidas a esclarecer los hechos de violencia, amenazas, intimidaciones y hostigamientos perpetrados contra las víctimas. Respecto de las actividades de inteligencia desplegadas por diferentes órganos públicos durante la década de 1990, el Estado, por medio de las autoridades competentes y en uso de sus facultades legales, deberá requerir la información que considere necesaria a las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y otros organismos de inteligencia, a partir de la cual deberá instruir las investigaciones y procedimientos pertinentes”.

Así mismo, el Estado deberá eliminar los archivos que recolectó el DAS, la Policía, el Ejército y la Central de Inteligencia Militar en la persecución contra los integrantes del CAJAR para garantizar “o su derecho a la eventual rectificación, cancelación o eliminación de los datos que consten en los archivos”.

Este fallo se consideraría como la primera decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la persecución del Estado colombiano contra una organización de derechos humanos; todo se remonta a la década de los 90 cuando inició una persecución que por más de tres décadas se dio contra los integrantes de CAJAR.

El observatorio de la Federación Internacional para los Derechos Humanos - FIDH describió esa situación como “hostigamiento y persecución en contra de los miembros del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR). Cabe destacar que el CAJAR representa y asesora judicialmente a numerosas víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, y que ha entablado varias denuncias nacionales, regionales (ante la Comisión interamericana de derechos humanos - CIDH) e internacionales (ante la Corte Penal Internacional - CPI) contra el Estado Colombiano”.

Uno de esos casos recientes ocurrió en febrero de 2015 cuando el abogado Reinaldo Villalba, miembro del CAJAR, se reunió en un almacén de cadena con un grupo de víctimas de falsos positivos y con un periodista de la región. Poco tiempo después un hombre se sentó cerca a ese grupo de personas con un radio de telecomunicaciones, y más adelante apareció otro sujeto que fue fotografiado por el periodista. Ese hecho provocó que la segunda persona que llegó se identificara como agente de la Sección de Investigación Criminal de la Policía. Lo que habría quedado en evidencia que se trató de una operación de inteligencia ilegal.

Esas intimidaciones, hostigamientos y amenazas contra los integrantes del CAJAR terminaron en 27 investigaciones en la Fiscalía, de las cuales 10 se encuentran activas por distintos hechos. Este caso terminó hasta en seis procesos penales que terminaron en condena contra exfuncionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad - DAS.

Por este tipo de hechos es que la Corte - IDH condenó al Estado que también deberá brindar tratamiento sicológico a las víctimas de este caso y, además, “realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y de disculpas públicas en Colombia, en relación con la totalidad de hechos del caso, debiendo destacar la importancia de la función de las personas defensoras de derechos humanos en un sistema democrático, y elaborar un documental audiovisual sobre la función de las personas defensoras de derechos humanos, la labor ejercida por el Colectivo y las violaciones a derechos humanos sufridas por sus integrantes, entre otros elementos”.