“Estado debe garantizar derechos y reparación de pueblos étnicos”: órganos de control piden al Gobierno asignación de recursos

La Procuraduría General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo, junto con representantes de la población étnica víctima, conformados como la Comisión de Seguimiento y Monitoreo, presentaron un informe destacando los avances y obstáculos en la aplicación de los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011, doce años después de su implementación. Además, la Comisión ha formulado una serie de recomendaciones para abordar estos desafíos.

Según el informe, uno de los principales desafíos es la necesidad de un mayor compromiso fiscal por parte del Gobierno nacional para ejecutar las medidas contempladas en los Decretos Leyes Étnicos. También se subraya la importancia de realizar ajustes institucionales y normativos para garantizar una atención y reparación integrales a las víctimas de los pueblos étnicos, optimizando el uso de los recursos disponibles.

En el año 2022 se asignaron recursos para los pueblos indígenas por un total de $1,2 billones, de los cuales se ejecutaron $832.305 millones, representando el 69 % del presupuesto ejecutado y dejando un 31 % sin utilizar. Para el pueblo Rrom se apropiaron $2.017 millones y se ejecutaron obligaciones por $1.163 millones, lo que equivale al 57,63 % ejecutado y un 42,37 % sin ejecutar. En el caso de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras (NARP) se destinaron recursos por $707.391 millones, de los cuales se ejecutaron $595.491 millones, logrando un 84 % de ejecución y dejando un 16 % sin utilizar.

El informe también destacó un aumento en la asignación de recursos para la población étnica víctima, en comparación con el año anterior. Esto incluyó un aumento del 54 % para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, un 57 % para los pueblos indígenas y un 16 % para el pueblo Rrom o gitano.

Sin embargo, sigue preocupando a la Comisión la falta de ejecución de recursos de proyectos de inversión por parte de algunas entidades nacionales en el año 2022. Además, se insistió en la necesidad de ajustar el documento Conpes 4031 de 2021, ya que no incluyó la financiación de la totalidad de las medidas para los pueblos étnicos ni consideró los universos que deben ser atendidos en los próximos 8 años.

Para abordar estos desafíos, la Comisión hace un llamado a las entidades ejecutoras de la política para que haya una desagregación de recursos por pueblo étnico, permitiendo un mejor monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las medidas de atención y reparación por etnia. También se instó al Gobierno nacional a realizar un costeo detallado y completo de los recursos necesarios para dar cumplimiento a los Decretos Leyes destinados a los pueblos gitano e indígenas, así como a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que han sido víctimas del conflicto armado.

En relación con la reparación colectiva, entre 2016 y 2022 se ha indemnizado colectivamente al 9 % de los 83 Sujetos Étnicos de Reparación por un valor total de $25.372 millones, lo que refleja el rezago en el cumplimiento de esta obligación y la baja dinámica de los pagos. Por ejemplo, en 2022 solo fueron indemnizados un total de 24 sujetos colectivos, incluyendo 13 resguardos indígenas y 11 consejos comunitarios.

El informe también mencionó 248 solicitudes étnicas de retorno o reubicación en 2022, con el 14 % de ellas aprobadas por los Consejos Territoriales de Justicia Transicional. Sin embargo, esto no garantiza la seguridad en los retornos o reubicaciones. El 30 % de estas solicitudes está en fase de formulación y concertación, y el 56 % se encuentra en actualización debido a la expedición unilateral del protocolo de retornos y reubicaciones para comunidades étnicas por parte de la Unidad para las Víctimas. La Comisión enfatizó en la falta de consulta previa, libre e informada en este proceso, y señaló el estancamiento en el cumplimiento de los planes de retornos y reubicaciones de las víctimas desplazadas forzosamente.

Otro aspecto preocupante es la falta de información precisa sobre la población étnica en muchos territorios, lo que dificulta la caracterización de las víctimas y la planificación de medidas de protección colectiva. La Comisión instó a ajustar la caracterización existente de las víctimas étnicas y los planes y rutas de atención, asistencia y reparación integral.

De otro lado, según datos de la Defensoría del Pueblo, se registraron 215 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el año 2022, de los cuales 47 pertenecían a los pueblos indígenas y 12 a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Además, se implementaron 24.880 medidas de protección colectiva recomendadas por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) en el mismo año.

Según cálculos de la Contraloría General, para la implementación de solo cuatro medidas para pueblos étnicos víctimas a 2031, se requerirían aproximadamente $3,9 billones a precios de 2023, así:

• En atención psicosocial a colectivos étnicos se requieren $87 mil millones.
• En indemnización colectiva a víctimas de comunidades negras $122 mil millones, y a víctimas indígenas $207 mil millones.
• En planes de reparación colectiva para sujetos étnicos, el esfuerzo fiscal requerido es de $3,4 billones.
• En retornos y reubicaciones para comunidades étnicas $76 mil millones.

Para los órganos de control y representantes de víctimas étnicas, “el Estado colombiano debe garantizar los derechos, la reparación y la protección de los pueblos gitanos, afrocolombianos, negros, raizales e indígenas”.