Cristina Lombana, Gerson Chaverra
La magistrada Cristina Lombana envió un duro correo por la reasignación de la investigación contra congresistas por el caso de la UNGRD, el presidente de la Corte Suprema, magistrado Yerson Chaverra, respaldó la decisión. | Foto: Revista Semana

Nación

Este es el documento con los contundentes cuestionamientos de la magistrada Cristina Lombana por los cambios en los expedientes por la UNGRD

SEMANA revela en su totalidad la misiva de la carta en la que la magistrada pide aclaraciones sobre la forma como se tomó esta decisión después que se filtrara el interrogatorio de Olmedo López.

9 de agosto de 2024

Para la magistrada, la decisión que se tomó el 24 de julio se “caracterizó por la falta de elegantia iuris” que le era exigible. Esto, teniendo en cuenta que no se realizó una respectiva Sala para consultar lo que se iba a hacer después que se filtrara a un medio de comunicación la declaración de Olmedo López, exdirector de la UNGRD. Mucho menos, se cumplió con el reparto por orden alfabético como está reglamentado.

En el documento se consideró que existió una seguidilla de errores para que los expedientes por la compulsa de copias hechas por la Fiscalía General contra nueve congresistas que estaban en el despacho del magistrado Héctor Javier Alarcón Granobles pasaran a conocimiento directo del presidente de la Sala de Instrucción. Por esto planteó una serie de preguntas.

“Le pido encarecidamente que se sirva explicarme ¿por qué usted asume como ponente de un caso, bajo el supuesto de que ofrece mayores garantías, tan solo por ostentar la dignidad de presidente? ¿Dónde queda el reparto aleatorio que por transparencia en la asignación de los expedientes ha promovido la rama judicial en las diferentes instancias?”, preguntó la magistrada Lombana.

En otro de los apartes de la carta, la magistrada le pide al presidente de la Sala de Instrucción le explique, “pues no logro comprender” las diferencias en las decisiones que se han tomado en situaciones similares al interior de la Corte Suprema de Justicia. “¿Qué hace diferente la filtración del expediente del excongresista Acuña Cardales en manos del despacho del magistrado Reyes Medina (…) con la filtración de la declaración de Olmedo de Jesús López Martínez recepcionada en el despacho del magistrado Alarcón Granobles, para que en las dos no se tome una decisión similar, como la de asignarlas al presidente de la Sala”.

Finalmente, la magistrada le plantea varios interrogantes al presidente de la Sala de Instrucción frente al hecho que pese a la filtración por la investigación que se adelantaba por corrupción en la UNGRD no se tomara una decisión de quitarle el expediente al magistrado Francisco Javier Farfán Molina, que indaga a los congresistas Iván Name y Andrés Calle por presuntamente recibir sobornos de un contrato de la UNGRD.

“El último interrogante que me surge es en relación con el tratamiento a la investigación que adelanta el magistrado Farfán Molina y que también fue objeto de filtración. Se entiende que tiene conexidad sustantiva con aquella procedente del despacho del magistrado Alarcón Granobles. Entonces quisiera saber por qué no corrió la misma suerte que la investigación N.° 01131 y que fue asumida por usted bajo la lógica de estar cobijada en lo que según entiende se denominó “‘situación de crisis’”.

La carta, según pudo establecer SEMANA, fue entregada a todos los magistrados de la Sala de Instrucción y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra. Fuentes judiciales le manifestaron a este medio que se espera que los cinco togados que conforman la Sala y el presidente del alto tribual contesten a la magistrada por escrito, de la misma forma como presentó la togada su misiva.

Igualmente, aseguraron que en este momento no basta con las explicaciones que les dio el pasado jueves 8 de agosto el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, a los medios de comunicación tras sostener una reunión presencial con los magistrados de la Sala de Instrucción.

Además, varios juristas y analistas consultados aseguran que la decisión de realizar el traslado podría abrir un debate sobre la forma como se realizan las designaciones para el conocimiento de los procesos en el alto tribunal, alertando que se abre una gran posibilidad para que se declare la nulidad de todo lo actuado en este caso.