Nación
Este ha sido el viacrucis de la familia de Marcelo Pecci, fiscal antimafia paraguayo, con la demanda presentada contra la Nación
La esposa, padres y hermanos del fiscal reclaman que las autoridades colombianas incurrieron en una serie de omisiones que permitieron la ejecución del crimen.
El cinematográfico homicidio del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, en la ciudad de Cartagena, mientras se encontraba de luna de miel con su esposa y se habían acabado de enterar que iban a ser padres, tiene un proceso judicial paralelo que va más allá de la búsqueda, captura y condena de los autores materiales e intelectuales del crimen.
La familia de Pecci emprendió acciones legales contra el Estado colombiano por lo que consideran una serie de omisiones y errores de las autoridades que facilitaron la ejecución del crimen que se dio en una playa de Cartagena, a donde llegaron sicarios en motos acuáticas a perpetrar el homicidio, que no fue un acto espontáneo.
En la investigación se conoció que Pecci y su esposa, Claudia Aguilera, fueron cuidadosamente seguidos durante varios días, desde su llegada al país.
Desde el pasado 10 de diciembre, los familiares del fiscal paraguayo Marcelo Pecci están a la espera de una respuesta por parte del juzgado 46 administrativo de Bogotá, frente a la demanda que presentaron en contra de la Nación, representada en el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
Lo más leído
Esto después que se corrigiera la acción judicial que pide una reparación por los “perjuicios inmateriales (daño moral, daño a la salud y daños a bienes convencional y/o constitucionalmente amparados) y materiales” que provocaron el asesinato del fiscal Pecci, quien fue atacado por sicarios cuando se encontraba en la isla de Barú, el 10 de mayo de 2022.
Los abogados de la familia Pecci pidieron revisar el caso luego de que la demanda fuera inadmitida por el juzgado, al considerar que no cumplía los requisitos exigidos por la legislación colombiana.
SEMANA conoció apartes de la demanda que advierte que las autoridades colombianas incurrieron en omisiones para proteger la vida de Pecci, quien ya había recibido amenazas por parte de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
En la acción judicial de 174 páginas, firmada por el abogado Andrés Mauricio Briceño Chaves, se indica que estas omisiones permitieron que los sicarios realizaran continuos seguimientos a Pecci y su esposa en el hotel en el que se encontraban en Cartagena, y después, hasta la isla de Barú.
