SEMANA conoció la denuncia completa que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ordenó trasladar a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, después de que se enteró de la grave red de corrupción que estaría funcionando al interior de su cartera para vender los certificados que habilitan la producción y comercialización de sustancias químicas controladas, muchas de ellas utilizadas por grupos criminales para la producción de cocaína.
El caso salpica a Francisco Javier Cruz Castellanos, subdirector de Control y Fiscalización encargado, y a Enrique Corzo, quien, según documentos del Ministerio de Justicia, era el coordinador del Grupo de Sustancias Químicas de esa cartera.
La denuncia llegó por medio de Julio Roberto Avella, el representante legal de una de las mayores productoras de tíner en Colombia, quien terminó alertando una serie de irregularidades que tuvo que vivir mientras intentaba obtener ese certificado para la operación de su empresa.
Avella relató en su denuncia que intentó renovar dicho certificado a finales de 2024, pero varias movidas terminaron dejándolos sin la resolución y con la empresa cerrada, afectando a los empleados, la producción de la compañía y vulnerando “el derecho al trabajo”.
“Detrás de estas actuaciones, yo diría más que errónea, amañada de la normatividad, pues la norma es clara y, sin embargo, ha venido buscando normas o buscando cómo acomodar las circunstancias a sus razones, están evidenciando que lo único que (…) se busca es que nuestra empresa esté inactiva”, relató el denunciante.
El representante legal de la empresa también narró que desde noviembre del año pasado se acercó a la ventanilla de la Subdirección de Control, donde fue atendido por una funcionaria identificada como María Teresa Sepúlveda, quien le habría pedido varias sumas de dinero para destrabar su trámite.
Julio Roberto Avella detalló: “El 16 de noviembre le consignamos, además, $400.000, es decir, que estábamos completando $500.000 ese mismo día, en dos consignaciones. La tercera consignación se le hizo el 24 de enero por $400.000. El 18 de febrero se le consignaron $400.000 más, todo porque, pues ella pedía, siempre decía que tenía dificultades”.
Después explicó en su testimonio: “El 24 de enero entonces le consignamos $400.000, el 18 de febrero volvió a solicitar $400.000, el 27 de febrero, pidió $100.000 más, el 3 de marzo pidió otros $200.000. Siempre tenía excusas, que es que el jurista que lo tiene”.
Pero la cosa no paró allí, pues según el documento en poder de la Fiscalía, la mujer solicitó $1.000.000 más para “el abogado que tiene su caso”, pero el representante de la empresa se negó porque “sabíamos que nos iban a seguir pidiendo dinero y no sabemos en realidad para quién iban y desconocemos los nombres; sabemos las personas que están firmando los actos amañados que sin ningún fundamento jurídico han venido tratando de darle connotación jurídica y, sin embargo, no sabemos quién esté detrás”.
El denunciante también confirmó que esa funcionaria les mencionó que “alguien podría estar pagando para que no nos expidiera nuestro certificado a tiempo”, y hasta les confirmó que su contacto dentro de la oficina de Subdirección era “el ingeniero Enrique Corzo”, quien habría estado al frente de la coordinación del Grupo de Sustancias Químicas.
Avella llamó la atención en que, al ingresar a la diligencia en la que confesó toda esta situación, vio “reunida en la portería con el subdirector y con una carpeta en la mano, no sabemos si de algún cliente o de varios clientes o de quién (…) la encontramos reunida con el subdirector de Control y Fiscalización encargado, el doctor Francisco Cruz, Francisco Javier Cruz”.
Toda esta información llegó al despacho de César Augusto Roa, jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Justicia, quien remitió la información el pasado 29 de octubre a la Fiscalía para que investiguen a los tres presuntos involucrados: Francisco Javier Cruz, Enrique Corzo y María Teresa Sepúlveda.
El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, volvió a poner en conocimiento esta situación, luego de que el pasado 17 de diciembre le enviara un oficio a la fiscal Luz Adriana Camargo y al procurador Gregorio Eljach, sobre la red de corrupción que estaría operando al interior del Ministerio de Justicia.
