Thomas Greg & Sons y la cancillería acuerdan suspender la demanda por el escándalo de los pasaportes en la que se juegan 117 mil millones de pesos

Por 60 días quedó congelado el estudio de la millonaria demanda presentada por la multinacional Thomas Greg & Sons en contra del Estado colombiano, representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Así lo determinó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca este jueves, al atender las peticiones presentadas por las dos partes.

Debido a esto, el despacho de la magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada decretó la suspensión del presente proceso “por el término de 60 días hábiles, plazo que correrá desde el 4 de octubre de 2024 hasta el 23 de enero de 2025″.

En la millonaria demanda, Thomas Greg pide una indemnización de 117 mil millones de pesos por los daños y perjuicios causados por la decisión del Fondo Rotatorio del Ministerio de declarar desierto el proceso licitatorio para la adjudicación del contrato para la emisión de visas y pasaportes.

En la determinación se tuvo en cuenta que la petición fue de “común acuerdo” por parte de las dos partes.

El estudio de la demanda de la multinacional ya había sido suspendido por un mes mientras se allegaba el concepto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

El pasado 9 de septiembre, la entidad allegó su concepto pidiendo que se rechazaran las pretensiones de la millonaria demanda, dándole un espaldarazo a la decisión del entonces canciller Álvaro Leyva Durán para declarar desierto el proceso.

“La decisión de declarar desierta la Licitación Pública 011 de 2023 se ajusta al marco legal, considerando que los requisitos habilitantes y de ponderación incluidos en el pliego de condiciones impedían la selección objetiva”, explicó el director de la Agencia, César Palomino Cortés, en rueda de prensa.

En esa oportunidad aseguró que la licitación había estado marcada por varias irregularidades en la reparación del pliego de condiciones que se presentó para la licitación del billonario contrato.

Sin embargo, al hacer una revisión minuciosa se encontró que estaba dirigido a un solo oferente, lo que afectaba los principios de licitación pública.

Alexandra Forero, apoderada de la Agencia Nacional, explicó también que la licitación fijaba una serie de puntos adicionales a los oferentes que cumplieran unos requisitos. Tras revisar se encontró que todas estas adiciones únicamente beneficiaban a Thomas Greg.

“La Agencia encontró que en este caso se daban circunstancias que impedían la selección objetiva, que se habían establecido requisitos técnicos que restringían una libre concurrencia de todos los oferentes en este proceso”, explicó la funcionaria de la Agencia.

La primera irregularidad que encontraron es que en la licitación se establecía la entrega de muestras de libretas de pasaportes “en contravía de las recomendaciones que había dado la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) (...) que indicó que esto no era una práctica común, pues este requisito únicamente lo cumplía el proveedor actual”.

En el análisis del caso se encontró que era “casi imposible” que “un oferente nuevo pudiera tener acceso a esas muestras. En este caso este requisito impedía que otros interesados hicieran parte de este proceso”.

En otro de los apartes de la licitación se fijaron dos requisitos que restringían la libre competencia. “El primero de ellos era que se exigía dentro del proceso que el oferente demostrara que tuviera una planta de producción de pasaportes en Colombia. Y no solo esto se daba un puntaje diferencial teniendo en cuenta la ubicación geográfica que tuviera esta planta, privilegiando la ubicación en Bogotá con 200 puntos”.

El único oferente que cumplía con esta indicación era Thomas Greg. “Un segundo requisito es que tuviera una planta de contingencia, es decir, fuera del territorio nacional para mitigar cualquier posible afectación que se diera en la planta de pasaportes. (...) Como situación muy extraña se estableció que había un mayor puntaje para el oferente que pudiera acreditar una planta en Norteamérica, incluyendo Estados Unidos, Canadá o México. Se daba un puntaje inferior en Europa o América Latina. Era muy difícil, sin contar una ejecución actual, con una planta de contingencia”.

El pasado 2 de agosto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había anunciado “una sentencia anticipada” en esta millonaria demanda.