Exclusivo: así se estarían perdiendo miles de millones de pesos en el Comando de Ingenieros, la joya de la corona del Ejército. Hay generales activos salpicados

una cascada de denuncias que reposa en los entes de control y de justicia alerta sobre graves hechos de presunta corrupción en la joya de la corona del Ejército: el Comando de Ingenieros (Coing).

Según documentos y auditorías en poder de SEMANA, que estaban engavetados, la plata en el Comando de Ingenieros se estaría perdiendo a chorros. Las presuntas irregularidades están en contratos que van desde pequeños montos hasta cifras millonarias en licitaciones que superan los 20.000 millones de pesos. Lo más grave es que quienes han investigado los hechos de presunta corrupción, que han levantado ampolla, han sido retirados por atreverse a investigar, y los presuntos responsables se han mantenido firmes en la institución e incluso han sido “premiados”, siendo ubicados en importantes cargos.

Las alertas han tocado las puertas de la Casa de Nariño. Allí se han advertido las falencias del Ejército al contratar particularmente con una matriz de 17 empresas. Algunas de ellas no forman parte del registro único de prestadores de servicios públicos (Rups), tienen conflictos de intereses o, incluso, hay representantes legales con antecedentes de narcotráfico en el exterior, entre otras irregularidades.

SEMANA tiene en su poder decenas de documentos en los que se advierten las graves conductas y hasta se recomienda el llamamiento a calificar servicios de dos generales, con nombre propio, sin que a la fecha se conozcan decisiones de fondo en las investigaciones.

En uno de los informes, fechado el pasado 10 de febrero, con el radicado 2959723, bajo la misión de trabajo 090/2024, la Inspección General del Comando de las Fuerzas Militares pedía evaluar la “presunta responsabilidad” del director de la Escuela Militar de Cadetes (para 2023), general Luis Fernando Salgado, quien “presuntamente omitió cumplir sus funciones asociadas al liderazgo, mando, control y seguimiento de las novedades”, lo que serían graves hechos de corrupción.

Pese a las serias advertencias contenidas en el extenso documento, el general Salgado fue nombrado comandante de la Sexta División del Ejército el 21 de noviembre de 2024, dejándolo como responsable de más de 14.000 hombres de la fuerza pública en las conflictivas regiones de Caquetá, Amazonas, Putumayo y la Bota Caucana.

En el mismo documento, el 723, el entonces inspector del Ejército, el mayor general Hernando Garzón Rey, le pide al comandante del Ejército evaluar el retiro por llamamiento a calificar servicios, por presunto incumplimiento de sus funciones “asociadas al liderazgo, mando y control”, al general Jorge Ricardo Hernández Vargas. Tal como ocurrió con el general Salgado, no se acogió la recomendación del informe del inspector general y se nombró a Hernández Vargas como comandante de la Décima Brigada de Valledupar.

La inspección pedía evaluar la salida de los dos generales por los graves hechos que se presentaron con la contratación de obras de infraestructura en Tolemaida, de un proyecto conocido como Bonaca, el cual empezó con un costo de un poco más de 3.000 millones de pesos. Hasta el momento se han pagado más de 12.000 millones de pesos y las obras aún no han sido terminadas, confirmó el propio Ejército.

La situación en el Comando de Ingenieros es tan delicada que, bajo el radicado 25582, ya existe una denuncia en la Fiscalía en la que se le pide al ente acusador que investigue lo que sería una red criminal de corrupción en el Ejército, en la cual estarían involucrados generales activos, oficiales y suboficiales.

“Requiriéndose para su configuración la existencia de un plan concertado, la asignación de roles específicos y la permanencia en el tiempo de la organización”, señala la denuncia que cursa en la Fiscalía. SEMANA habló con oficiales activos del Comando de Ingenieros, quienes pidieron reserva de su identidad y confirmaron la grave situación.

Los uniformados indicaron que en el Comando de Ingenieros se les venden los pliegos de los contratos a los contratistas por valores que oscilan entre 100 y 500 millones de pesos para que sepan con anterioridad cómo va a salir estructurado el contrato y puedan obtener ventaja sobre sus competidores.

Otra presunta irregularidad se presenta en el Cede 10, encargado de estructurar, diseñar, planear y proyectar el presupuesto de los contratos que luego deben ser ejecutados por las Cenac (Centrales Administrativas Contables).

Los oficiales que hablaron con SEMANA reconocieron que allí es donde nace la cadena de corrupción. Señalaron que, de manera intencional, en el Cede 10 se estructuran los proyectos con faltantes o deficiencias para que, después de adjudicados los contratos por las Cenac, deban hacerse millonarias adiciones presupuestales a los contratistas.

Los testimonios de las fuentes militares con las que habló SEMANA sobre la falta de planeación en el Comando de Ingenieros fueron corroborados por varios informes técnicos. Uno de estos es la interventoría que hizo la Contraloría General de la República a 12 contratos del Comando de Ingenieros por un valor cercano a los 20.000 millones de pesos.

El documento de la Contraloría es alarmante. Muestra cómo, por las fallas, una gestión ineficaz e ineficiente, inconsistencia en la información de los recursos asignados y falta de idoneidad, entre otros, “se configuran daños al patrimonio del Estado”. Incluso el órgano de control reportó que su labor como ente fiscalizador se vio entorpecida por las irregularidades en el Comando de Ingenieros del Ejército.

“La labor de vigilancia fiscal en el desarrollo de la auditoría de cumplimiento se afectó por el desorden administrativo que existe en las dependencias ejecutoras del Ejército, particularmente la Cenac de Ingenieros”, dice el informe reservado en poder de SEMANA.

El informe al que hizo referencia la Contraloría es una auditoría ejecutada durante 2023 y entregada al comandante del Ejército en 2024. Pero para comprobar cómo funciona el presunto mecanismo de corrupción en el Comando de Ingenieros, que estaría camuflado en el desorden administrativo, SEMANA conoció y estudió varios de los casos documentados.

El primero de ellos tiene que ver con el uso inadecuado de la figura de emergencia sanitaria para contratar obras que no cobijan dicha caracterización y que sería el mecanismo para saltarse la Ley 80 de contratación pública y entregar a dedo los contratos, una estrategia similar a la que se ha dado en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Amparados en la figura de “emergencia”, viabilizan rápidamente los recursos sin los controles habituales. A la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, a la Fiscalía y a la propia Inspección del Ejército han llegado alertas de “presuntos hechos de corrupción en los predios Bonaca y Tolemaida”. En la auditoría que hicieron las propias Fuerzas Militares se encontraron cinco hallazgos negativos, cinco hallazgos más que ameritan investigaciones y ocho recomendaciones.

¿Qué pasó?

La Escuela Militar General José María Córdova dispuso de los recursos del Fondo Interno para que fueran ejecutados por el Comando de Ingenieros –según los documentos de las auditorías– y se contrató a una empresa bajo el mecanismo de emergencia sanitaria con el objeto de ejecutar obras de saneamiento ambiental. La contratación se hacía necesaria por unos requerimientos que había hecho la CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) al Ejército. El Comando de Ingenieros estipuló las obras en 3.332 millones de pesos.

De acuerdo con los propios documentos del Ejército, el Comando de Ingenieros terminó pagando más de 12.000 millones de pesos discriminados de la siguiente manera: Bonaca-Mesa Baja, 4.252 millones, 5.619 millones y 2.180 millones.

Lo grave del asunto es que en un informe del entonces inspector de las Fuerzas Militares, el mayor general Guillermo Castellanos, al comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, le reporta que “referente a la comprobación de campo, se observaron obras inconclusas e ítems diseñados y presupuestos sin construir (...), el proyecto carece de soportes técnicos (...) lo que conllevó al menoscabo e ineficaz gestión fiscal, considerando que se pagó la totalidad de los recursos objeto del contrato”.

Las presuntas irregularidades fueron tan graves en el contrato que Raúl Alfonso Gutiérrez, secretario general del Ministerio de Defensa, radicó denuncia con fecha del 19 de febrero de 2025 al despacho de la fiscal Luz Adriana Camargo para que investigue presuntos delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, defraudación o evasión tributaria.

Por su parte, el informe de 51 páginas de la inspección ejecutada por el general Hernando Garzón Rey advierte que allí se cometieron presuntamente delitos de peculado y concusión.

“Aparentemente los recursos se emplearon, por autorización de quien fungía como director de la Escuela para la época de los hechos (general Luis Fernando Salgado), con fines diferentes a los de su naturaleza”, dice el informe de la propia Inspección del Ejército.

Entre las conclusiones encontradas en la auditoría al contrato a cargo del Comando de Ingenieros están: inobservancia a los principios de la administración pública y contratación estatal, presunta celebración indebida de contratos, afectación del principio de planeación, ambigüedad de los criterios técnicos, falta de control y seguimiento por parte del Coing, entre otros. Sobre este caso, SEMANA consultó al Ejército. La institución indicó que no se referirá a estos delicados hechos, al encontrarse en etapa de investigación por parte de las autoridades competentes.

Otro de los casos es el del Aeródromo Buenavista-La Guajira, en donde la Contraloría advirtió de un presunto daño al patrimonio de los colombianos por cuenta del Comando de Ingenieros superior a los 19.000 millones de pesos. Según la Contraloría, hubo falta de planeación y existió una mala calidad del pavimento.

La pista constituye para el Ejército un punto de lanzamiento de operaciones estratégicas, lo que contrasta con lo que dice la Contraloría, que advierte que los problemas en el proyecto y el posible detrimento superior a los 19.000 millones fue por “fallas del proceso constructivo, calidad de los materiales implementados, falta de control en el recibo de los materiales, entre otros”.

El proyecto de la pista se inició en 2022, en 2023 se concluyó, pero, según el propio Ejército, la División de Asalto Aéreo (Davaa) entregó un concepto a ojo en el que establecía que no se cumplían las condiciones técnicas para que las aeronaves pudieran aterrizar. Tras el cuestionable informe de la Davaa, la pista estuvo sin operar parte de 2023, todo 2024 y parte de 2025, por lo cual el Ejército terminó contratando a una empresa externa por un valor de 73 millones de pesos para que hiciera un informe técnico sobre la pista, que salió favorable, y por fin se pudo poner en funcionamiento.

Desde el Ejército reconocieron que no tienen explicación para el error que se cometió por parte de la Davaa al entregar un concepto hecho a ojo sobre un proyecto de tal envergadura. También desmintieron que haya daño patrimonial como lo denunció la Contraloría.

Otro de los posibles errores en la planificación del Comando de Ingenieros se habría dado en una contratación de 14.000 millones de pesos de un regimiento para las fuerzas especiales en Tolemaida, la edificación de un alojamiento para la tropa en Chapalito (Nariño) y la construcción de aulas en un batallón de entrenamiento de aviación también ubicado en Tolemaida.

Los contratos suman más de 14.000 millones de pesos y fueron firmados en mayo de 2023. A uno de ellos, en noviembre del mismo año, tuvieron que hacerle una adición de casi 2.000 millones de pesos porque no fueron incluidos los presupuestos para la cimentación. Desde el Ejército reconocieron que allí también se presentó un error humano.

En la auditoría de la Contraloría General de la República, que desencadenó algunas denuncias penales, como es el caso de Bonaca, que a la fecha no ha sido entregado, según el propio Ejército, el órgano de control es reiterativo en mencionar que los hallazgos que encontró se presentaron por una gestión fiscal ineficaz e ineficiente, “lo que generó faltantes de obra en contratos, mayores cantidades pagadas, precios superiores al mercado en insumos, materiales, equipos y herramientas”.

Pero la falta de planeación en las obras que contrata el Comando de Ingenieros y sus unidades adscritas no solamente es denunciada por la Contraloría General de la República.

SEMANA obtuvo documentos internos del Ejército en los que la misma institución reconoce las falencias en planeación, que estarían llevando a la pérdida de miles de millones o pueden estar quedando en manos de una presunta red de corrupción. En el documento 8333, del 14 de abril de 2025, el propio Ejército, en una inspección documental, encontró debilidades durante la etapa de planeación de uno de los contratos auditados.

“Se evidenciaron debilidades en la planeación de los proyectos, las cuales generaron traumatismos durante la ejecución de las obras nuevas y de los mantenimientos de las instalaciones”, indica el documento en poder de SEMANA.

¿Roscograma?

Llama poderosamente la atención sobre lo que viene ocurriendo en el Comando de Ingenieros: la pasividad en las investigaciones en la Inspección del Ejército, donde está el general Olveiro Pérez, cuestionado por sus conductas con militares, a quienes utiliza como personal de oficios varios para él y su esposa.

El actual inspector del Ejército está altamente cuestionado por usar a los integrantes de su esquema de seguridad para hacer algunos quehaceres, como comprar mercado, preparar desayuno, lavar ropa, barrer las instalaciones de su casa, labores que también tenían que cumplir bajo órdenes de la esposa del alto mando militar.

Pérez fue comandante de Ingenieros entre julio de 2021 y octubre de 2022, situación que, a ojos de algunos oficiales activos, le podría generar un conflicto de intereses, pues él sería juez y parte en las denuncias que lleguen sobre presunta corrupción durante su paso como comandante de Ingenieros.

El general Emilio Cardozo, actual comandante del Ejército, fue comandante de Ingenieros entre diciembre de 2015 y abril de 2019. Cardozo es cercano a Pérez, a quien defendió tras su llegada como inspector del Ejército.

Hay que mencionar que quien fue segundo comandante del Ejército, es decir, otro hombre de confianza del general Cardozo, también fue comandante de Ingenieros. Se trata del general Ómar Sepúlveda, quien estuvo en dicha unidad entre abril de 2019 y julio de 2021. Sepúlveda fue retirado del Ejército este año.

Para 2022 y 2023, el comandante de Ingenieros fue el general Jorge Ricardo Hernández Vargas, el mismo que la inspección del Ejército pedía evaluar su salida de la institución militar mediante el llamamiento a calificar servicios. Por el contrario, hoy tiene el mando de la tropa en Valledupar.

Por último, se encuentra el general Ricardo Heriberto Roque, quien recibió la unidad de Ingenieros desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025. El caso del general Roque, pese a que había sonado para ascender a mayor general en octubre, en noviembre su nombre no estuvo en el listado oficial para ascender.

SEMANA conoció que la Presidencia de la República, en un hecho atípico, expidió el decreto 1281 de 25 de noviembre, en el que se ordena el ascenso del general Roque al grado de mayor general, previa aprobación del Senado de la República.

Está también el caso de la general Martha Rocío David Bastidas, quien fue directora del Cede 10 del Ejército entre 2022 y 2023 y actualmente es la directora del Comando de Adquisiciones del Ejército, que se encarga de gestionar la compra de bienes y servicios del Ejército. Cardozo, Sepúlveda, Pérez, Vargas y Roque son oficiales que pertenecen al arma de Ingenieros, y han sido comandantes de la unidad que hoy está bajo la lupa de las autoridades y los órganos de control.

SEMANA consultó con el general Emilio Cardozo, comandante del Ejército, frente a los casos de los generales Salgado y Vargas. Confirmó que hay investigaciones disciplinarias en curso, “dentro de las cuales es oportuno señalar que en esta última se encuentran vinculados al proceso como presuntos responsables los dos señores oficiales generales, entre otro personal militar (...)

Asimismo, se realizaron las respectivas compulsas de copias ante la Fiscalía General y la Justicia Penal Militar y Policial, con el fin de que se adelantaran las acciones judiciales que correspondan dentro del marco de sus competencias”.

Sobre un posible cartel de contratación que estaría pagando a altos mandos del Ejército por conocer información secreta de los procesos de contratación antes de que sean públicos, desde el Ejército negaron esa práctica corrupta e indicaron que es imposible que esto se pueda presentar. El Ejército delegó una comisión para hablar con SEMANA sobre sus procesos de contratación; sin embargo, no se refirieron a casos puntuales como el de Bonaca porque están en investigación.

Quienes ven un presunto despilfarro de recursos esperan que las investigaciones no se queden durmiendo el sueño de los justos en los entes judiciales y disciplinarios encargados de proteger el patrimonio de los colombianos.