Exclusivo: grave crisis en Medicina Legal. Hay alteración de pruebas, cadáveres descompuestos y malas condiciones laborales

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, adscrito a la Fiscalía, enfrenta una crisis silenciosa que podría afectar la administración de justicia en Colombia. SEMANA revela auditorías internas que alertan sobre posibles alteraciones de elementos probatorios, fotografías de la crítica gestión de los cadáveres y testimonios del calvario que viven los médicos que buscan secretos ocultos entre los difuntos.

Una investigación realizada por el Instituto en 2024, cuyos resultados se mantenían bajo reserva, documentó la presunta ocultación de evidencias físicas dentro de la entidad. Por ejemplo, en la sede de Cali, una de las ciudades del país más afectadas por la criminalidad, los peritos encontraron muestras de sangre y evidencias cruciales de los asesinatos, como cuerdas, cuchillos, guantes, restos óseos y ropa, sin cadena de custodia.

Así se registró el hallazgo en el documento al que accedió esta revista: “Ocultación de evidencias en el baño del área de patología. Se encontraron carpetas sin cadena de custodia de cadáver y muestras en nevera transitoria de morgue sin cadena de custodia. Se evidenció pérdida de la capacidad demostrativa de los EMP (elementos materiales probatorios), encontrándose muestras, como sangre, sin cadena de custodia ni cadena de frío, y evidencias clave sin la debida separación, identificación, embalaje o registro protocolario”.

Carlos Eduardo Valdés, exdirector de Medicina Legal, explicó que esta información es de máxima gravedad y configuraría un delito: “Nunca pensé que iba a escuchar esto. Lo que significa es que se daña un elemento de prueba que va a servir dentro de una investigación penal; es decir, se altera un elemento que va a fundamentar científicamente una verdad. Esto debe ser investigado por la Fiscalía y la Procuraduría. Aquí debería haber responsables porque es muy grave”.

La fiscal Luz Adriana Camargo fue alertada de la situación el pasado 29 de septiembre en un oficio que le remitió la Organización Sindical de Trabajadores del Instituto Nacional de Medicina Legal. En dicho documento también se le informó de la supuesta pérdida de evidencia física (cadáveres) y entrega de cuerpos en avanzado estado de descomposición, que “ha dado lugar a la materialización del daño antijurídico, afectando a la ciudadanía y al patrimonio público por demandas de reparación directa”.

La Organización le detalló a la fiscal Camargo que los cuerpos han terminado en esas condiciones, especialmente, en las sedes ubicadas en territorios de clima cálido donde la temperatura supera los 32 grados centígrados, como Cali, Barranquilla y Barrancabermeja, debido al daño de los sistemas de refrigeración y congelación, “como consecuencia de la falta de mantenimientos preventivos y correctivos”.

Una de las neveras en la capital del Valle del Cauca con varios cadáveres, cuyo medidor debería marcar entre 2 y 4 grados centígrados, ha reportado valores que superan hasta los 22 grados por sus fallas. En Santander, las mediciones han llegado hasta los 18 grados: “Los cadáveres se están cocinando, literalmente. El olor es insoportable, las moscas abundan, y nosotros debemos trabajar con esa situación. Nuestra salud también está corriendo riesgo, y la administración no presta atención a la crisis que hemos notificado hace varios meses”, le contó a SEMANA uno de los funcionarios, quien pidió omitir su identidad.

Lo mismo ocurre en Barrancabermeja, donde las temperaturas llegan hasta los 33 grados centígrados. Bajo esa sensación térmica, los médicos deben realizar necropsias sin la posibilidad de tener ventilación desde hace dos meses: “Hay fallas desde hace tiempo en el sistema de aire acondicionado. Nos dicen que no pueden repararlos ni reemplazarlos porque no hay recursos. Además del calor, los cadáveres se están descomponiendo muy rápido, el olor es terrible. Tenemos que entregar los cadáveres verdes, la gente nos reclama y no sabemos qué decir. Trabajamos en condiciones inhumanas”.

La sobreocupación de las neveras con los cuerpos es otro problema en varias sedes de Medicina Legal en Colombia. En fotografías conocidas por esta revista se ven difuntos acomodados en el piso, unos sobre otros, violando las normas del Instituto. Expertos en la materia describieron que cada uno de los cadáveres debe estar identificado, individualizado y ubicado en una posición definida para poder hacer su recuperación fácil, sea para entregarlo a su familia o para las gestiones propias del proceso judicial. Al analizar las imágenes, los especialistas manifestaron: “Esa situación de estar tirados y amontonados no cumple con los estándares”.

El exdirector Valdés reconoció que las imágenes que revela SEMANA son una muestra de la violación a la dignidad humana: “La dignidad no termina con la muerte. El cadáver necesita tratarse con dignidad. Es un irrespeto”. También identificó una gravedad en el registro fotográfico que tendría incidencia en el ámbito penal: “Los cadáveres son elementos materiales probatorios, y no hay cadena de custodia, no hay protección del elemento material probatorio”.

Las denuncias también llegaron al Ministerio del Trabajo. En diferentes cartas a las que accedió esta revista, se contaron las consecuencias para la salud de los empleados y el personal rotante del Instituto, que incluye no solo los problemas derivados de la exposición directa a los cadáveres, sino también dolores de cabeza, estrés, ansiedad y fatiga mental, causados “por las condiciones ambientales extremas y la constante confrontación con la muerte en un ambiente inadecuado. Además, se suman riesgos y factores irregulares de la infraestructura física que puedan causar lesiones musculoesqueléticas, así como la posibilidad de accidentes, como caídas, golpes, cortes de piel, etcétera, lo que sería muy grave en un ambiente tan malsano”.

En medio de la crisis que enfrenta Medicina Legal, SEMANA conoció que el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, recibió comunicaciones de los empleados de la entidad para que iniciara una auditoría especial con el fin de evaluar el proceso que dio lugar a la suscripción de 11 contratos proyectados en Bogotá, Bucaramanga y Norte de Santander, de los que sospechan presuntas irregularidades.

El Instituto Nacional de Medicina Legal, bajo el liderazgo del recién posesionado director, Ariel Emilio Cortés, le respondió a SEMANA que no hay denuncias por indicios de presunta corrupción en las contrataciones. Aseguró que las sospechas por posibles alteraciones en los elementos materiales probatorios están siendo investigadas por la Procuraduría y la Fiscalía por petición de la misma entidad.

Dijo que las fallas en los cuerpos fríos se están atendiendo, al igual que las denuncias por malas condiciones laborales, y la acumulación de los cadáveres responde a una crisis nacional que se está tratando de resolver con los mandatarios locales. Su equipo de trabajo manifestó que apenas tomó posesión en el cargo el pasado jueves 16 de octubre y está dispuesto a analizar con lupa cada una de las quejas.

Lo cierto es que dentro de la institución hay un profundo malestar por la baja asignación presupuestal, los reducidos salarios frente a otros funcionarios del área judicial, las malas condiciones para trabajar y el olvido de la Fiscalía General, pues debieron pasar más de cinco años para que la entidad tuviera un director en firme como doliente a fin de diseñar un plan de trabajo de largo aliento.