DENUNCIA
Exclusivo: SEMANA revela el demoledor informe de la Contraloría General que demuestra que las EPS intervenidas por Petro están hoy peor que antes
SEMANA revela un informe técnico de la Contraloría General de la República. Allí se evidencian datos preocupantes sobre cómo todas las EPS que el Gobierno intervino hoy están muchísimo peor que antes. En vilo, la salud de 30 millones de colombianos.
El chuchuchú es hoy una realidad. Así lo demuestra un detallado informe de la Contraloría General de la República, conocido en exclusiva por SEMANA, que recopiló con datos financieros la situación de las EPS en el país.
Las cifras son dramáticas y alarmantes. Y especialmente demuestran lo que muchos han venido advirtiendo: el arponazo que el Gobierno Petro le dio a estas entidades prestadoras de servicio de salud, por medio de las intervenciones forzosas de la Superintendencia Nacional de Salud, lejos de haber rescatado a esas entidades, las ha destruido por dentro.
El peligro es inminente. En manos del Gobierno Petro está la salud de 30 millones de afiliados, el 56,65 por ciento del total. Esa es la cifra de colombianos que hoy tienen la atención de sus enfermedades en EPS que están intervenidas y que maneja el Gobierno a su antojo.
Petro logró que su administración se hiciera al control de dos de las EPS más grandes y emblemáticas en su pelea por acabar estas entidades: la Nueva EPS (11.546.853 de afiliados) y Sanitas (5.819.205). Pero intervino muchas más: Coosalud, S.O.S., Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud EPS. Y heredó otras que ya estaban en esa situación: Emssanar, Capresoca y Dusakawi.
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La Contraloría de Carlos Hernán Rodríguez puso su lupa en los estados financieros certificados y dictaminados de las 29 EPS que hay hoy en el país. Y este examen matemático raja especialmente a las que están en manos del Gobierno.
“Las EPS intervenidas no cumplen con uno o más indicadores de condiciones financieras y de solvencia, lo que evidencia que su situación no ha mejorado luego de su intervención. Esta condición de las EPS intervenidas es preocupante, puesto que estas medidas buscan corregir las fallas financieras y administrativas, situación que hasta el momento en el desarrollo de este informe no se evidencia”, advierte la Contraloría.
El sistema de salud de los colombianos está en cuidados intensivos. Según el informe, solo 6 de las 29 EPS cumplen con las condiciones de habilitación financiera y de solvencia que se necesitan para operar.
En este grupo minoritario están: Salud Total, EPS Familiar de Colombia, Aliansalud, Comfaoriente, Salud Mía, Salud Bolívar. Entre todas tienen 5.695.755 afiliados, el 11,41 por ciento del total del país. De las EPS intervenidas, a cargo hoy del Gobierno, ninguna cumple estas condiciones. El informe de la Contraloría detalla tres indicadores en cada una de estas organizaciones: 1) Capital Mínimo, 2) Patrimonio Adecuado y 3) Reservas Técnicas.
Las EPS más grandes del país, Sanitas y Nueva EPS, ambas intervenidas, no cumplen ninguno de los tres. En el caso de Sanitas, la misma empresa advirtió la debacle que seguramente recibirán en unos días cuando les notifiquen formalmente el fallo de la Corte Constitucional, que la semana pasada anuló la intervención y obligó a devolver la entidad a sus dueños.
“Debería ser un día de alegría por el restablecimiento de la justicia, pero para nosotros es un día de duelo…Nos devolvieron lo que es nuestro, pero no nos devuelven intacta ni la estructura ni el alma de EPS Sanitas… Dejaron que el deterioro progresivo hiciera el trabajo sucio: romper por dentro lo que no pudieron desacreditar desde fuera”, aseguró el prestigioso jurista Juan David Riveros, abogado de Keralty, la matriz dueña de Sanitas.
La caja en rojo
Las cifras de la Contraloría alertan sobre la crítica situación de la mayoría de las entidades prestadoras de servicios de salud: “15 EPS no cumplen con el Capital Mínimo requerido, comprometiendo su capacidad de pago a sus prestadores. 14 EPS no cumplen con el indicador de Patrimonio Adecuado, poniendo en riesgo el uso eficiente de los recursos públicos, y 22 EPS no cumplen con la Inversión de sus Reservas Técnicas, afectando la garantía de la prestación de servicios de salud”.
EPS de gran reconocimiento como Compensar y Sura que, ahogadas por las circunstancias financieras, le pidieron al Gobierno devolver la operación, tienen cifras mejores.
Por ejemplo, Compensar, con 2.047.464 afiliados, cumple el indicador de capital mínimo y de patrimonio adecuado, pero no las reservas técnicas. Sura cumple el capital mínimo y las reservas técnicas, pero no el patrimonio adecuado. Los usuarios han sentido este tramacazo mejor que nadie. Y eso se ve en la disparada de las cifras de las peticiones, quejas y reclamos contra las EPS.
El informe detalla que “el volumen de PQR aumentó de 1.308.706 en 2023 a 1.614.622 en 2024, con un crecimiento porcentual del 23,2 por ciento, siendo Nueva EPS la que lidera con 323.682 PQR (22 por ciento) del total”.
Lo dramático de la situación es que esas quejas no tienen que ver, por regla general, con situaciones complejas o peticiones de tratamientos nuevos no cubiertos por los planes de salud, sino con servicios que antes se daban de manera más sencilla.
Según el informe, el 90 por ciento de estas peticiones se relaciona con barreras de acceso a tecnologías y servicios de salud, y las principales causas son la negación oportuna de citas médicas, las demoras en autorizaciones y la entrega de medicamentos. Y allí, a las entidades en las que el Gobierno Petro tiene el mando, también les va peor.
“Las EPS intervenidas tienen un porcentaje de PQR (45,33 por ciento) mayor que las EPS no intervenidas (40,91 por ciento)”, señala el estudio. En este frente, las tutelas, que es el último recurso que en muchos casos tienen los pacientes, se dispararon. En el año 2020, en plena pandemia, se interponían alrededor de 60.000 al año. Y en 2024, la cifra llegó a 175.025. La sola entrega de medicamentos es un capítulo de un sesudo análisis por parte de la Contraloría.
“En 2024, fueron radicadas facturas por 14,7 billones de pesos; aproximadamente el 15 por ciento del costo médico para los servicios prestados en el año. Las EPS a su vez realizaron pagos a facturas por aproximadamente 13,3 billones de pesos, equivalente al 90,32 por ciento del total radicado en la vigencia”.
Las quejas de los usuarios muestran que la mayoría de los reclamos al sistema están en la negación de medicamentos cubiertos con recursos de la UPC, 17,72 por ciento, es decir, 262.209 quejas, y un 1,06 por ciento, 15.703 de quejas, para medicamentos no cubiertos con la UPC”.
La cifras, comparadas con otras del sistema, no son tan catastróficas como para la situación que han vivido los colombianos por falta de acceso a estos productos.
Sin embargo, hay un dato que sí deja claro que quienes más pueden estar sufriendo son los usuarios de la Nueva EPS. De los 2,86 billones de pesos que reportan los operadores farmacéuticos en cuentas por pagar, la compañía les debe 1,4 billones.
El segundo es Sanitas con 0,5 billones de pesos. Otro aspecto preocupante tiene que ver con la deuda que tienen las EPS con centenares de instituciones que prestan los servicios de salud y que hoy también pasan aceite y llegan a puntos de inviabilidad financiera. Esa cifra es escandalosa: 32,9 billones de pesos. Y de este total, la mayoría, 24,4 billones, corresponden a las EPS intervenidas.
Nuevamente, tres de las EPS más grandes en manos del Gobierno encabezan el ranking, con números muy altos. Por ejemplo, la Nueva EPS adeuda 9,2 billones; Sanitas, 2,8 billones, y Famisanar, 2,8 billones. Le sigue una EPS no intervenida que es Salud Total, con 2,6 billones. Compensar debe 1 billón en promedio y Sura 1,9 billones.
En todo este panorama hay un caso especial y es la Nueva EPS, una empresa de economía mixta en la que las cajas de compensación son dueñas del 51 por ciento y el Estado del 49 por ciento. Como se recordará, el Gobierno Petro, en enero de 2024, hizo maromas para hacerse al control de la junta directiva y logró sacar al gerente que llevaba allí más de 10 años, José Fernando Cardona, para poner a uno de su misma línea, Aldo Cadena, quien había sido su secretario de Salud cuando fue alcalde de Bogotá.
Cadena, sin embargo, se separó de la línea de Petro y aseguró que, en efecto, la UPC (Unidad de Pago por Capitación) era insuficiente para gestionar el sistema de salud. Y a los pocos meses, en abril, el Gobierno decidió entonces intervenir forzosamente la entidad y poner al mando a un interventor.
Sin embargo, desde allí, la EPS en donde están la mayoría de los colombianos no ha sido transparente con su información: “Con más de 11,5 millones de afiliados, es la EPS más grande del país actualmente intervenida y no dispone de estados financieros certificados y dictaminados en firme para los años 2023 y 2024. Esta situación impide determinar su desempeño financiero y su gestión fiscal.
Adicionalmente, la entidad presenta un patrimonio negativo y un riesgo elevado de insolvencia, lo que representa una amenaza directa para la garantía de atención a sus afiliados en todo el territorio nacional”, advierte la Contraloría. Frente a las deudas, por ejemplo, la Contraloría hace un llamado muy serio.
“Es necesario resaltar que la Nueva EPS en las vigencias 2023 y 2024 utilizó como uno de los mecanismos de pago la figura de anticipos a prestadores y proveedores de servicios, reflejando que, al momento del pago, las cuentas médicas no contaban con la auditoría correspondiente”. La entidad dice que esto representa riesgos fiscales muy elevados.
La reforma a las malas
En el informe de la Contraloría, además, se prueba otra tesis que han sostenido los expertos. Y es que el Gobierno ha logrado implementar por la puerta de atrás no solo su chuchuchú, sino también la polémica reforma a la salud que el Congreso de la República hundió y que hoy la Casa de Nariño intenta revivir en el Parlamento. Como se sabe, la idea central del Gobierno Petro siempre ha sido eliminar el rol que hoy tienen las EPS como intermediarias del sistema de salud.
El chuchuchú es solo una parte de este propósito y, en términos sencillos, se refería a la inminente quiebra, debido al ahogo financiero, que vivirían estas entidades. Lo dijo el presidente Petro en una entrevista: “Dejo que pase lo que está pasando (risas) y entonces chuchuchú. Eso es un dominó y ni siquiera hay que demorar pago. Simplemente, EPS quebrada y los afiliados tienen que pasar a las que quedan y esa se cae”. La entonces ministra Carolina Corcho lo confirmó.
En una conversación con el médico italiano Federico Gelli, quien atendió al presidente en Italia cuando se contagió de covid, la funcionaria dijo: “Debe haber una crisis explícita clara que le permita a la sociedad entender que se necesita el cambio. Y que en medio de la crisis surja una alternativa”.
Las cifras de las EPS que revela el informe de la Contraloría dejan clara la crisis y cómo ha operado el efecto dominó. Pero también detalla otra parte más desconocida de lo que ha sido el descalabro del sistema. Se trata de la aplicación por la derecha de la reforma.
El Gobierno Petro ha venido eliminando el papel de las EPS, pues a través de la Adres implementó el pago directo. Esto, lo que quiere decir, es que la plata ya no llega a estas entidades, sino que se va directo a las clínicas y hospitales. ¿Cómo lo están haciendo? El informe de la Contraloría lo explica.
“El Gobierno nacional expidió el Decreto 489 de 2024, a través del cual estableció que el giro directo corresponderá al 80 por ciento de la asignación y será aplicable a las EPS que se encuentren en al menos uno de los siguientes aspectos: 1) Que la EPS no cumpla con el indicador de patrimonio adecuado. 2) Que la EPS se encuentre en medida de vigilancia especial o intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud. 3) Que la EPS se acoja de forma voluntaria al mecanismo de giro directo”.
Hoy, sea por el lado de las crisis financiera o por el lado de la intervención, casi que todo el panorama está dado para que se hagan esos giros. Las gráficas del informe de la Contraloría muestran cómo estos giros se dispararon en el Gobierno del presidente Petro.
“Los Giros Directos del Régimen Subsidiado ascendieron de 21,06 billones de pesos en 2023 a 28,6 billones en 2024, representando un incremento del 36,05 por ciento. Respecto al Régimen Contributivo, los Giros Directos pasaron de 1,04 billones en 2023 a 19,4 billones en 2024, representando un crecimiento del 1.754,08 por ciento”, sostiene el documento.
En total, el Gobierno giró de manera directa, según la Contraloría, 48 billones de pesos. Eso es casi la mitad del presupuesto de la salud en el país, que asciende a 94 billones. El problema de que esto sea así es grande. Cuando los giros son directos, la Adres no tiene que auditar al detalle las facturas, como sí lo harían las EPS, con lo cual el riesgo de corrupción puede aumentar ostensiblemente.
La Contraloría, sin embargo, sí deja claro que el modelo como viene no es sostenible. La entidad da un dato histórico. “Desde la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, han sido autorizadas 157 EPS, actualmente solo 29 EPS continúan operando. Las restantes han sido liquidadas o se encuentran en proceso de liquidación, lo cual refleja la fragilidad del modelo”.
Pero pone los ojos especialmente en esas 9 EPS que hoy están intervenidas, porque el Estado, al no haber “logrado resolver los problemas financieros de las EPS, pone en riesgo la atención a sus usuarios”.
Además, advierte que “la Superintendencia no ha exigido a los interventores las acciones que permitan lograr la estabilidad operacional, lo que ha agudizado la crisis prestacional y financiera, afectando la calidad del servicio de salud a la población afiliada. Como consecuencia de lo anterior, se evidencia una inestabilidad progresiva del modelo de aseguramiento”.
El botín de la salud sigue siendo uno de los más grandes del Estado y en un año electoral no es nada despreciable. El costo total de servicios sumó aproximadamente 94 billones de pesos para 2024. El país tiene la obligación de resguardar este patrimonio.
