Exclusivo: SEMANA revela la colaboración de María Alejandra Benavides y Olmedo López. Tiemblan más de 40 congresistas y exministros de Petro

El escándalo por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías) tiene temblando a cerca de 40 congresistas, salpicados por presuntamente vender su conciencia a cambio de contratos y dinero en efectivo con el fin de que facilitaran el trámite de las reformas del Gobierno Petro.

Entre esas iniciativas están la pensional, la aprobación de empréstitos ante la banca internacional y permitir la elección del entonces secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, como magistrado de la Corte Constitucional.

A la lista de presuntos involucrados se suman exministros y altos funcionarios, quienes aparecen seriamente comprometidos en el escándalo de corrupción más grande del Gobierno Petro. SEMANA revela las negociaciones confidenciales que ha establecido la Fiscalía con los principales testigos de estos hechos, quienes relataron con nombre propio lo ocurrido, con datos exactos, lugares, fechas, montos, contratos, chats, videos, reuniones, acuerdos y detalles del denominado “cónclave”.

Luego de dos años de haber estallado el escándalo por el saqueo a la UNGRD, la Fiscalía tiene listos los acuerdos de colaboración de dos de los principales testigos e implicados en este escándalo: María Alejandra Benavides, exasistente del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, y Olmedo López, exdirector de la UNGRD.Los testigos se comprometieron a ir ante la Corte Suprema de Justicia y los tribunales a declarar, cara a cara, señalando a cada uno de los cerca de 40 implicados en este escándalo de corrupción, por su participación en los hechos.

Los documentos en poder de SEMANA son explosivos y cuentan en detalle cómo se realizaron los acuerdos corruptos, pagados con miles de millones de pesos del erario, a cambio de apoyar sin restricciones al Gobierno Petro en el Congreso.

El primer documento es una carta fechada el pasado 17 de junio, rotulada como ‘Asunto: Compromiso para servir como testigo de cargo María Alejandra Benavides Soto’. A pie juntillas, el escrito advierte la obligación de señalar directamente a congresistas que son investigados ante la Corte Suprema de Justicia.

“A fin de consolidar un principio de oportunidad en el marco del cual se ha planteado el compromiso de servir como testigo de cargo contra otros involucrados en el entramado de corrupción objeto de esta investigación (Invías), bajo el tenor del artículo 324 numeral 5 de la Ley 906 de 2004, le informo una síntesis del señalamiento que la mencionada aspirante realizó contra aforados constitucionales investigados (congresistas) por su despacho para que se sirva informar a esta Fiscalía lo más pronto posible si es de interés de su despacho que el aspirante se comprometa en el marco de dicho principio de oportunidad a rendir testimonio en la Corte Suprema de Justicia”, señala la carta conocida en exclusiva por SEMANA, dirigida al magistrado Marco Antonio Rueda, quien lleva la investigación por este caso.

La lista de Benavides señala con nombre propio a 28 congresistas. Solo en la Cámara de Representantes están Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez Nieto, Katherine Miranda Peña, Wilmer Carrillo Mendoza, Daniel Restrepo Carmona, Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Wilmer Jair Castellanos Hernández, Silvio José Carrasquilla, Álvaro Henry Monedero Rivera, Elkin Rodolfo Ospina, Wilder Iberson Escobar Ortiz, Milene Jarava Díaz, Sandra Viviana Aristizábal Saleg, Kelyn Johanna González Duarte, Juliana Aray Franco, Néstor Leonardo Rico y Wilmer Yesid Guerrero Avendaño.

Las acusaciones están reseñadas en una tabla que entregó la testigo Benavides, en la que relaciona cada uno de los contratos que fueron asignados, y cuál era el congresista favorecido con las millonarias inversiones.

Así lo señala el documento: “Entregó una tabla con los negocios jurídicos que se tramitarían a través del Instituto Nacional de Vías, contentiva de la información acerca de los proyectos, como el municipio, el número del radicado, su valor y el nombre del congresista interesado. De igual manera, Benavides atestiguará que le suministró dicha tabla Juan José Oyuela, funcionario de Invías (director de operación y ejecución), con el propósito de coordinar tramitación de dichos contratos al interior del instituto”.

La explosiva lista entregada por la exasesora, ahora convertida en testigo estrella, también señala con nombre propio a ocho senadores: Juan Diego Echavarría Sánchez, Jairo Alberto Castellanos Serrano, Efraín José Cepeda Sarabia, Juan Carlos Garcés Rojas, Juan Pablo Gallo Maya, José Alfredo Gnecco Zuleta, Liliana Esther Bitar Castilla y Karina Espinosa Oliver.

En el documento, la Fiscalía le informa a la Corte Suprema que es de su resorte hacer cumplir el compromiso que asume la exasesora de Ricardo Bonilla, que podría tener inmunidad total por su colaboración.

“En prospectiva se ha de tener en cuenta que de estipularse tal compromiso en la respectiva acta de la aplicación del principio de oportunidad de la procesada, sería del resorte de la sala determinar su cumplimiento a efectos de que la Fiscalía General de la Nación valore en integridad el acatamiento de todos los compromisos adquiridos por la aspirante para dar lugar, si es del caso, a la renuncia de la persecución penal. De igual forma, informar el número de radicado que tuvieron los procesados con la finalidad de incluirlo en la matriz de colaboración”, se lee en la carta firmada por la fiscal que lidera la investigación, María Cristina Patiño.

La participación como testigo de Benavides es fundamental, pues terminó ejerciendo como una especie de notaria de la corrupción, ya que manejaba una tabla que heredó de Andrea Ramírez –otra asistente del exministro que por esos meses se encontraba en licencia de maternidad– en la que se detallaba cómo se repartía la “mermelada” en el Gobierno Petro.

Benavides, tan pronto se vio salpicada en el escándalo, decidió contarlo todo y argumentó que estaba cumpliendo las órdenes de su jefe, Ricardo Bonilla, de quien, desde el primer momento, dijo, entre lágrimas, que sabía de la corrupción y había dado la venia.

“Él me usó, él me usó, por el hecho de ser el ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar; él solo necesitaba sacar esto”, advertía en un audio revelado por SEMANA, en noviembre del año pasado, cuando Benavides tocó las puertas de la Fiscalía para iniciar la colaboración que se consolida con este documento y con la promesa de ratificar, esta vez ante los tribunales, la presunta responsabilidad de sus exjefes, Ricardo Bonilla, de quien lo sucedió como ministro de Hacienda, Diego Guevara, y la lista de congresistas que ya están siendo investigados en la Corte Suprema de Justicia. Ya Benavides firmó acuerdo de colaboración.

El Principio de Olmedo

Pero el compromiso de Benavides no es el único que tiene al Congreso y a altos funcionarios del Estado contra las cuerdas. Uno de los más importantes testigos de esta trama corrupta ya tiene listo el principio de oportunidad, y SEMANA también lo conoció en su totalidad.

Se trata del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien, con lo que ha contado hasta ahora, ya tiene a decenas de funcionarios respondiendo en los estrados. Ahora, con este acuerdo de colaboración, tendrá que ir y poner la cara en los procesos judiciales de cada uno de sus cómplices en el saqueo de la entidad.

El documento, de 108 páginas, rotulado como ‘Formato acta de compromiso y aplicación de principio de oportunidad por colaboración’, señala puntualmente a cada uno de los implicados y cuál fue su rol en la corrupción en la entidad.

Los cuestionamientos apuntan con firmeza a la Casa de Nariño, pues señala a los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco; de Hacienda, Ricardo Bonilla; al poderoso y prófugo exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, y a la hoy detenida exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, conocida en el escándalo como “la mensajera”.

En el caso de Bonilla, en el marco del evento “miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso de la República”, es claro en advertir que es la cabeza de los hechos corruptos.

“Declarará sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las que el entonces ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, valiéndose de su cargo, ordenó, supervisó, coordinó y lideró la estructuración y materialización de una operación ilegal encaminada a direccionar la contratación ilícita de la UNGRD con destino a congresistas, miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público”, es apenas la advertencia de la detallada colaboración.

“Con ocasión del trámite de operaciones de crédito público impulsadas por el Ministerio de Hacienda en las Comisiones Económicas del Congreso, el procesado relatará que Jaime Ramírez Cobo, enlace de la Presidencia, por instrucción de la entonces cabeza de esa cartera ministerial, Ricardo Bonilla, buscó contactarlo con el fin de indagar el estado de una serie de contratos, a cuya gestión estaba ligada la suerte de las operaciones de crédito público de la Nación”, se lee en el principio de oportunidad.

Y viene el oscuro convenio que tendrá que detallar Olmedo López: “El asunto se trataba de un acuerdo al que había llegado el ministro de Hacienda Bonilla y los miembros de la Comisión de Crédito Público del Congreso para obtener un concepto sobre las operaciones en cuestión; concertó una reunión con el ministro a fin de profundizar sobre el asunto, la cual tuvo lugar el 15 de diciembre de 2023 en el despacho de dicho ministro”.

Olmedo López también señala a la otra protagonista de esta historia, María Alejandra Benavides, lo que refleja una evidente coincidencia. “Sobre la aludida reunión, señalará que Benavides, por instrucción del ministro, le expuso que existía un acuerdo por cumplir a un grupo de parlamentarios de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, consistente en el direccionamiento de contratos de la UNGRD por un valor aproximado a 92.000 millones de pesos y cuyos lugares de ejecución serían los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca; y Carmen de Bolívar, Bolívar”, advierte la colaboración.

Según el principio de oportunidad, Olmedo López, además, contará de la reunión en la que preguntó por el congresista encargado de tramitar los contratos en nombre de sus colegas de la Comisión de Crédito, que en principio era la representante de curules de paz, Karen Manrique, pero el mismo ministro Bonilla cambió de opinión y puso en ese rol a Wadith Manzur.

“Igualmente, señalará (Olmedo López) que en medio de la conversación, habría fijado el monto de los contratos que serían adjudicados y Bonilla le advirtió que restado ese valor, le quedaban a él 200.000 millones de pesos más para disponer dentro del presupuesto de la UNGRD”, señala el documento.

En ese momento, se lee en la colaboración, quedaron como encargados de tramitar los contratos corruptos el exsubdirector de la UNGRD y también testigo en el caso, Sneyder Pinilla, y María Alejandra Benavides. Olmedo López también se referirá a la denominada “prueba reina”, una libreta con apuntes de puño y letra de la representante Manrique. En ella quedan los nombres de sus colegas Wadith Manzur, Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo, como beneficiarios del acuerdo corrupto.

El exministro Velasco

Cuando estalló este escándalo de la UNGRD, el exministro Velasco reaccionó con vehemencia, negando cualquier tipo de relación, incluso, a voz en cuello, en una plenaria del Congreso. Se defendió pidiendo que levantara la mano el congresista al que él le hubiera ofrecido un contrato. Un planteamiento inverosímil, pues no había la más mínima posibilidad que uno solo de los presentes se inculpara.

La molestia de Velasco se haría agua con el principio de oportunidad de Olmedo López, firmado el 18 de junio. En el papel no hay dudas sobre la supuesta responsabilidad de Velasco en la compra de congresistas con dinero y contratos de la UNGRD.

“Declarará sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, valiéndose de su cargo y posición política, ordenó, supervisó, coordinó y lideró, en conjunto con otros altos funcionarios del Gobierno, la estructuración y materialización de una operación ilegal de entrega de dádivas, producto de la contratación ilícita de la UNGRD, con destino a congresistas”, dice el documento que compromete a Velasco.

Justamente, el “cónclave” del 27 de noviembre de 2023, como lo bautizó el mismo Olmedo López, habría sido el momento en el que Velasco habría sacado a relucir su experiencia como excongresista y expresidente del Senado para establecer, al parecer, las oscuras negociaciones.

El encuentro “convocado por Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, en el que participaron, entre otros, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, ministro del Interior (…) quien explicó y puso de presente la línea de actuación que se estaba siguiendo, y que se debía seguir, para lograr sacar adelante los proyectos de ley en iniciativas del Gobierno en el Congreso, consistente en realizar negociaciones y acuerdos con los legisladores en punto al monto que por concepto de contratos se les otorgaría por sus votos”.

Según la versión de Olmedo López, el exministro de Interior era muy bueno para transar. “Las negociaciones que Velasco estaba adelantando en el órgano bicameral (Congreso) para reducir la suma de 80.000 millones de pesos en contratos propuesta por algunos congresistas, a 35.000 millones de pesos, contrapropuesta realizada por el Ministro”.

Pero ese no es el único lío de Velasco, además, tendría una negociación particular con el senador de la Comisión Primera, Julio Elías Chagüi, quien, al parecer, también representaba a colegas de esta célula legislativa. Un asunto que tiene lógica, así como Bonilla tenía que entenderse con la Comisión de Crédito, es natural que las relaciones del MinInterior se centren en la Primera.

“El entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le ordenó (a Olmedo) ilícitamente realizar las gestiones necesarias para materializar un acuerdo al que había llegado con miembros de la Comisión Primera del Senado, cuya vocería o representación recaía sobre el senador Chagüi Flórez, consistente en el intercambio de votos favorables a los proyectos de ley e iniciativas del Gobierno por la adjudicación de contratos de la UNGRD en su beneficio, por un valor aproximado de 35.000 millones”, se lee en el documento.

La participación de Chagüi se cruza con la colaboración de María Alejandra Benavides, quien presentó los chats con el senador en los que se adelanta la entrega de contratos. Cuando explotó el escándalo, descaradamente le plantea buscar la forma de justificar sus continuas visitas al Ministerio de Hacienda.

Name y Calle

En su colaboración, Olmedo López se compromete a ratificar la participación de los expresidentes del Senado Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, a quienes les habrían entregado 4.000 millones de pesos en efectivo, y que ya los tiene en la cárcel como los primeros congresistas capturados por este escándalo.

Name habría recibido 3.000 millones de pesos de manos de la consejera Sandra Ortiz, y no solo comprometían el trámite de proyectos; además, se habría agendado la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, tal como lo reveló SEMANA. Calle, por su parte, habría recibido 1.000 millones de manos de Sneyder Pinilla en su apartamento, en Montería.

En este caso hay una testigo pendiente de ser escuchada por la Fiscalía, y es “la mensajera” Sandra Ortiz, quien ha ratificado su participación en la entrega del dinero y ha aportado información clave del escándalo, pero las puertas de una negociación, hasta el momento, parecen cerradas.

Una polémica reparación

En el extenso documento de colaboración del exdirector de Olmedo López, hay un aparte especial destinado a la reparación con la que se compromete el exfuncionario y que genera cuestionamientos.

A la devolución de dinero, que se transó en 724 millones de pesos, se suma una reparación simbólica que, ante la gravedad de los hechos, resulta polémica. “Capacitación en procesos colectivos de emprendimiento: se llevarán a cabo talleres y programas formativos dirigidos a la población campesina en La Guajira, con el fin de fortalecer sus capacidades económicas, promoviendo modelos productivos autosostenibles y el acceso a mercados”, dice la primera propuesta de reparación integral.

Se suma el “fomento de ingresos rurales”, sobre el cual la propuesta advierte que “a través de estrategias de asociatividad y emprendimiento comunitario, que permita incrementar las oportunidades económicas de las comunidades rurales, permitiéndoles mejorar sus condiciones de vida y reducir su exposición a riesgos derivados de la pobreza extrema”.

Olmedo López plantea, “desde su conocimiento y experiencia”, brindar asistencia técnica en la estructuración de modelos de negocio viables y sostenibles en el tiempo y todo lo cerrará con una solicitud de disculpas públicas.

SEMANA se comunicó con José Moreno, abogado de López, para preguntarle por la polémica reparación integral, y la defendió. “El caso de Olmedo es uno de los ejemplos más elocuentes de cómo el principio de oportunidad puede ser una herramienta de lucha contra la impunidad. Su colaboración con la justicia no ha sido retórica ni selectiva: ha sido profunda, estructurada y valiente”.

Agregó que “su compromiso va más allá del componente económico. Ha pedido perdón públicamente al país y, de manera especial, a las comunidades indígenas golpeadas por la corrupción. Se ha comprometido a impulsar procesos de restauración del tejido social con esas mismas comunidades, reconociendo que el daño causado no se mide solo en cifras, sino en confianza perdida, en dolor comunitario, en ruptura de la dignidad colectiva”.

Sobre la reparación económica, en otro documento en poder de SEMANA, rotulado como ‘Formato acta de acuerdo’, de 28 páginas, se lee: “Acorde con los informes realizados por el investigador perito del CTI (...) la cuantía a reintegrar por el imputado Olmedo de Jesús López corresponde a la suma de 724.000.000 de pesos que corresponden al valor del incremento patrimonial fruto del delito de peculado por apropiación en favor propio y de terceros en concurso homogéneo en dos oportunidades”.

Las confesiones de Olmedo López y María Alejandra Benavides le van a permitir al país dimensionar, en toda su magnitud, uno de los peores escándalos de corrupción de los últimos años en Colombia.