“Existe el riesgo para una descertificación”: grave advertencia de William Brownfield. El exembajador explica lo que puede hacer el Gobierno Petro

SEMANA: Exembajador, usted regresó esta semana a Bogotá, la que fue su casa, después de muchos años. ¿Cómo se sintió?

William Brownfield: Me fui de Bogotá en lo que voy a llamar un punto de inflexión, cuando Colombia, como nación, cambió de ser un país de crisis casi permanente, de drogas, de guerrillas, de terrorismo, de economía, y se convirtió en un país que básicamente se está preparando y avanzando hacia el futuro en todos los aspectos. Y creo que Bogotá refleja esa realidad. Se puede ver una cantidad de construcción enorme en la ciudad, nuevos parques, desarrollo. Yo llegué en 2007 y, en ese momento, cerca del 80 por ciento de la ciudad era zona prohibida para los empleados de la Embajada de Estados Unidos por razones de seguridad. La diferencia entre este momento y hoy es increíble. Quizás ustedes no lo detecten, porque viven acá permanentemente. Pero, para una persona que se fue en 2010 y vuelve 15 años después, es notable.

SEMANA: Usted vino en representación del Wilson Center para compartir sus impresiones sobre un tema que asusta mucho a Colombia: la descertificación. ¿Vamos para allá?

W.B.: Tengo mucho orgullo de ser miembro y representar al Wilson Center acá en Colombia. La verdad es que es un centro que trabaja sin partidismo, y su afiliación con la fundación de prosperidad y libertad de Iván Duque representa otro elemento positivo de lo que hace y espera el Wilson Center en Colombia y en toda la región. La pregunta que me hace requiere y merece un poco de conversación. La realidad matemática, las cifras indican que en los últimos diez años hemos visto no un crecimiento, sino una explosión de cultivos de coca y producción de cocaína en Colombia.

No culpo a ningún Gobierno, no culpo a ningún presidente, pero admito la realidad de que se ve una producción mucho más grande que la demanda tradicional de Estados Unidos. Los cultivos han crecido entre 350 y 500 por ciento en los últimos diez años. Eso es histórico, sin precedentes. Y, en seis meses, por ley, el Gobierno de Estados Unidos tiene que tomar la decisión de la lista de países que deben enfrentar las cuestiones de las drogas ilícitas y quiénes han fallado en esa responsabilidad.

SEMANA: ¿Y cuál cree que será esa decisión?

W.B.: En mi opinión, existe el riesgo en este momento para una decisión de descertificación, pero también tenemos una oportunidad. Tenemos seis meses para pensar, porque la decisión debe tomarse en septiembre, en lo que pueden hacer ambos Gobiernos para reducir o minimizar la posibilidad de tal decisión. Sería una gran lástima. Esa es mi respuesta a una pregunta bastante complicada.

SEMANA: ¿Cuáles son los criterios con los que Estados Unidos evalúa a Colombia?

W.B.: La ley dice que hay que considerar como criterio el grado de colaboración. Por ejemplo, los esfuerzos para reducir los cultivos o la producción, o para procesar a los criminales arrestados o capturados ante un tribunal. Estamos hablando de una combinación de unos diez criterios. Pero también hay una cuestión discrecional del presidente de Estados Unidos, que puede decidir hasta qué punto se llega para cruzar la línea roja.

Ahora bien, si se toma la decisión de descertificar, también hay mecanismos para reducir el impacto. Existe un concepto en la ley que se llama national interest waiver, una excepción para el interés nacional. En otras palabras, decir que un país no llegó al nivel necesario para ser certificado, pero que es importante para el interés nacional de Estados Unidos no descertificarlo. Finalmente, también se evalúa el grado de comunicación y colaboración entre los Gobiernos.

Hay que saber que las instituciones colombianas y estadounidenses colaboran mutuamente, de fiscales a fiscales, Ejército a Ejército, Armada a Armada. Lo que digo es que debemos tener en cuenta esta posibilidad, dado el nuevo Gobierno de Estados Unidos, para hacer cosas que reduzcan la posibilidad de una decisión así. Este es mi mensaje.

SEMANA: Colombia se está rajando en varios criterios. ¿Usted, por ejemplo, ve voluntad para la erradicación?

W.B.: Voy a tener cuidado en esto, porque quiero decir que cada Gobierno tiene el derecho absoluto y soberano de decidir su política en términos de drogas. No cuestiono ni al Gobierno de Gustavo Petro ni a cualquier otro. Solo digo que, cuando la comunicación es fluida, la probabilidad de discrepancias se reduce enormemente.

SEMANA: El país tampoco está pasando el ítem de la comunicación fluida...

W.B.: Admito que tenemos en este momento, en Colombia y en Estados Unidos, dos presidentes que comunican con frecuencia en público directamente y de vez en cuando frontalmente. Y de vez en cuando, también, de manera que podría ser considerada como falta de respeto por ambas partes. Digo que es igual de parte de Estados Unidos como de parte de Colombia.

Creo que tenemos dos Gobiernos, dos países, dos pueblos y nosotros tenemos la responsabilidad de mantener la relación positiva. El Gobierno de Estados Unidos no puede ignorar lo que dice el presidente de Estados Unidos en público. El Gobierno de Colombia no puede ignorar lo que dice el presidente de Colombia en público, pero sí se puede trabajar para tratar de resolver las diferencias. Y, repito, tenemos seis meses para hacer eso.

SEMANA: Es obligatorio preguntarle por ese domingo oscuro en la historia de las relaciones con trinos que fueron y vinieron. ¿Quedó herida de muerte la relación?

W.B.: Soy exdiplomático y mis tendencias diplomáticas no terminaron en el momento de mi jubilación. No voy a criticar ni al presidente Petro por sus declaraciones públicas, ni voy a criticar al presidente Trump por lo mismo. Son realidades y personalidades, van a seguir produciendo esos momentos de choques públicos y no se puede decir que ojalá que no ocurrieran. Van a ocurrir quizás otra vez. Y probablemente va a ser una sorpresa la próxima vez que ocurra.

Por supuesto, queremos limitar el impacto que esas miniexplosiones van a tener en términos de una relación bilateral importante. Pero decir que el presidente número uno y el presidente número dos no tienen la culpa no produce nada. Esta historia merece sus diez minutos de fama y después se debería enfocar, una vez más, en los elementos importantes de la relación. Este es mi consejo no solicitado a mi Gobierno y también a quienes tienen interés en el Gobierno de Colombia.

SEMANA: Si se tienen en cuenta esos criterios, en la paz total claramente hay una renuncia a perseguir a estos responsables del narcotráfico.

W.B.: No voy a criticar la paz total. Creo que el Gobierno de Colombia tiene 100 por ciento de derecho a seguir una política con el objetivo de producir paz en todo el país. A su vez, hay que hablar de la realidad. Y la realidad es que, si un acuerdo va a producir más actividad criminal por parte de organizaciones, en este caso, narcotraficantes, no ofrece un buen resultado.

En mi opinión, debería considerarse la posibilidad de consecuencias, incluyendo arrestos y procesos penales contra las personas que siguen delinquiendo después del comienzo de la paz total. En otras palabras, la paz total no debería implicar un indulto a futuro. Y, si siguen haciéndolo, deberían ser sujetos de procesos y, si es necesario, de la extradición. Es decir, hay que buscar soluciones y no solamente crear problemas en este tipo de procesos.

SEMANA: ¿Qué le sucedería a Colombia si es descertificada?

W.B.: Si fuera una decisión absoluta, implicaría la eliminación de toda ayuda internacional, económica y financiera. También le requeriría al Gobierno de Estados Unidos votar en contra de préstamos en organizaciones internacionales, como el Banco Interamericano, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Hay una probabilidad del 50 por ciento de una descertificación. Y, si fuese una decisión de descertificación, habría una probabilidad del 95 por ciento de que viniera con el national interest waiver.

SEMANA: ¿Usted ve posible que una decisión de esta naturaleza incluya un tema adicional relacionado con aranceles o visas a los colombianos?

W.B.: Esas serían decisiones políticas de los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Pero no es lo que requiere la ley de certificación. Eso no se aplica. Es posible que los dos Gobiernos tomaran esas decisiones por otras razones, es posible. Espero que no ocurra, porque eso no representa ni el interés nacional de Colombia ni el interés nacional de Estados Unidos. No cuestiono ni al Gobierno de Gustavo Petro ni a cualquier otro. Solo digo que, cuando la comunicación es fluida, la probabilidad de discrepancias se reduce enormemente.