Los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla; y del Interior, Luis Fernando Velasco fueron cobijados este jueves 18 de diciembre con medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Así lo decidió la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en medio del proceso penal que se les adelanta a los exministros por el desvío de millonarios contratos de obra, infraestructura e intervención que eran administrados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
En su determinación, la magistrada Aura Alexandra Rosero aseveró que la Fiscalía General incurrió en un error al solicitar la detención domiciliaria contra los exministros como medida principal, puesto que esta siempre se debe entender como una medida secundaria o sustitutiva.
Por esto, consideró que la delegada del ente investigador debía haber solicitado una medida privativa restrictiva de la libertad en centro carcelario y, de manera posterior, otra medida como una detención domiciliaria o una libertad condicional con las medidas de vigilancia.
Y es que a pesar a que la Fiscalía había pedido una detención domiciliaria, la magistrada consideró que debido a la gravedad de los hechos materia de investigación que involucran actos de corrupción administrativa y de recursos públicos se hace necesaria la imposición de una medida de aseguramiento más alta.
En este punto se tuvo en cuenta el hecho que para la época de los hechos, Bonilla y Velasco estaban en pleno cumplimiento de sus funciones ministeriales, teniendo control de recursos públicos y con la capacidad para ordenar su desvío.
En el caso de Bonilla, se aseveró que era el encargado de la cartera que manejaba los recursos públicos y contaba con el poder para direccionar su uso y utilización.
Por su parte, Velasco tenía contacto constante con los congresistas. Para la magistrada, nada en este caso se dejó al azar, puesto que los dos entonces ministros utilizaron sus respectivos cargos para generar el direccionamiento de los recursos públicos.
En este punto, aseveró que se presentó una “división de tareas” para lograr los fines de la “empresa criminal” que se había conformado con el fin de comprar la conciencia de los congresistas para que votaran favorablemente los proyectos de reforma que cursaban en sus respectivas comisiones.
La Fiscalía General les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho (entrega de sobornos a funcionarios públicos) e interés indebido en la celebración de contratos. En la audiencia celebrada el pasado primero de diciembre, Bonilla y Velasco rechazaron los cargos.
En la imputación, la Fiscalía señaló que en diferentes reuniones en las sedes de los ministerios de Hacienda y del Interior, en el centro de Bogotá, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco dieron instrucciones precisas para que se entregaran los contratos que estaban pidiendo los congresistas por su voto positivo.
De esta forma, se le dio plena credibilidad a la declaración que entregó la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien estuvo presente en varios encuentros.
En este sentido, señaló que con su actuar los procesados representan un peligro para la sociedad, puesto que utilizaron sus altos cargos para actos indebidos. Es decir, intentaron comprar a un grupo de congresistas que hacían parte para 2022 de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público con el fin que avalaran los proyectos y reformas que había elevado el Ejecutivo.
El cónclave
En su intervención, la magistrada aseveró que quedó probada la existencia del llamado cónclave que se realizó en la Casa de Nariño en la tarde del 27 de noviembre de 2023 y el cual contó con la activa participación, entre otros, del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón; el director de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez; y varios ministros.
“No actuaron de manera episódica ni esporádica”, advirtió la magistrada al considerar que desde un principio dieron instrucciones claras y precisas para que los contratos que estaban pidiendo los congresistas fueran direccionados en forma de cupos indicativos y proyectos.
Pese a los argumentos de los abogados de los exministros, la magistrada aseveró que las declaraciones rendidas por Olmedo López y Sneyder Pinilla guardan coherencia frente a la participación y conocimiento de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en estos hechos materia de investigación.
“No fueron relatos aislados”, precisó la magistrada, resaltando que las dos declaraciones “guardan coherencia” frente a las instrucciones que salieron de la boca de Bonilla y Velasco para direccionar los millonarios contratos.
“No solo participaron (en referencia a Bonilla y Velasco) en reuniones institucionales, sino que promovieron un esquema de dirección contractual en la UNGRD y el Invías”, aclaró la magistrada en su extensa intervención.
Igualmente, se le otorgó plena credibilidad a la declaración citada de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides. Esto pese a los constantes y fuertes cuestionamientos presentados por los apoderados de los dos procesados.
En otro de los apartes de su análisis, la magistrada aseveró que con las acciones adelantadas por los exministros se “envió un mensaje equivocado” a la sociedad sobre las acciones que se adelantan en los ministerios y el Congreso, minando así la credibilidad en las decisiones que se toman en el Ejecutivo y el Legislativo.
