Expresidente Álvaro Uribe Vélez explica su propuesta para que la Justicia Penal Militar revise las condenas de la JEP en contra de exmilitares

Desde la ciudad de Pasto, Nariño, donde lideró un nuevo encuentro virtual con los cinco precandidatos a la Presidencia por el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reiteró su propuesta para que sea la Justicia Penal Militar la que conozca las apelaciones que presentarán los exintegrantes de la Fuerza Pública y de Policía en contra de las sanciones que les interponga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El exmandatario, quien ha sido uno de los principales críticos de la justicia transicional que se creó tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en el año 2016, aseguró que muchos militares y policías se sienten presionados para aceptar cargos y evitar una pena privativa de la libertad.

“Hay un hecho, muchos militares se quejan, que se sienten obligados a reconocer delitos no cometidos para gozar de libertad, no exponerse a un juicio y a una condena de 20 años. Entonces, habíamos dicho, bueno, que se acabe la JEP, no sé, prolongue su vigencia, la justicia ordinaria pueda revisar las sentencias condenatorias contra militares y si llegare a confirmar alguna o algunas, no deberán estar más de 5 años en pena privativa de la libertad”, explicó el expresidente en el cierre del foro.

Sin embargo, recogiendo varias observaciones y comentarios, el expresidente aseguró que lo mejor es que se fortalezca la Justicia Penal Militar para que investigue y sancione estas conductas.

“Ayer me dijeron (en referencia a los militares y los policías), no, lo que queremos y necesitamos es fortalecer la justicia penal militar. Tienen toda la razón, tienen toda la razón. Yo pediría tener muy en cuenta eso, porque es una gran discusión, yo creo que le daría mucha tranquilidad a las Fuerzas Armadas”.

El expresidente reiteró la necesidad de recuperar la confianza de las Fuerzas Armadas en Colombia, puesto que se sienten perseguidas por cumplir sus funciones constitucionales y abandonadas por el Estado.

La primera sanción contra los militares

El pasado 18 de septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió la primera sanción contra 18 exintegrantes del Batallón La Popa, con sede en Valledupar, por su responsabilidad en los llamados falsos positivos.

La sanción se emitió después de que cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados profesionales aceptaran su participación y responsabilidad en 135 ejecuciones extrajudiciales registradas en el norte del Cesar y el sur de La Guajira entre enero de 2002 y junio de 2005.

Los militares reconocieron haberse aliado con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para presentar a civiles ajenos a la confrontación armada como guerrilleros abatidos en combate.

Igualmente, aceptaron “asesinatos ilegítimos y desapariciones forzadas cometidas contra personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad y que fueron capturadas arbitrariamente y/o engañadas por miembros del Batallón ‘La Popa’”.

Los militares sancionados deberán realizar acciones para contribuir a la memoria histórica y apoyar las investigaciones que se adelantan por estas ejecuciones extrajudiciales.