Cuatro expresidentes de Colombia se pronunciaron sobre la demanda que cursa en la actualidad en la Corte Constitucional contra el memorando que firmó el gobierno de Colombia con Venezuela para crear la zona binacional, que apunta a potenciar el desarrollo comercial, agrícola y social en la zona fronteriza.
Al proceso que avanza en el despacho del magistrado Carlos Camargo llegó el concepto del expresidente César Gaviria, advirtiendo que más que una simple declaración política, se aproxima más a un “tratado internacional”.
Por eso, explica que su contenido demuestra compromisos que “exceden la informalidad propia de los memorandos” al crear una zona económica especial que establece acciones en materia de integración territorial, infraestructura, movilidad, comercio y regulación aduanera.
La conclusión del expresidente Gaviria fue solicitar a la “honorable Corte declarar que el Memorándum de Entendimiento no surte efectos jurídicos en el ordenamiento colombiano, en tanto no es vinculante y no se surte la aprobación por el Congreso”.
Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe describió el acuerdo como un “verdadero tratado internacional de facto” que no tuvo aprobación en el Congreso ni control previo de constitucionalidad que vulneraron la arquitectura institucional prevista por la Constitución de 1991.
Uribe Vélez también manifestó una situación de especial gravedad, al tener en cuenta que “la contraparte venezolana no reúne condiciones mínimas de legitimidad democrática y existe una constatación reiterada, consistente y ampliamente documentada por organismos internacionales sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del régimen que la gobierna”.
Con ese argumento, el exmandatario le pidió a la Corte que declare el memorando que creo la zona binacional entre Colombia y Venezuela, como un acuerdo que tiene naturaleza de “tratado internacional” por lo que su firma y ejecución desconoció el procedimiento previsto en la Constitución Política.
El expresidente Iván Duque aseguró que el memorándum de entendimiento “no es un acto administrativo, ni ninguna otra expresión positiva de las funciones del Gobierno nacional; y, por tanto, no es vinculante ni puede ser objeto de ninguna acción o gasto”.
El expresidente Santos también presentó su concepto aclarando que no tenía los elementos suficientes para referirse de fondo al proceso de constitucionalidad que avanza contra ese acuerdo.
Sin embargo, explicó que esa iniciativa no le conviene al país ni a las Fuerzas Militares “toda vez que es muy conocida la complicidad que los grupos armados ilegales y la Guardia Militar Venezolana mantienen en esa zona”. Con estos conceptos, el acuerdo que firmó el gobierno Petro con la dictadura de Maduro, se va quedando sin piso jurídico.
