¿Fallos a la carta en la Procuraduría?

El cobro de 300 millones de pesos al senador Richard Aguilar a cambio de resolver a su favor un proceso disciplinario que se llevaba en su contra en la Procuraduría General de la Nación, dejó al descubierto un escándalo en el que hasta ahora el principal protagonista es un funcionario de nombre Jesús Alejandro Garzón, quien se desempeñaba hasta el pasado viernes 15 de enero como sustanciador en el despacho del entonces procurador Fernando Carrillo.

Según los investigadores, Garzón habría aprovechado su estratégico cargo para proyectar fallos que en segunda instancia resolvía el procurador Carrillo y montar un negocio ilícito en el que, según pudo establecer SEMANA al acceder a llamadas interceptadas por los investigadores de la Fiscalía, estarían involucrados dos abogados más y una familiar cercana.

Aguilar fue el denunciante de este soborno, que sería apenas el primer eslabón de una cadena de irregularidades para favorecer a funcionarios investigados disciplinariamente. En la Fiscalía ya se habla de un cartel. El senador de Cambio Radical fue contactado por un abogado conocido suyo, quien le advirtió del interés de Garzón de reunirse con él para resolver de modo favorable la investigación.

Tal era el nivel de acceso al proceso que le hizo llegar fotos del expediente acompañadas de la promesa de ayudarlo a cambio de la millonaria suma, todas estas evidencias forman parte del acervo probatorio. Se trató de un caso por presuntas irregularidades en una licitación de 2012, cuando Aguilar se desempeñaba como gobernador de Santander, para contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada para las diferentes instalaciones de la Gobernación, por el cual fue absuelto.

Garzón no logró la reunión con Aguilar. Sin embargo, no dio marcha atrás en su supuesto intento de soborno y aprovechando que no le era desconocida la política ni el mundo jurídico del departamento, pues en 2011 fue delegado de la Procuraduría en la región, tenía claro a qué abogado buscar para que el mensaje llegara. Con lo que no contó el funcionario, ahora detenido por el cargo de concusión, fue con que el emisario al que contactó no solo dio la razón, también le advirtió a Aguilar que se trataba de un intento de soborno y le recomendó denunciarlo ante la Procuraduría.

Aguilar le contó a SEMANA que ante la millonaria solicitud, y acatando el consejo del tercero, le pidió a su abogado que se comunicara con el entonces procurador Fernando Carrillo para realizar la denuncia, pero por tratarse de un ofrecimiento con implicaciones penales, también fue trasladada a la Fiscalía General de la Nación.

Conocida la captura de este funcionario, el ahora exprocurador Carrillo advirtió que denunció el hecho desde el pasado 19 de diciembre de 2019. Incluso, puso sobre la mesa el escándalo, que empieza a crecer cuando en su rendición de cuentas, a punto de dejar su cargo en el Ministerio Público, advirtió que había una mafia encargada de torcer fallos y que, por temas de la pandemia del coronavirus en el país, se ralentizaron las investigaciones.

Del caso no supo más, pero la Policía, mediante el grupo de investigaciones de la Dijín, en compañía con la Fiscalía adelantaban la investigación, en la que ya tienen claro que no fue la única actuación irregular del funcionario de la Procuraduría.

Interceptaciones

Detrás de este primer golpe habría más hechos delictivos, pues la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía empezó a realizar seguimientos e interceptaciones telefónicas a varios funcionarios, entre ellos Garzón. Lo primero que comprobaron fue que, efectivamente, el exfuncionario adscrito al despacho del procurador Carrillo sí tenía el proceso de Aguilar en sus manos.

En los audios que están en poder de la Fiscalía se ha determinado que no actuaba solo. Han identificado complicidad de dos abogados que actúan como intermediarios y hasta han detectado que en el negocio participaba una abogada de su familia.

Incluso hay otro caso sobre el cual las investigaciones ya arrojan conclusiones. Se trata de un mayor de la Policía, cuyo nombre se reserva para no entorpecer la investigación, a quien la Procuraduría había suspendido y al parecer por la intervención de Garzón fue absuelto.

Pero la gestión no quedaba ahí. Gracias a las interceptaciones telefónicas han podido determinar que en el caso de este mayor de la Policía, además de torcer la decisión disciplinaria, le explicaron cómo reclamar los salarios que dejó de recibir durante el tiempo que estuvo suspendido, vía acción de tutela.

Los audios, que conoció SEMANA, son comprometedores. En ellos se refieren a la tutela y advierten sobre la llamada del mayor de la Policía para reclamar sus salarios. El hecho fue verificado por autoridades investigativas que determinaron que la tutela fue presentada ante el Tribunal Superior de Montería el 28 de mayo de 2020 y le ampararon los derechos.

Mayor de la Policía: Doctor Alejandro, le habla el mayor de la Policía (...), no sé si se acuerda de mí, el caso que usted me ayudó a atender (...). Ah bueno, doctor Alejandro no sé si tiene un minuto para ponerlo en contexto de una situación, usted sabe bien la situación mía. He podido ascender, me devolvieron mi tiempo y al hacer la solicitud de devolución de los sueldos dejados de percibir no me los devolvieron, entonces haciendo las averiguaciones nuevamente me toca volver a demandar para la solicitud (...).

J.G.: Eso es de ley, eso no tiene problema, ¿tiene abogado de confianza? ¿Cómo ha trabajado? ¿Cómo hizo la primera solicitud?

Más adelante señala.

J.G.: Hay una opción que te cobrarán por ahí uno o dos millones de pesos, que es hacer una tutela y ya con eso ni siquiera es necesaria una acción de cumplimiento (...) Es poner un abogado que te haga el tema sin (…) acudir a un proceso más complejo.

Otro audio en poder de la Fiscalía revela cómo era su familiar que sacaba adelante los procesos

J.G.: ¿Vio el WhatsApp?

Familiar: No, Alejo, es que…

J.G.: Mándeme el correo.

Familiar: Bueno, listo.

J.G.: Hay otra opción, resulta que hay un muchacho al que… él presentó una solicitud de revocatoria (…) yo se la decreté. Pero ahora en el Ejército… en el lugar donde trabaja, le dijeron ‘listo ya lo rehabilitamos, pero no le podemos pagar porque el fallo no lo ordena’, el fallo no lo debía decir porque eso no es de ley. Yo quedé con él de hablar mañana. Le voy a decir, ella no le va a cobrar 10, pero sí le va a cobrar cinco, entonces es más rápido que lo otro.

Al explotar este nuevo escándalo, que ya tiene tintes de un cartel de procesos disciplinarios, la recién posesionada procuradora general de la nación, Margarita Cabello, advirtió que “se posesionó el mismo día que estaban suspendiendo a Garzón”, y aseguró que la captura de este funcionario “es el resultado de una investigación que incluso enreda a otros empleados de la Procuraduría en hechos de corrupción”, lo que deja evidencia que este es el principio de un caso que generará fuertes remezones en la entidad encargada de sancionar a funcionarios públicos.

El sustanciador

Sobre Garzón se habla de tardanza en la captura por parte de la Fiscalía, pero en el ente acusador explicaron que la orden estaba dada desde el 24 de noviembre del año pasado, pero no lo capturaron porque resultó contagiado de covid, el virus lo afectó y estuvo en la clínica por varios días. Lo que se evidencia al momento de la captura, cuando los miembros de la Policía le leen sus derechos está conectado a una bala de oxígeno.

Llevaba más de 25 años como funcionario de carrera en la Procuraduría. Llegó al Ministerio Público por concurso en 1993 y desde entonces ocupó diferentes cargos hasta convertirse en el sustanciador del despacho del entonces procurador Fernando Carrillo. En junio de 2016 solicitó una comisión especial para desempeñarse como personero auxiliar en Bogotá, cargo en el que estuvo por casi dos años.

Fue en ese periodo que su nombre ocupó titulares de prensa, no por sus logros en la Personería, sino por la cuestionada cátedra que dictaba en la que califica a los periodistas de “animales”. Garzón quería quedarse en la Personería por otro tiempo, incluso le fue prorrogada la comisión por dos años más, sin embargo, el comentario le pasó factura, tuvo que presentar la renuncia y regresar a la Procuraduría.