Nación
¿Falsos positivos fueron pagados con presupuesto de gastos reservados? Esta es la pregunta que la Procuraduría pide que la JEP resuelva
Los hechos se habrían cometido en el Batallón 57 Mártires de Puerres y en la Brigada 8, que operan en los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca.
El asesinato de inocentes para ser presentados como bajas en combate por parte de miembros de la Fuerza Pública, fenómeno conocido como falsos positivos, se presentó en diferentes regiones de Colombia.
Una de esas zonas es la que abarcan el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, territorio donde la Procuraduría busca establecer si se usó dinero de gastos reservados para cometer estos crímenes.
Y es que, según los testimonios entregados por nueve comparecientes de la Fuerza Pública dentro del macrocaso 5, que investiga hechos victimizantes presuntamente cometidos por las unidades militares que operaban en 17 municipios del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, es posible que el dinero destinado para operaciones militares se haya ido para el crimen.
La Procuraduría advirtió: “La instrumentalización de redes de informantes, la manipulación de informes de inteligencia, la falsificación de documentos administrativos y la desviación de fondos de gastos reservados causaron que algunos integrantes se dedicaran a actos delictivos dentro de la unidad militar cuyo propósito era aumentar de forma tangencial los resultados operacionales a través del asesinato de civiles”.
Por este motivo, la Procuraduría, luego de identificar “diversas inconsistencias en las versiones rendidas por comparecientes del Batallón 57 Mártires de Puerres y la Brigada 8, solicitó a la JEP implementar estrategias metodológicas adicionales que permitan una contrastación más precisa y detallada frente, al parecer, el manejo y uso indebido de gastos reservados, y las presiones que ejercieron mandos superiores, para que se presentaran resultados operacionales ilegítimos como bajas en combate, más conocidos como falsos positivos".
La solicitud se hizo en el escrito de observaciones relacionadas con las versiones voluntarias de nueve comparecientes de la Fuerza Pública dentro del macrocaso 5, que investiga hechos victimizantes presuntamente cometidos por las unidades militares que operaban en 17 municipios del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
La Procuraduría solicitó se inspeccionen e incorporen los documentos operacionales, reportes de inteligencia y registros administrativos, que respalden y verifiquen las afirmaciones presentadas, fortaleciendo así el proceso de contrastación y la determinación de responsabilidades.
