La Federación de Empresarios del Transporte de Carga, (Fedetranscarga) rechazó los hechos de violencia y las amenazas que afectan la movilidad y el abastecimiento nacional, luego de la declaración de un paro armado por parte del ELN, vigente entre el 14 y el 17 de diciembre.
La medida ilegal inició a las 6:00 a. m. del pasado 14 de diciembre y, según enfatiza el gremio, “tiene como propósito fundamental suspender la actividad de transporte y la movilidad en el territorio nacional, impactando directamente la cadena logística”. Fedetranscarga señaló que esta situación incide de manera directa en el abastecimiento de los hogares, especialmente en una temporada de alta demanda comercial.
Desde el inicio del paro armado se han reportado al menos trece afectaciones y atentados en distintas regiones del país. Entre los hechos mencionados se encuentran bloqueos en el municipio de Pelaya, en Cesar; actos delictivos en Curumaní, en el mismo departamento; la voladura del peaje La Lizama mediante una motobomba, que dejó dos personas heridas; el asesinato de un conductor de ambulancia en Santander; y el cierre total en el sector de San Roque, en Curumaní, por la verificación de dos contenedores con artefactos explosivos improvisados.
El gremio también advirtió que “el anuncio formal de considerar instalaciones y vehículos de las Fuerzas Armadas como objetivos militares incrementa significativamente el riesgo en los corredores viales, poniendo en riesgo la vida de los transportadores”.
Ante este panorama, Fedetranscarga hizo “un llamado urgente al Gobierno nacional, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y a las Fuerzas Militares y de Policía para que tomen de inmediato los correctivos y acciones necesarias que permitan asegurar el control efectivo de las carreteras colombianas”. Asimismo, solicitó reforzar la presencia permanente del Ejército y la Policía en las vías del país para garantizar la seguridad de la población civil y de los transportadores.
Finalmente, el gremio reiteró que “el transporte de carga es un eslabón indispensable para el bienestar nacional” y que cualquier interrupción de esta actividad afecta a toda la sociedad, por lo que la seguridad vial debe asumirse como una prioridad de Estado.
