La Procuraduría General de la Nación decidió llevar a juicio disciplinario a varias fichas importantes del gobierno del presidente Gustavo Petro, por el caos y la crisis que ha generado el cambio del modelo de salud para el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
El documento de 87 páginas firmado por el procurador delegado de la Sala Disciplinaria de Intrucción de la Procuraduría, Esiquio Sánchez, ordenó formularle pliego de cargos contra los exministros de Educación, Aurora Vergara, de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, de Hacienda, Ricardo Bonilla, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Así mismo, el representante de Fecode, Christian Rey Camacho, la vicepresidente de Fondos de Prestaciones Sociales del Fomag, Magda Lorena Giraldo Parra y el entonces presidente de la Fiduciaria, Jhon Mauricio Marín Barbosa, también irán a juicio disciplinario por este caso que causó estragos para los maestros en Colombia.

El documento conocido por SEMANA señala que a los exministros Vergara, Ramírez y Bonilla, además de los representantes de Fecode, se les va a aplicar un “cargo único endilgado” como miembros del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
La Procuraduría explicó que para este caso, la conducta implica un comportamiento “homogéneo” entendiendo que es el “mismo hecho irregular, cometido, al parecer, bajo las mismas circunstancias, de modo, tiempo y lugar, subsublime en el mismo tipo disciplinario”.

La investigación trató de analizar y verificar la aprobación de los lineamientos para la contratación de los servicios de salud para el magisterio con la puesta en marcha del nuevo modelo presentado por el equipo estructurador.
“En cuanto a la ilicitud sustancial y la culpabilidad, el acervo indica que, presuntamente, los disciplinables transgredieron del mismo modo la buena marcha de la administración y, además, incurrieron, al parecer, en la misma forma de culpabilidad, como también en la misma calificación de la falta”, dice el documento de la Procuraduría.
Por esa razón, el ente de control consideró “innecesario” estructurar un documento extenso con el análisis de cada uno de los investigados, cuando se conoce que los elementos de la falta que se atribuiría es en su condición como miembros del Consejo Directivo del Fomag.
La Procuraduría también confirmó que con el acuerdo que puso en marcha el nuevo modelo de salud en el Fondo del Magisterio, los investigados “habrían desconocido los principios de eficacia y economía de la función administrativa consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política y numerales 11 y 12 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011″.
El procurador Esiquio Sánchez explicó en la decisión que los integrantes del Consejo Directivo debían analizar y recomendar las entidades con las que se iba a poner en funcionamiento el Fondo, pero la investigación dejó varias pruebas para considerar que ese mandato fue “desconocido por los investigados” que ahora se enfrentan a un juicio disciplinario.










