¿Fiduprevisora quiere replicar el fracasado modelo de salud de los profesores en las cárceles? Se encienden las alarmas

En medio del colapso que causó el fracasado modelo de salud que intentó implementar la Fiduprevisora a los profesores del Magisterio, la Procuraduría encendió las alarmas sobre una situación similar que se estaría presentando con la atención a la población privada de la libertad.

El caso se enfoca en el trámite que avanza para la contratación de la prestación de servicios de salud a los presos y menores de 3 años que convivan con sus madres al interior de las cárceles, la cual actualmente la cubre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), a través del Fondo Nacional de Salud, que gira directamente a la Fiduprevisora.

Con el arranque del proceso, la Procuraduría halló “que una vez publicados los términos de referencia definitivos, los interesados contaban unicamente con 2 días para presentar sus ofertas. Siendo un proceso de más de 170 mil millones de pesos, preocupa al Ministerio Público que dicho cronograma pueda lesionar los principios de la contratación pública”.

Por esa razón, el procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Marcio Melgosa, le pidió a la vicepresidenta de negocios fiduciarios de la Previsora S.A., María Fernanda Jaramillo Gutiérrez, ampliar los términos para la manifestación de interés y entrega de propuestas de los eventuales oferentes, con el fin de garantizar la libre concurrencia y pluralidad.

Con las advertencias sobre este proceso, la Procuraduría le pidió a los intervinieres en el proceso realizar el análisis riguroso de la información que se solicitó, y si tiene reserva se debe notificar dicha condición. Además, el ente de control alertó que una vez realice el estudio de la documentación e información solicitada se determinará la viabilidad de efectuar una vigilancia preventiva de carácter contractual sobre la invitación pública.

Hay que recordar que con el nuevo modelo de salud para los maestros, varios veedores del Fomag alertaron que el sistema estaba presentando serias irregularidades que estaban vulnerando el derecho a la salud y la atención a los educadores.

Dimas Andrés Arias, veedor del Fomag, en diálogo con SEMANA aseguró que “hay barreras que persisten en la entrega de medicamentos, citas con especialistas, hay una falta de claridad en la información, hay maestros que llegan enfermos porque no saben dónde deben ser atendidos. Los canales de WhatsApp en algunas ocasiones funcionan, en otras no; los correos del Fomag los responden en inglés, creemos que son máquinas. Los medicamentos de alto costo siguen siendo un problema”.

En medio de la crisis que generó esas modificaciones a los 820 mil usuarios de ese sistema de salud, desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) le dieron un ultimátum al Gobierno Petro para resolver los problemas. Los mismos educadores aseguraron que la Fiduprevisora, la responsable del sistema, no les ha dado contratos a determinadas instituciones prestadoras y sigue presentándoles cartas de intención como sustento de una vinculación laboral. Sin embargo, esos documentos no son contratos que les permitan a las entidades cobrar por su labor y por eso están sin servicio.