Fiscales del caso Miguel Uribe Tubay son investigados por filtrar información e irregularidades en el reparto. La propia Fiscalía los denunció

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay se convirtió en un ejemplo de efectividad en la investigación judicial y la articulación entre las instituciones. De lejos será un cuadro para enmarcar en la administración de la fiscal Luz Adriana Camargo, de no ser por la misma Fiscalía.

SEMANA conoció los detalles de un expediente que cursa en la Comisión de Disciplina Judicial contra los responsables de coordinar, dirigir y desarrollar la investigación por el asesinato del precandidato presidencial y senador, en medio de un mitin político en un parque, frente a un centenar de personas y a plena luz del día. El asesino fue un menor de edad, condenado a siete años de internamiento preventivo.

La fiscal, su asistente y el jefe de la Unidad de Vida de la Fiscalía en Bogotá terminaron metidos en un lío judicial por cuenta de presuntas irregularidades en el reparto de la investigación y la supuesta filtración de información sometida a la reserva de este magnicidio, en poder de un reducido grupo de funcionarios.

La Fiscalía, que en público daba muestras de un trabajo en equipo, en privado se estaba quebrando con señalamientos entre funcionarios. Los videos que se conocieron públicamente, con los momentos previos y posteriores al magnicidio, detonaron un enfrentamiento entre directivos, fiscales e investigadores.

En la cúpula de la Fiscalía esperaban respuestas, saber de qué manera y por cuenta de quién los videos con la escena de sicarios rodeando a Miguel Uribe Turbay el día de los hechos terminaron en todos los medios del país, incluso algunos internacionales. Lo que se guardó con llave en el ente acusador se expuso como evidencia irrefutable de que en Colombia los criminales dejaron de temerle a la justicia.

Cada video que se conocía en los medios de comunicación con nuevos detalles del magnicidio –algunos ni siquiera pasaron por el expediente en la Fiscalía– alimentaba la incertidumbre, incluso la desconfianza entre directivos en el ente acusador y sus delegados. Había una “garganta profunda” en las filas.

Los dedos empezaron a señalar y fue ahí cuando se les ocurrió que una denuncia de la Fiscalía contra la Fiscalía era una buena elección. Las directivas buscaban al topo, lo que provocó un cruce de comentarios que se resumieron en la solicitud de investigación, la misma que tiene a la fiscal del caso y su jefe en vueltas para demostrar que no fueron ellos quienes filtraron la información.

La solicitud de investigación fue el tubo de escape para frenar los comentarios en el interior de la Fiscalía, los señalamientos de que la información exclusiva de los funcionarios se hizo pública a través de canales no oficiales. Las versiones de fuga de datos se convirtieron en una preocupación que trasnochó a varios fiscales en el ente acusador.

Con el harakiri judicial, los fiscales de vida, sentados en despachos de Paloquemao, en Bogotá, que supuestamente fueron señalados desde el búnker de estar filtrando información, básicamente se inmolaron por darles transparencia y tranquilidad a sus jefes. El problema es que son ellos los que adelantaron la investigación y ahora terminaron investigados.

En la Comisión de Disciplina Judicial, seccional Bogotá, un magistrado tiene desde hace varios meses el expediente y apenas se fijaron algunas diligencias de declaración para febrero de 2026. La fiscal, su jefe y otros funcionarios de la Fiscalía fueron citados para explicar de qué forma los videos y la información reservada se hicieron públicos.

Pero la filtración de información no es el único enredo que tienen los funcionarios que se encargaron de investigar, identificar y capturar a los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Incluso de apuntar a los cabecillas de la llamada Segunda Marquetalia como los responsables de sentenciar a muerte al precandidato presidencial. La investigación en la Comisión de Disciplina Judicial señala irregularidades en el reparto.

Este capítulo está en el arranque de la investigación. Los datos que tiene la Comisión de Disciplina Judicial advierten que, una vez se conoció el caso, la Fiscalía enfiló baterías para esclarecer los hechos. Lo hicieron bien, en tiempo récord. El problema es que el método y la estrategia se saltaron algo elemental: el reparto.

Cada vez que se conoce de un hecho criminal, sobre todo de la talla del atentado contra Miguel Uribe Turbay, el fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la zona de Bogotá, donde ocurre el crimen, asume las actuaciones preliminares, los actos urgentes y lidera la investigación en un primer momento. Ese proceso, según la información, no ocurrió con el magnicidio.

El caso se saltó ese protocolo implementado para ofrecer garantía y transparencia en la asignación de investigaciones. Se busca evitar que un fiscal, por su propia voluntad o interés, asuma un proceso en cualquier momento. El sistema, la disponibilidad y el mero turno de servicio son los encargados de hacer esa selección. En el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay no ocurrió así, de acuerdo con la información en la Comisión de Disciplina Judicial.

El proceso, según los datos, fue asignado a la fiscal sin cumplir con el trámite previamente establecido por la misma Fiscalía. Los resultados de esa selección permitieron capturar a los responsables, y algunos reconocieron responsabilidad. Pero el vicio de fondo estaba en las entrañas de la investigación y, aunque se trató de ignorar, fue necesario indagar en las presuntas irregularidades de ese reparto.

Por supuesto, hay malestar en la Fiscalía. Para los funcionarios resulta contradictorio que quienes investigaron el magnicidio y le contaron al país cómo se planeó, coordinó y ejecutó el crimen ahora terminen procesados por supuestamente filtrar información y por un reparto que se saltó el trámite establecido.

La investigación por el asesinado de Miguel Uribe Turbay deja, hasta el momento, nueve personas capturadas y procesadas. Dos fueron condenados, entre ellos el menor de edad que aparece en los videos de seguridad y que reconoció su responsabilidad en el crimen.

Hace unas semanas fue capturado alias el Viejo, un hombre que, según las autoridades, sería la clave entre los cabecillas de la Segunda Marquetalia y el grupo de sicarios.

Nadie en el país duda de la contundencia de la investigación que adelantó la fiscal del caso, con el apoyo de la Policía. Pero la misma Fiscalía cuestionó el trabajo de sus funcionarios, a tal punto que denunció lo que consideró una filtración a los medios de comunicación.

Unos videos que, en la práctica, fueron entregados por los vecinos del sector donde ocurrió el magnicidio, quienes, de manera desinteresada, querían apoyar la labor informativa.