Judicial
Fiscalía advierte que César Manrique Soacha conformó una “organización criminal” para desviar recursos de la UNGRD
El exdirector de Función Pública fue vinculado a un proceso penal por cuatro delitos. Fiscalía pedirá medida de aseguramiento.
Este miércoles 4 de junio la Fiscalía General comenzó la imputación de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación al exdirector del Departamento de Función Púbica, César Manrique Soacha.
Manrique Soacha fue vinculado al proceso penal por su presunta responsabilidad el direccionamiento de varios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con el fin de pagar favores y compromisos políticos.
El génesis del caso tiene que ver con una reunión, que reveló con lujo de detalles SEMANA que se adelantó en septiembre de 2023 en la sede de la Agencia Nacional Tierras (ANT), y en la cual se reclamó parte de un contrato que estaba en poder de esa entidad por un valor de 100 mil millones de pesos.
En ese encuentro, en el que tuvo una gran participación Manrique Soacha y varios de sus funcionarios de confianza del Departamento de la Función Pública y varios delegados de la UNGRD.
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Igualmente, Manrique Soacha tuvo un interés especial en la adjudicación en la compra de 40 carrotanques pequeños para atender la emergencia en el departamento de La Guajira y que tuvo un valor cercano de 29 mil millones de pesos.
En su exposición, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia advirtió que Manrique Soacha conformó una “organización criminal” con el fin de desviar contratos en la UNGRD.
En esta actividad criminal, Manrique Soacha recibió sobornos cercanos a los tres mil millones de pesos.
Por estos hechos de corrupción también fueron vinculados el abogado Édgar Riveros Rey, quien actualmente se encuentra privado de su libertad por ofrecer un soborno de 13 mil millones de pesos para desviar la investigación en el caso de la UNGRD.
El profesional del Derecho deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
Así como los asesores de la UNGRD Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, quienes tuvieron participación y conocimiento del desvío de este contrato. Por esto, la Fiscalía General les imputará los cargos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
Mientras que Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representante legal y jefe de ventas, respectivamente, de la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú) —que se vio beneficiada con varios contratos en la UNGRD— fueron vinculados por los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
Finalmente, Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública, y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD, deberán responder por el delito de lavado de activos.
