Nación
Fiscalía le pone la lupa a millonario contrato que firmó Edwin Palma cuando fue interventor de Air-e
El ente acusador pidió toda la información contractual con una empresa que, al parecer, no cuenta con la experiencia requerida.
En las últimas horas, se conoció que la Fiscalía empezó a indagar por un contrato que dejó firmado Edwin Palma cuando fue interventor de Air-e.
El actual ministro de Minas, cuando estuvo al frente de la interventoría, firmó dicho contrato, al parecer, con una empresa que no tenía la experiencia requerida y que fue suspendido por el actual agente interventor.
Dicho proceso se firmó por más de ocho mil millones de pesos, por lo que la Fiscalía busca determinar si dicha empresa tiene amplia trayectoria en el sector eléctrico.
El 25 de febrero de 2025, Edwin Palma, en calidad de interventor, firmó el contrato en el marco de suministro de materiales eléctricos C00132025 con el Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia.
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A las autoridades les llamó la atención que la empresa líder del consorcio, Macro Integral Soluciones S.A.S. (con el 60 % de participación), fue constituida, según el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 5 de febrero de 2025, apenas 20 días antes de la adjudicación. Según el documento, esta sociedad fue creada con un capital de $ 20 millones y tiene como objeto social la prestación de servicios médicos.
Ese hecho ha llamado la atención porque, por ahora, no se ha encontrado la experiencia y capacidad técnica para la provisión de materiales eléctricos.
Según los hechos que se están investigando, el contrato tendría irregularidades, entre ellas: ausencia de un proceso público de selección de contratistas, falta de verificación de experiencia técnica y capacidad financiera del contratista adjudicatario y la adjudicación a una empresa sin relación con el objeto contractual y creada días antes de la firma, entre otros.
La Agencia Especial Interventora suspendió dicho contrato tras conocer la ejecución de millonarias órdenes de compra.
Esta investigación se suma a otros procesos en curso contra la intervención de Air-e, que incluyen denuncias por presunta administración desleal, sobrecostos en compras, nepotismo y ocultamiento de información. La deficiente gestión de la empresa desde su intervención por parte del Gobierno ha llevado a que diferentes voces del sector energético, gremiales y ciudadanas adviertan sobre un posible apagón en el Caribe colombiano.
El ente acusador ha hecho varias visitas a las instalaciones de Air-e para determinar si hay méritos e investigar por las denuncias que se han hecho desde que el Gobierno nacional tomó la decisión de intervenir a dicha empresa.
En once meses, Air-e ha tenido cuatro interventores diferentes y el actual, Nelson Javier Vásquez, suspendió el 3 de julio un contrato que, al parecer, se había adjudicado a la esposa de uno de los implicados en el escándalo de Centros Poblados.
