Fiscalía le sigue lanzando ‘pullas’ a Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las regiones

En más de una oportunidad la Fiscalía General le ha cerrado las puertas a una eventual negociación con la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, una de las principales protagonistas en el macrosaso por los actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En la actualidad, esas puertas ya cuentan con un candado y sin una llave. Esto quedó más que claro en la intervención que hizo recientemente la fiscal delegada ante la Corte Suprema que pidió mantener la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra la exfuncionaria.

La fiscal le solicitó a un juez de conocimiento de Bogotá que desechara completamente los argumentos presentados por la defensa de Sandra Ortiz, con los que busca tumbar la medida de aseguramiento que existe desde diciembre de 2024.

En su intervención, la fiscal del caso aseguró que las continuas y reiteradas peticiones de libertad de Sandra Ortiz representan “un desgaste para el sistema judicial” puesto que no se aporta evidencia suficiente o novedosa para inferir que ya se superaron los requisitos para la imposición de una medida de aseguramiento.

“No estamos diciendo que la señora Ortiz no tenga derecho a utilizar todas estas herramientas jurídicoprocesales para lograr una posición jurídica más beneficiosa. Sin embargo, lo que reprochamos es esa falta de elemento novedoso, que es el que permite apalancar una solicitud, darle seriedad, fuerza suasoria para lograrlo”, señaló la delegada del ente investigador.

En otro de los apartes de su solicitud se manifestó que no es cierto lo dicho por la defensa de la exconsejera presidencial para las regiones sobre una persecución judicial y una falta de beneficios judiciales por su rol o género.

“Todo este reproche, toda esta investigación que se realiza contra la señora Ortiz no es por su condición de mujer, no es por su condición de madre, no es por su condición de funcionaria. Es con ocasión de funcionaria, es con ocasión del desarrollo de un comportamiento que estructura una conducta, de hecho, varas conductas delictivas”, aseveró.

“Entonces, en realidad aquí no se trata de la existencia de una investigación apalancada en factores individuales, en factores subjetivos (...) Lo que se está investigando es la actuación de la señora Sandra Ortiz, independientemente de sus condiciones subjetivas”, manifestó.

La fiscal recordó el peso político de Sandra Ortiz y su presunta participación en los hechos de corrupción en la UNGRD: “Fue una candidata presidencial, fue una senadora, pertenecía a un partido político”.

En este punto, recordó que también se han enfilado baterías de imputación en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, quien actualmente es prófugo de la justicia y tiene una orden de captura internacional para que responda por estos hechos.

“Aquí no estamos investigando ni reprochando condiciones connaturales subjetivas para afectar a una persona. Simplemente, las conductas que ha desplegado, que ha desarrollado”, añadió.

Finalmente, cuestionó el hecho de que se le quiera restar credibilidad a los testigos en este caso con el testimonio de una sola persona que, además, ha reconocido públicamente tener toda la confianza con la exfuncionaria.

Sandra Ortiz, quien se encuentra en una guarnición militar desde diciembre pasado, fue acusada por la Fiscalía General por los delitos de tráfico de influencias en servidor público y lavado de activos.