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Fiscalía ocupa 36 bienes avaluados en más de $5.400 millones; pertenecían a señalados de robar recursos destinados a la niñez en Córdoba
El ente acusador detalló las propiedades que la red de corrupción habría adquirido con los recursos públicos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Extinción del Dominio y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), siguen atacando los bienes obtenidos de forma irregular o con recursos públicos. En esta ocasión, ha ocupado 36 bienes que presuntamente pertenecen a los responsables de un esquema de corrupción relacionado con el desvío de fondos destinados a la atención de la primera infancia en el departamento de Córdoba.
La operación ha resultado en la ocupación de 29 propiedades rurales, 3 propiedades urbanas y 4 vehículos ubicados en las ciudades de Montería y Cereté, en Córdoba. Según las evaluaciones preliminares, el valor de estos activos supera los 5.400 millones de pesos.
Los bienes están registrados a nombre de Mariela del Carmen Peña Sibaja, Jorge Luis Peña Atencio, Carlos Fernán Lázaro Arroyo y Cindy Isabel Bermúdez Cuitiva, quienes estuvieron involucrados con una fundación que firmó un contrato en 2015 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para brindar asistencia a niños y niñas menores de cinco años, por un valor de 7.407 millones de pesos.
Durante la investigación penal, la Fiscalía General determinó que los responsables del contrato habrían apropiado indebidamente la suma de 2.705 millones de pesos.
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En consecuencia, los implicados en estos actos de corrupción han sido imputados por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y privado, y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Los bienes afectados por medidas cautelares, tales como la suspensión del poder de disposición, el embargo y el secuestro, han sido entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración y resguardo, garantizando así la preservación de los activos involucrados en este caso de corrupción.
Inmueble incautado a la Oficina de Envigado servirá a egresados
La Sociedad de Activos Especiales entregó en comodato (contrato para su uso) un inmueble de gran importancia para la Universidad de Antioquia. El acto se llevó a cabo en un evento el pasado 19 de mayo en la Finca ‘Las Antillas’, ubicada en el municipio de Envigado, el presidente de la SAE, Daniel Rojas Medellín, y el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda Céspedes, estuvieron presentes para formalizar la entrega.
El objetivo de este acuerdo es establecer una sólida colaboración entre ambas instituciones para impulsar actividades académicas, docentes, investigativas, así como la difusión de la cultura y la ampliación de los servicios disponibles para los egresados de la Universidad de Antioquia.
La entrega de este inmueble representó un hito histórico para la universidad, que en sus 220 años de existencia no había contado con un espacio dedicado específicamente a la investigación, desarrollo de labores en un coworking y actividades recreativas. La creación de la ‘Casa del Egresado’ marca un antes y un después en la infraestructura y servicios disponibles para los egresados de la institución educativa.
Con esta entrega, de acuerdo con la SAE, se “reafirma el compromiso con la expansión de las sedes universitarias públicas, así como lo indica el mandato popular del presidente Gustavo Petro, de ampliar la infraestructura educativa en todo el territorio nacional, para que los estudiantes tengan espacios de investigación que contribuyan al desarrollo del país”.
La Casa del Egresado se convertirá en un lugar de encuentro para la comunidad universitaria, ofreciendo a los egresados un espacio propicio para el intercambio de experiencias, la generación de redes de colaboración y la contribución al progreso de la región y del país en general.
La Universidad de Antioquia, por su parte, expresó su agradecimiento a la SAE por el aporte del inmueble que beneficiará a los egresados e impulsará nuevas iniciativas.