Fiscalía pide condenar a dos policías por las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza

La Fiscalía pidió fallo condenatorio en contra del capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas por su participación en los hechos que rodearon la interceptación de las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea, quienes para enero de 2023 laboraban en la vivienda de la entonces jefa del gabinete presidencial, Laura Sarabia.

En los alegatos de conclusión, la fiscal del caso aseveró que los dos policías fueron pieza fundamental en la alteración y creación de informes para que las dos líneas telefónicas fueran anexadas en una investigación que se adelantaba en la seccional del Chocó contra una organización criminal.

Para esto, se le dio a Marelbys Meza el alias de la Madrina, mientras que a Fabiola Perea se le puso el sobrenombre de la Cocinera. Dos personas que, según el informe falsificado, tenían gran cercanía y confianza con el jefe del grupo al margen de la ley.

En el documento realizado por los agentes de un grupo especial de la Dijín se quería vincular a las dos mujeres con la estructura Jairo de Jesús Durango Restrepo del Clan del Golfo, que comandaba alias Siopas en el departamento del Chocó.

En su intervención, la fiscal cuestionó el hecho que se construyera esta narrativa con el fin de obtener información sobre la pérdida de una maleta en el apartamento de Laura Sarabia, hecho en el cual se apuntaba como principales sospechosas a Marelbys Meza y Fabiola Perea.

“Estas coincidencias son más propias de un libreto construido por la inventiva de un elocuente escritor y no de la realidad, pues no tiene explicación coherente cómo una persona descrita como integrante del Clan del Golfo tiene acceso a los abonados telefónicos de dos personas sin relevancia pública, ubicadas en Bogotá, que no tenían conexión con la estructura investigada”, explicó.

Para la fiscal del caso, debido a su preparación y experiencia, los policías tenían conocimiento de que estaban incurriendo en un delito al falsificar estos documentos e inventarse una fuente humana con el fin de lograr la interceptación de los abonados telefónicos de Marelbys Meza y Fabiola Perea, así como de personas cercanas, para obtener información.

“Quedó demostrado que, para la época de los hechos, los acusados Carlos Andrés Correa y John Fredi Morales eran servidores públicos (...). Los documentos que suscribieron los hicieron en ejercicio de sus funciones como investigadores con función de policía judicial”, explicó la fiscal.

“Los formatos de fuente no formal como el informe de policía judicial espurio eran documentos declarativos que demostraban la existencia de motivos fundados para tomar una decisión: la de interceptar las comunicaciones de personas afectando con ello su derecho a la intimidad”, complementó.

En los alegatos se enfatizó en la claridad y calidad de las versiones entregadas por el intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Canizales, quienes ya fueron condenados por estos hechos tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía General.

Estos dos agentes revelaron la forma en que en más de una oportunidad se pretendió vincular, con información falsa, a Meza y a Perea, induciendo así en un error a un fiscal del Chocó y a varios funcionarios de la Fiscalía General.

Por esto, se pidió la sentencia por los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público e interceptación ilícita de comunicaciones.