Con una transmisión por redes oficiales, Angie Rodríguez, como gerente encargada del Fondo Adaptación, denunció inacción y posibles irregularidades en los principales proyectos de la entidad. Responsabilizó directamente a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por mal manejo de los recursos.
Dentro de su análisis, la directora del Dapre hizo énfasis en el proyecto de soluciones estructurales en La Mojana, una de las banderas del presidente Gustavo Petro, que solo registra un 3 por ciento de ejecución a la fecha.
Precisamente, el 20 de marzo de 2024, el presidente Gustavo Petro, desde San Marcos, Sucre, se comprometió con la región y aseguró que el Fondo Adaptación debía “encargarse” de controlar las inundaciones y generar oportunidades productivas para los más de 400.000 habitantes.
Pero irregularidades y malos manejos han provocado retrasos que suman otra promesa incumplida del presidente Gustavo Petro.
Rodríguez, en medio de rumores de su posible salida del Gobierno, no solo lanzó acusaciones sobre lo que ocurre en la entidad, sino que tomó el control del Fondo Adaptación. En el nuevo organigrama aparecen nombres cercanos al Dapre y al Ministerio del Interior, incluso algunos ya mencionados en denuncias y alertas internas.
SEMANA revela la red de poder que hoy envuelve al Fondo, una entidad discreta, pero de chequera alta, que pasó de la sombra a convertirse en nuevo campo de batalla del petrismo y sus aliados.
Uno de los atractivos del Fondo Adaptación es la chequera, dado que es una entidad con un presupuesto para 2025 de más de 660.000 millones de pesos y cuenta con un patrimonio autónomo, que le permite gestionar los recursos sin un principio de anualidad.
Además de pasar desapercibida, los salarios de funcionarios y contratistas son altos, en un intento por contar con personal competitivo para mejorar los resultados de ejecución.
En este Gobierno, el Fondo Adaptación arrancó bajo la gerencia de Javier Pava, quien al mismo tiempo estaba al frente de la UNGRD, y desde allí se consolidó un primer aterrizaje de fichas cercanas al petrismo. Después vino un carrusel de relevos, en su mayoría encargados y de corta duración. Por esa silla pasaron Olmedo López, Helga Rivas y finalmente Carlos Carrillo.
Por ello, y a causa de una normatividad en la que los ordenadores del gasto son los subgerentes, el poder comenzó a concentrarse en mandos medios.
Los Ñoños, en el contrato de la Mojana
La planificación de la intervención en La Mojana por parte del Fondo Adaptación se dividió en dos partes, por un valor total de 1,1 billones de pesos. El 82 por ciento de los recursos tiene como destino la obra de infraestructura, por cerca de 900.000 millones de pesos, y el resto para medidas complementarias, por aproximadamente 200.000 millones de pesos.
Dentro de las acciones se contempló la Ruta del Arroz, que buscaba fortalecer la industria arrocera local como solución socioeconómica, así como apoyo a otros agricultores, pescadores y artesanos de la zona.
El contrato fue suscrito el 13 de diciembre de 2024, por 36.717.450.162 pesos, con la Unión Temporal Reactivación Económica La Mojana, conformada por la Fundación de Educación Superior San José, Euonia SAS y Fundacovi.
El contrato fue estructurado y firmado por Jorge Andrés Charry Gómez, entonces subgerente de Regiones del Fondo Adaptación, también reconocido activista del petrismo y exintegrante de la UTL del presidente Gustavo Petro en su último periodo como senador.
Un día después del contrato, a la entidad, dirigida por Carrillo, llegó una denuncia de presuntas irregularidades en el proceso. De acuerdo con el escrito, se buscó beneficiar al clan de Bernardo ‘Ñoño’ Elías, incluido el senador Julio Elías Vidal, para financiar la campaña al Senado de la República en 2025.
En la denuncia, se habla de Jorge Zabala, representante legal de la unión temporal, como “amigo íntimo” de los políticos cordobeses.
“Se repartieron 600 millones de pesos el día de ayer y otros 600 con la aceptación de la adjudicación”, se lee en el correo. Posterior a esto, la administración de Carrillo trasladó la denuncia a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación. A falta de pruebas de lo ocurrido, el contrato entró en vigencia, pero pronto se presentó el incumplimiento de lo pactado.
Desde agosto de 2025 se inició un trámite por incumplimiento del contrato, activado por la entidad junto con la firma interventora.
De acuerdo con la interventoría, la cartografía y el diagnóstico solo se centraron en el arroz, sin integrar otras cadenas productivas de La Mojana. Además, se detectó falta de soportes de que sí se hizo el trabajo de campo necesario.
Esto provoco que la entidad decidiera no girar recursos para dicho fin, por lo que no existe ejecución de la Ruta del Arroz. Si bien el responsable del contrato fue el funcionario Jorge Andrés Charry Gómez, este forma parte del círculo más cercano de Angie Rodríguez en su administración, pese a que ella misma denunció la inacción en asuntos relacionados con la región.
Incluso, SEMANA conoció pantallazos en los que el funcionario apoyó candidatos en la consulta del Pacto Histórico. Uno de ellos es Jaime Santamaría, cercano al senador Pedro Flórez, ficha del clan de Euclides Torres.
Las cuotas dentro del fondo
El mismo Carlos Carrillo ha denunciado una supuesta toma del Fondo Adaptación por parte de Armando Benedetti, ministro del Interior, para ubicar cuotas burocráticas de figuras de interés para la aprobación de proyectos del Gobierno nacional en el Congreso de la República.
Un ejemplo es cuando se intentó ubicar a Johan Steven Londoño Tamayo, yerno de la senadora Berenice Bedoya, en la gerencia, luego de haber sido subgerente del Fondo Adaptación.
Igualmente, figuras cercanas al partido ASI aterrizaron semanas después: Russel Ramírez, quien fue secretario general de la colectividad, y Juan José Poveda Daza, miembro del tribunal disciplinario, entre otras posibles figuras cercanas.
También fueron contratadas fichas relacionadas con el Partido de la U, como Carmen Yamile Saba, quien era tesorera de la colectividad y fue nombrada subgerente de Estructuración.
Llama la atención que estos eran dos partidos definitivos en la votación de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado de la República, que terminó por hundirse.
Igualmente, Rodríguez inició su administración con su propio equipo: se trajo a Andrés David Villazón Rincón, Juan Sebastián Gualtero Loaiza y a Alejandro Melo Saade, abogado de su confianza, como secretario general. También migraron otros funcionarios del Ministerio del Interior para apoyar su gestión.
De quedarse en el cargo, una de las principales tareas de Rodríguez será ejecutar la orden presidencial de fusionar la UNGRD con el Fondo Adaptación, que se inició bajo la administración de Carrillo.
Sin embargo, fuentes internas le contaron a SEMANA que hay incertidumbre por dificultades operativas, como el hecho de que el Fondo Adaptación no tiene sede para que sus empleados ejerzan sus funciones.
Mientras el Gobierno promete soluciones estructurales y reactivación económica para La Mojana, la entidad que debía ejecutarlas se consume en una guerra de poder, en un carrusel de nombramientos y en contratos bajo la lupa que terminaron frenados. Con la posible fusión como telón de fondo y la chequera en disputa, el Fondo Adaptación pasó de ser un instrumento técnico a un botín político.
