Fracaso total: Gobierno Petro se rajó en la protección de ex-Farc; nunca antes habían matado tantos firmantes del acuerdo

La magistrada Cristina Pardo Schlesinger, presidenta de la Sala de Seguimiento a la sentencia que ordenó proteger a los firmantes del acuerdo de paz con las extintas Farc, alertó una preocupante situación frente a esa población.

“Lamentablemente, de acuerdo con la más reciente información suministrada por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, el primer trimestre de 2025 ha sido el periodo más violento contra la población firmante del acuerdo de paz desde la subscripción del acuerdo”, dijo la magistrada Pardo.

Sus declaraciones se dieron en medio de la Sala de Seguimiento que se desarrolló en la Corte Constitucional para verificar en qué va el cumplimiento el Estado de Cosas Inconstitucional sobre las garantías de seguridad para la población firmante del acuerdo final de paz en proceso de reincorporación.

La presidenta de la sala que le hace seguimiento a esa situación también confirmó: “En 2022, la tendencia de victimización presentaba una disminución significativa, no obstante, según los datos de la UIA de la JEP, incluso del Ministerio del Interior, en comparación con el mismo periodo del año anterior, durante los primeros 90 días de 2025 se presentó un incremento del 67 % en los homicidios”.

Ese aumento también se estaría viendo reflejado en los casos de desplazamiento forzado masivo y desapariciones, según la Corte Constitucional.

“La crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo (...) la Sala ha documentado el homicidio de 6 firmantes de paz durante el mes de enero de 2025, en Norte de Santander”, dijo la magistrada Pardo.

Una preocupación que llegó hasta la ONU

El jefe de verificación de la ONU, Raúl Rosende, también hizo presencia a esa audiencia de la Corte Constitucional para expresar una sola preocupación: “El asesinato de excombatientes es uno de los principales obstáculos que vivimos en la implementación del acuerdo de paz”.

“En las declaraciones que ha hecho el Consejo de Seguridad (...) incesantemente, toda la comunidad internacional, junto con la misión de verificación, ha expresado no solamente su preocupación, sino el hecho de que, repito, el asesinato de excombatientes es uno de los principales obstáculos que vemos en la implementación del acuerdo de paz”, afirmó.

Para la ONU, los registros de violencia son “preocupantes” para una población que decidió someterse, dejar las armas e iniciar el tránsito de vida social, económica y jurídica. “El hecho de que su vida haya sido interrumpida, pone de manifiesto la gravedad de la situación”, reiteró Rosende.

¿Dónde está el Gobierno?

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, fue una de las mandatarias regionales que participó en la audiencia pública para revelar una delicada situación: el Gobierno no se estaría articulando con las demás entidades para enfrentar esta situación.

“Sí, necesitamos mayor articulación con el Gobierno nacional. La articulación con el Gobierno es muy pobre y eso para nosotros es fundamental”, dijo la gobernadora en la Corte Constitucional.