Freno al ‘shu shu’ de Petro en la Corte: los detalles desconocidos de la arremetida del Gobierno contra Sanitas y la caída de la intervención de la EPS

El efecto dominó que produjo conscientemente el Gobierno Petro en las EPS podría estar a punto de revertirse. El empujón decisivo lo dio la Corte Constitucional esta semana con la decisión de suspender la intervención forzosa que la Superintendencia de Salud le había hecho a Sanitas en abril del año pasado. Se trata de un fallo inédito que revela, por un lado, el grado de arbitrariedad y sevicia con que se dio este arponazo a la compañía.

Y, por otro lado, que este alto tribunal, pese a los enormes miedos existentes, sigue siendo independiente frente a la Casa de Nariño. El fallo no tiene antecedentes. Nunca antes una operación de esa envergadura había tenido que ser devuelta a sus dueños tras un año de una intervención fallida, que ya ha dejado consecuencias nefastas.

“Después de 15 largos meses de arbitrariedades, persecuciones y silencios, se nos devuelve lo que nunca debió ser arrebatado. Debería ser un día de alegría por el restablecimiento de la justicia, pero para nosotros es un día de duelo”, advirtió el prestigioso jurista Juan David Riveros, abogado de Keralty, la matriz dueña de Sanitas.

Las cifras de Sanitas son gigantescas: tienen más de 5,7 millones de afiliados en 500 municipios, operan con más de 3.000 instituciones prestadoras de servicios de salud y se calcula que podrían estar haciendo 100 millones de intervenciones médicas al año.

Aunque no se conoce el estado actual de la compañía, se anticipa que el Gobierno Petro la entregará mucho peor que antes de la intervención, cuando esta ya había advertido que se le agotaba el oxígeno dada la estrategia de asfixia económica del Gobierno con las EPS.

Pero solo para dar un indicador de lo que puede ser la situación, un estudio de Así Vamos en Salud, publicado hace unos días, revelaba cómo la empresa registraba, administrada por el Gobierno Petro, alarmantes números rojos. En el primer trimestre del año pasado, antes de la intervención, contaba con un patrimonio positivo de 21.000 millones. En esa misma fecha, en 2025, tras un año al mando del interventor del Gobierno, su patrimonio negativo era de 1,1 billones.

“Nos devolvieron lo que es nuestro, pero no nos devuelven intacta ni la estructura ni el alma de EPS Sanitas… Dejaron que el deterioro progresivo hiciera el trabajo sucio: romper por dentro lo que no pudieron desacreditar desde fuera”, aseguró Riveros este viernes. Las cifras que se conocen no sorprenden. De hecho, responden a la estrategia que el mismo presidente Petro había aceptado en una entrevista cuando apenas comenzaba a enarbolar la bandera de la reforma a la salud.

“Chuchuchú, eso es un dominó. Ni siquiera hay que demorar pagos. Simplemente, EPS quebrada... sus afiliados tienen que pasar a las que quedan. Y esa se cae. Entonces, los afiliados tienen que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar”.

Eso fue exactamente lo que pasó. Lo que no estaba en las cuentas del Gobierno era que la Corte decidiera frenar una de las fichas del dominó en picada. No se trata de cualquier ficha. En la obsesión del Gobierno por acabar con las EPS, Sanitas ha sido el enemigo perfecto. Para el presidente simboliza algunos de los demonios del sistema, comenzando por el hecho de que sean españoles.

El presidente los ha sacado a bailar en muchos discursos y los ha acusado de intervenir en política. Por ejemplo, el primero de mayo dijo: “Keralty, siendo extranjeros, financiaron las campañas de varios congresistas y financiaron a los partidos políticos que hoy se oponen a las reformas sociales”.

Este viernes, al conocer el fallo de la Corte, volvió a despacharse y acusó a los propietarios de las EPS de querer “devorar” los recursos de la salud. “Una aberración de ese tamaño solo se mantiene comprando la política. Keralty ha sido, inconstitucionalmente, un comprador de la política”, dijo Petro.

De todas las EPS, se podría decir que, ante la asfixia del Gobierno, Sanitas fue la única que decidió ponerse los guantes y entrar al ring de boxeo. Las otras grandes de este gremio, como Compensar y Sura, agobiadas por las circunstancias y con el agua al cuello, han pedido –cada una por su lado– la liquidación voluntaria.

Es decir, poder devolver los pacientes y cerrar escalonadamente la operación. Por ahora, a estas dos no les han dado luz verde para este desmonte. Sanitas, por el contrario, ha emprendido una batalla judicial en todos los frentes. “Esto no fue un error, fue una estrategia premeditada, arbitraria, malévola, deliberada y anunciada que el Estado colombiano ejecutó”, aseguró el abogado Riveros.

Desde que ocurrió la intervención, expertos juristas han advertido que las consecuencias patrimoniales para el Estado pueden ser muy gravosas. Los inversionistas extranjeros en el Grupo Sanitas presentaron una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial, bajo el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones entre Colombia y España (firmado en 2005). Los inversionistas reclaman una “expropiación ilegal y la violación del estándar de trato justo y equitativo, entre otras violaciones al derecho internacional”.

Se calcula que, de perder, el Estado debería retribuir a la compañía con una cifra superior a los 5,2 billones de pesos. Hoy, a su favor, tienen en este litigio que la Corte Constitucional falló advirtiendo que la intervención había sido violatoria del debido proceso. En los estrados nacionales también cursan varios procesos.

Además del que acaba de fallarse en la Corte Constitucional, existen otras demandas en el Consejo de Estado. Una de ellas fue interpuesta por el exministro Wilson Ruiz, otra por el partido Cambio Radical y una más por pacientes. Ahí lo que se pide es la nulidad de la resolución que ordenó la intervención. Todas están pendientes de decidirse.

Por otro lado, el abogado Riveros también presentó una denuncia penal contra el superintendente Luis Carlos Leal por presunto prevaricato. El jurista fue claro en que no echarán para atrás ninguna de esas acciones judiciales y buscarán establecer responsabilidades individuales.

“No queremos venganza. Pero sí exigimos reparación integral, verdad y responsabilidades. Y lo diremos con toda claridad: continuaremos las acciones relevantes contra el Estado colombiano, y los autores intelectuales y operativos de este despropósito tendrán que rendir cuentas ante los tribunales nacionales e internacionales”.

La pelea de las EPS no está ganada, pero lo que pasó esta semana sí es muy significativo. En el caso de Sanitas, son muchos los riesgos que vienen. El primero, lo que pueda hacer el interventor en estos 15 días que tiene aproximadamente antes de devolver la empresa.

Lo segundo, la gravedad de lo que encuentren una vez recuperen la compañía. Y lo tercero, la reforma a la salud que sigue viva y debatiéndose en el Congreso. En este punto, el presidente mandó una amenaza el viernes: “Si el Congreso no aprueba la reforma a la salud, simplemente el sistema se quiebra”.

Para el sistema en general, el reto es más amplio, pues no se resuelve el centro del problema, que es la grave desfinanciación del sistema de salud. Este tiene muchas causas, algunas históricas que no tienen que ver con este Gobierno, otras herencias de la pandemia y otras de la situación económica global.

Pero hay un punto estructural en la discusión y es la necesidad de reajustar el valor de la UPC, el dinero que el Estado les gira a las EPS por paciente. Este quizás es el mayor conejo que le ha hecho el Gobierno Petro a la Corte Constitucional.

El alto tribunal le ordenó ajustar la UPC en varias oportunidades. La última, este mes de enero, cuando ordenó crear una mesa técnica para establecer el monto y pagarlo de manera retroactiva.

El Gobierno no ha cumplido. Al final, quienes sí han pagado son los usuarios. Entre ellos, especialmente los más pobres, que han visto cómo la calidad del servicio es cada vez más precaria.