Al menos 18 militares colombianos, 16 oficiales y dos suboficiales, fueron secuestrados el domingo por pobladores e indígenas del departamento del Chocó, cuando realizaban un operativo contra la guerrilla del ELN.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tildó la acción de “secuestro” y detalló en X que los uniformados “fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena”.
Los secuestros de militares y policías se volvieron comunes en Colombia, para infortunio de la Fuerza Pública, en zonas controladas por grupos armados y con poca presencia estatal.
Autoridades sostienen que en estos plagios participan pobladores, en su mayoría campesinos, que actúan manipulados u obligados por las organizaciones ilegales que operan en la zona.
Sánchez dijo que los militares estaban en una zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el Chocó, en una operación contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN). “Estas operaciones tienen como propósito proteger a la población civil —en especial a las comunidades indígenas— frente a amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros hechos asociados a la violencia”, anotó el ministro.
La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, señaló, entretanto, que tras el secuestro de los 18 militares a manos de indígenas, llamó a un “consejo de seguridad extraordinario” para buscar la liberación de los uniformados.
Sánchez enfatizó que restringir el trabajo militar “pone en grave riesgo, precisamente, a las comunidades que requieren mayor protección”.
“Ninguna causa ni mecanismo de presión social justifica la privación de la libertad ni la vulneración de los derechos humanos de nuestros militares”, añadió el ministro.
El comandante de la Décima Quinta Brigada, general William Caicedo, dijo que los guerrilleros del ELN por los que iban, paradójicamente, estaban de fiesta a escasos kilómetros, mientras los indígenas sometían a los 18 militares.
Según dijo, indígenas del resguardo La Puria, en Carmen de Atrato, los plagiaron argumentando que no les pidió permiso para ingresar a su territorio. En este caso, precisó, suelen solicitar autorización en muchas ocasiones y las respuestas llegan 15 días después. En esta oportunidad, ingresaron para ir tras guerrilleros del ELN y fue entonces cuando “los indígenas impidieron la operación militar”.
El oficial dijo, en Blu Radio, que debería ser al contrario: no permitir el ingreso de guerrilleros a sus territorios y sí el de la Fuerza Pública. De igual manera, sostuvo que se ha comunicado con sus hombres y que se encuentran bien de salud. Reportaron que se entregaron las armas para evitar una confrontación con las comunidades, conscientes de que están instrumentalizados por actores ilegales.
“Entre 200 o 250 se los llevaron a ellos, pero luego fueron más de 500 personas de la comunidad indígena. Con esa presión hacen que cada uno de ellos entregue su nombre, su cédula y generan presión. Al comienzo no querían quitarse las armas, pero pueden ejercer una violencia física, evitar que alguno de los hombres tome malas decisiones”, agregó.
Ahora bien, contrario a lo que se pudiera pensar, el oficial dijo que los guerrilleros del ELN no se replegaron. “Están a cuatro o seis kilómetros del resguardo. A seis kilómetros, más o menos, haciendo fiesta”, señaló. “La comunidad indígena ha permitido esto”, recalcó, al aclarar que los operativos contra los guerrilleros seguirán.
En septiembre pasado, 72 militares fueron plagiados por cientos de pobladores en el Cañón del Micay (Cauca), un enclave para la producción de cocaína dominado por guerrilleros disidentes de las extintas Farc. Un mes antes, otros 33 uniformados fueron liberados tras pasar tres días secuestrados en el departamento del Guaviare.
Inmersa en una guerra interna de medio siglo, que enfrenta a guerrillas, narcotraficantes y fuerzas estatales, Colombia vive su peor crisis de seguridad en la última década.
