Gobierno Petro generaría crisis de basuras en todo el país: esta es la resolución que enciende las alarmas

Hay una gran tormenta en el Gobierno Petro por cuenta de una propuesta que busca modificar los marcos tarifarios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Colombia. Funcionarios públicos, empresas privadas y recicladores advierten de una crisis sin precedentes en caso de que se logre materializar el proyecto y lo comparan con el desastre que dejó el programa de basuras de la administración Petro en Bogotá.

La iniciativa la adelanta la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), cuyo objetivo es actualizar las fórmulas que sirven para calcular los precios que pagan los ciudadanos por estos servicios teniendo en cuenta múltiples variables, tal como se hace cada cinco años, y cuya ejecución en el mercado podría extenderse hasta por diez años. En esta oportunidad, ya se tiene un borrador de resolución, pero su aprobación no luce fácil.

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) y organizaciones de recicladores ubicadas a lo largo y ancho del país, la Comisión se ha negado a revelar los estudios y documentos con los que el Ejecutivo, por orden del presidente Petro, espera bajar los precios de los servicios públicos. Así lo prueban diferentes cartas a las que accedió SEMANA.

Incluso, el jefe de Estado despidió al viceministro de Agua, Edward Libreros, en una transmisión del consejo de ministros, pues hizo reparos en una comunicación escrita a la propuesta, que incluía que la Comisión diera a conocer todos los soportes y análisis técnicos de los nuevos marcos tarifarios. “El documento técnico no contiene la información completa y suficiente para sustentar los análisis realizados”, dijo Libreros.

Recicladores, en aprietos

El escenario más complejo se tiene con la proposición del marco tarifario del aseo, en el que Petro pidió priorizar el cuidado de los recicladores, pero está ocurriendo todo lo contrario, según Magda Villamizar, líder del gremio: “Nos están haciendo exigencias que van a acabar con nuestro trabajo. No hay ninguna garantía, como la ha pedido el presidente. Yo no creo que desplazar a más de 74.000 recicladores sea justicia social”.

El borrador de la Comisión estipula que las organizaciones de recicladores deben pagar la seguridad social de cada uno de sus integrantes, cuando no es su competencia reglamentar sobre este tema –función que le corresponde al Ministerio del Trabajo–, e impone obligaciones que no están descritas en ningún decreto. “Nos impone una carga de responsabilidades que excede nuestras posibilidades reales.

El proyecto no refleja de manera justa la realidad”, agregó Villamizar.Con la regulación propuesta, el reciclador, además de ejercer su labor, tendrá que desempeñar funciones comerciales para lograr la suscripción de contratos con los ciudadanos. Asimismo, desarrollar campañas educativas, realizar labores de fiscalización para determinar si un suscriptor separa adecuadamente la basura y así poder acceder al pago por la separación, del que dependen cientos de familias.

“En este borrador asumen que el usuario me va a entregar separado el reciclaje, cuando no ocurre; creen que el usuario nos va a dar datos para un contrato. Dicen que del pago que nos van a hacer por nuestro servicio se tiene que guardar una provisión del 21 por ciento para seguridad social. Decimos: ‘¿De dónde sacan eso si no está reglamentado?’. La respuesta es que se hará en el futuro”, manifestó la líder del gremio.

Una fuente del Ministerio de Vivienda, cuya identidad pidió omitir, respaldó la versión de los recicladores e indicó que el propio Gobierno, nadando en contra de sus promesas, llevará al abismo a estas personas si aprueba el ajuste del marco tarifario, pues la lógica es que ellos deberán cumplir con todas las exigencias narradas para recibir sus bonificaciones: “Le están dando un mensaje opuesto al país. Los pone en riesgo”.

Libreros, despedido por Petro, identificó los mismos riesgos y pidió borrarlos en una carta que remitió a Nelly Mogollón, directora de la Comisión, en septiembre pasado: “Se deben eliminar del proyecto de resolución aspectos relacionados con la política pública y que hacen parte de las competencias del MV (Ministerio de Vivienda)”. Es decir, él puso en evidencia que la Comisión está creando políticas públicas, cuando no es su misión.

Empresas en riesgo de quiebra

Al parecer, el Gobierno Petro habría pedido no tener contemplaciones con las grandes empresas de servicios públicos, representadas en la mesa de conversaciones del marco tarifario por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), gremio que denunció en SEMANA que el Ejecutivo no está reconociendo toda la cadena productiva y buscaría bajar los precios de las facturas a las malas.

“El marco tarifario se hace cada cinco años y tiene una vida útil que puede llegar hasta los diez años. Es una metodología que se da para poder calcular los costos y las tarifas que se van a cobrar a los usuarios. Cuando se hace mal y no se les cobra a los usuarios lo que es, o se pone por debajo, y la orden del Gobierno es que va a bajarlo a las malas, el peligro es que puede quebrar el sector”, dijo el presidente de Andesco, Camilo Sánchez.

Su versión es que la Comisión no está considerando en los marcos tarifarios la totalidad de los gastos laborales; por ejemplo, no reconoce los sobrecostos de la disminución de la jornada laboral, poniendo en aprietos las carteras de las compañías. Este mismo peligro fue identificado por el viceministro de Agua, pero en la Casa de Nariño lo acusaron de querer beneficiar los intereses de Andesco.

Así quedó registrado en la carta que lo dejó sin empleo: “Es importante que, para la determinación de los costos de prestación del servicio público de aseo, se tengan en cuenta aspectos asociados con la reforma laboral que logró implementar el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en particular, aquellos que van en mejora de los operarios; como la reducción de jornada laboral y los aumentos en la remuneración de las horas con recargo nocturno y dominical, por mencionar algunos”.

Camilo Sánchez anticipó que, de aceptarse esta resolución, en el país se podría replicar el programa de Basuras Cero, que llevó a Bogotá a la crisis durante la administración de Gustavo Petro: “Eso es lo que quieren ellos hacer”. Y mostró preocupación por la limitación de acceso a la información, pues a su gremio también le han negado los estudios que le sirvieron a la Comisión para construir la propuesta.

Para él, el panorama es desolador y el riesgo de quiebra también: “Estamos viendo que la ideología la quieren incorporar poniendo en riesgo un servicio. Si este marco se aprueba mal, tenemos cinco años, por lo menos, de un problema. Los técnicos que tiene el Gobierno, que son poquitos, cada vez que aplican la técnica tienen que sacarlos. No es el que más corra, es el que haga las cosas bien en beneficio de los usuarios”.

¿En qué va el proceso?

La polémica se desató con el borrador de la resolución, cuya aprobación se haría este año para que entre en ejecución en 2026. La Comisión confirmó que, de momento, “analiza el avance de las observaciones clave de los procesos de participación ciudadana en la construcción de los nuevos marcos tarifarios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el país”, donde hicieron presencia los ministerios de Vivienda, Salud, el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La Comisión también resaltó que las mesas de trabajo se extendieron a Santa Marta, Medellín, Cali, Villavicencio y Bogotá con “organizaciones de usuarios, de recicladores, prestadores de los servicios y la sociedad civil para plantear sus inquietudes y aportes”.

Sin embargo, en denuncias aportadas a SEMANA y compartidas con los órganos de control, algunos actores cuestionaron el derecho a la participación y supuestos frenos a sus intervenciones. Esa queja también fue respaldada por funcionarios del Ministerio de Vivienda, que dicen “que el derecho a la participación se está viendo vulnerado, además porque no se aportan los documentos técnicos”.

El Gobierno Petro se juega las cartas de los servicios públicos de Colombia con esta medida. Hay alarma por las consecuencias.

La estrategia del gobierno

El presidente Gustavo Petro tiene afán para que el marco tarifario se ponga en marcha. Al revocar del cargo al viceministro Libreros, se lo entregará a una de sus más fieles funcionarias: Ruth Maritza Quevedo, economista de la Universidad Nacional. Ella trabajó en la Bogotá Humana como subdirectora de aprovechamiento de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y ahora se desempeña como experta comisionada de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Quevedo es el cerebro detrás del nuevo marco tarifario, según varias fuentes consultadas. Y ya suma una recusación de Andesco para que se aparte de la discusión y decisión sobre la nueva regulación porque, aparentemente, no mantiene la imparcialidad requerida: “Durante la audiencia pública de cierre de participación ciudadana para la propuesta del nuevo marco tarifario, realizada en Bogotá el pasado 24 de septiembre, la comisionada realizó declaraciones que ponen en duda su objetividad frente a las empresas del sector”, se lee en un documento de la agremiación conocido por SEMANA.

En ese documento se citó que Quevedo habría manifestado que “las empresas ‘filtraron los costos’ de barrido y limpieza por exceso de reportes; dijo que los prestadores ‘no pagan a los recicladores porque no quieren hacerlo’; y señaló que Andesco representa principalmente a grandes empresas, insinuando falta de independencia”.

Andesco reiteró que estas afirmaciones se hicieron antes de que la Comisión adopte una decisión final sobre el nuevo marco tarifario, lo que demostraría una opinión previa.Dentro del Gobierno nacional también tienen dudas sobre la conveniencia de Ruth Maritza Quevedo en el Viceministerio:

“Ella no está inhabilitada para ejercer el cargo, sino que podría, en ciertas circunstancias, entrar en conflicto de intereses. En el caso de la expedición de los nuevos marcos tarifarios, sería de alta inconveniencia técnica procesal que ella, siendo la líder de la formulación de la propuesta del marco, posteriormente, en otra instancia, bajo otras competencias y siendo la presidenta de la Comisión, tarea que le corresponde al viceministro, tome una decisión. No se puede ser juez y parte. Estaría votando por algo que realizó”.

La decisión final está en manos de cuatro expertos comisionados que toman las determinaciones técnicas para llevarlas al comité en pleno. De los cuatro, el Gobierno Petro ha nombrado a dos; si Quevedo sale, solo tendría una silla.

En ese comité en pleno también votan los delegados del Departamento Nacional de Planeación y de los ministerios de Ambiente, Salud y Vivienda. También hay una silla para la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios, que tiene voz, pero no voto.

La alerta de fondo es que los más de 22.000 recicladores se podrían quedar sin trabajo, y los usuarios terminarían pagando por la recolección del material a través de las facturas de servicios públicos, pues los únicos con capacidad para hacer esa inversión serían empresas de importante músculo financiero. ¿Quiénes serán los beneficiados?