Gobierno Petro no ha aceptado la renuncia de los abogados que defienden al país en el proceso con Nicaragua en La Haya y el caso avanza; ¿qué pasa?

El pleito de Colombia frente a Nicaragua vivirá en los próximos meses un ciclo definitivo. Y, sin embargo, hay un tema que no está resuelto. ¿Quién representará a Colombia en esa controversia esencial? Esa es la pregunta que ha rondado desde que la semana pasada comenzó a rondar un documento privado. Se trata de una carta de la Corte Internacional de Justicia, con fecha del 4 de octubre, en la que se hacen dos preguntas para avanzar en el caso.

Más allá del contenido del documento, lo que más llama la atención es que está dirigido al abogado Carlos Gustavo Arrieta Padilla, quien hasta hace unos meses se había desempeñado como el abogado que representaba al país en ese caso. Arrieta lideraba el equipo jurídico como agente junto a Manuel José Cepeda como coagente; sin embargo, ambos presentaron su renuncia hace unos meses con la llegada de Gustavo Petro al poder.

Lo que pocos saben es que la renuncia quedó en el limbo, pues el gobierno ni les ha pedido que se queden ni les ha aceptado irse. “El doctor Cepeda y yo presentamos en julio nuestra renuncia. Luego de la la palabras del presidente, la reiteramos. Hasta el momento, no las han aceptado”, le dijo a , Carlos Gustavo Arrieta.

El exmagistrado Manuel José Cepeda, quien es el coagente del gobierno, también se manifestó en el mismo sentido. “Como es usual ante un cambio de presidente, ambos renunciamos desde julio para dejar en libertad al nuevo Gobierno. En septiembre insistimos en la renuncia ante el silencio del Gobierno y la necesidad que de que se adopten decisiones dentro de las nuevas posturas que públicamente ha adoptado el Gobierno respecto de Nicaragua”, le dijo a .

Por su parte, el mandato de Petro anunció que definiría en los próximos meses a los abogados que continuarían con ese importante caso internacional. En medio de un debate de control político que se hizo a puerta cerrada en el Congreso, la representante Érika Sánchez de la Liga de Gobernantes Anticorrupción así lo confirmó, luego de que, según ella, el canciller Álvaro Leyva reconociera el cambio de abogados.

“Aplaudo la decisión que ha tomado el presidente de cambiar a los equipos jurídicos que hicieron parte de los Acuerdos de la Haya, porque no podemos permitir que nos roben más territorio marítimo”, aseguró la congresista.

El anuncio se presentó luego de la polémica que generó que la delegación colombiana se haya ausentado de la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que se condenaron las violaciones de derechos humanos y el hostigamiento de Nicaragua y el régimen de Daniel Ortega contra miembros de la Iglesia católica.

Para entender lo que está pasando, hay que tener en cuenta algunos aspectos. Lo primero que hay que aclarar es que Colombia debía responder a dos demandas ante esa Corte, pero ya se resolvió una y solo queda una pendiente. Nicaragua argumentaba en la primera demanda la violación de derechos soberanos y espacios marítimos. En un comienzo, el país pretendió que la demanda se centrara en el incumplimiento del fallo, pero la Corte finalmente desestimó que este fuera el eje de la controversia.

Escuche a María Isabel Rueda hablar del equipo jurídico en este pleito:

El eje central de la defensa de Colombia es que el fallo de 2012 es inaplicable. Hay razones jurídicas de peso para sostener esa tesis. La Constitución establece que los límites territoriales solo pueden darse mediante tratados y, por lo tanto, el país argumenta que para poder aplicar el fallo debería darse un tratado bilateral entre Colombia y Nicaragua, cosa que no ha pasado. Este fue el punto esencial de la defensa de Cepeda ante los jueces de La Haya el año pasado.

Como explica el excanciller Julio Londoño Paredes, “el Gobierno colombiano expresó en 2012 que aunque no desconocía el fallo, no podría ser aplicado hasta tanto se concertara un tratado con Nicaragua. Igualmente, estableció lo que denominó una “zona contigua integral” con un procedimiento sin precedentes en el derecho internacional”. A Nicaragua esa fórmula no lo satisfizo y por eso volvió a acudir a la Corte de La Haya.

La historia de este fallo de 2012 es la siguiente: Nicaragua demandó a Colombia en 2001. Lo que pretendía era que la Corte declarara que la totalidad del archipiélago de San Andrés y todos los cayos le pertenecían. Colombia entendía hasta esa fecha que el tratado de delimitación que regía era Esguerra-Bárcenas, de 1928. De ese tratado, el Gobierno de Carlos Lleras interpretó que la frontera era el famoso meridiano 82. En 2007, la Corte Internacional de La Haya le dio a Colombia una primera victoria y afirmó que el archipiélago de San Andrés y los siete cayos le pertenecían.

En la segunda demanda, que es la que hoy no tiene abogados, Nicaragua quiere ir más allá del fallo de 2012 y pretende extender la plataforma continental por encima de las 200 millas, con lo cual, prácticamente, quedaría muy cerca de la costa colombiana. Los alegatos de esta nueva pretensión están previstos para dentro de pocos meses.

Además de eso, hay un tema fundamental que está en la discusión: la reserva de Seaflower. Se trata de un refugio sagrado para la vida marina. Fue declarada Reserva de la Biósfera en el año 2000 por el programa Man and Biosphere, de la Unesco.

“Tiene un área total de 180.000 kilómetros cuadrados, de los cuales solo 57 kilómetros cuadrados son terrestres, e incluye tres islas mayores (San Andrés, Providencia y Santa Catalina), siete islas cayo (Serrana, Serranilla, Alburquerque, Roncador, Quitasueño, Bajo Nuevo y Cayo del Este y Sudeste) y varios bajos y bancos”, explica la fundación que lleva su nombre y que agrega que “sus arrecifes coralinos ocupan aproximadamente 5 por ciento del mar Caribe y 76 por ciento de los arrecifes de Colombia. Su alta biodiversidad puede evidenciarse en las más de 2.300 especies marinas que alberga”.

Colombia es el país que mejor puede resguardar este tesoro, pues sus leyes ambientales son muy fuertes y fue el que hizo la solicitud ante la Unesco, mientras que por el lado de Nicaragua hay el temor de que este territorio se abra a la exploración petrolera y de gas. El país centroamericano ha querido disuadir esa percepción y declaró una reserva ambiental.

La falta de abogados deja al país en una situación riesgosa frente al desarrollo de una demanda esencial para proteger el territorio del país.