Gobierno Petro pide anular la sentencia que tumbó la intervención de la EPS Sanitas

La polémica intervención a la EPS Sanitas sumó un nuevo ingrediente este miércoles, después de que el Gobierno, mediante la Superintendencia de Salud, solicitó revisar el fallo que emitió recientemente la Corte Constitucional.

Tras ser notificada de la decisión, la Superintendencia presentó al alto tribunal una petición de nulidad, la cual deberá ser estudiada en los próximos días.

En la petición se cuestionan las conclusiones a las que llegó, en su momento, la Corte Constitucional. Igualmente, se reclama que no se evaluó toda la evidencia aportada en este caso frente a las finanzas de la EPS y los malos manejos por parte del Grupo Keralty.

En el fallo emitido el pasado 27 de junio, la Sala Plena de la Corte Constitucional suspendió la intervención del Gobierno Petro. “Dejar sin efectos la Resolución 2024160000003002-6 del 2 de abril de 2024, que ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S. por el término de un año”, señala la decisión.

Igualmente, se avalaron las pretensiones de la acción de tutela presentada por la Clínica Colsanitas S.A., Medisanitas S.A.S. Compañía de Medicina Prepagada, Keralty S.A.S., Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S. y Juan Pablo Rueda Sánchez (entonces presidente de Sanitas) que reclamaron una vulneración al debido proceso durante la intervención gubernamental.

El abogado Juan David Riveros, representante del Grupo Keralty, aseguró que con todas estas intervenciones el Gobierno Petro ha querido ocultar la crisis en la salud y sus fallas en la administración de los recursos.

“Lo que queda claro es que la estrategia que desplegó el Gobierno nacional con la intervención que hizo de la EPS Sanitas y de otras EPS dirigida a debilitar el sistema de salud, dirigida a generar un caos que terminó afectando a miles, millones de pacientes y usuarios, a desmoralizar equipos de trabajo, médicos, personal asistencial, personal administrativo, pues lo lograron”, precisó Riveros el pasado 27 de junio en una rueda de prensa.

El jurista indicó que muchas personas resultaron afectadas con esta intervención, la cual calificó como “arbitraria e ilegal” pues se desconoció por completo el bien general de los usuarios de la EPS.

“El grupo Keralty no busca venganza, pero eso no quiere decir que no busquemos responsabilidades individuales”. Detalló que millones de afiliados han sufrido por los efectos de esa intervención “arbitraria e ilegal” y agregó que “lo que pretendió el Gobierno con esta intervención fue silenciarnos”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que la intervención a la EPS cumplió con todos los trámites legales y constitucionales.

“He tratado de evitar la liquidación de EPS y por eso soy el presidente que menos las ha hecho; la liquidación significa que los afiliados pasan a otras EPS por designación oficial, y las deudas, provocadas por decisiones privadas, se pagan con los activos de la empresa, que casi siempre solo son dineros públicos, y que siempre valen menos que la deuda”, explicó el jefe de Estado en un extenso mensaje en su cuenta de X.

Igualmente, indicó que todo lo que había pasado era una “gran estafa a la red pública y privada hospitalaria, se hizo en Medimás, Cafesalud, Saludcoop y más de un centenar. El dueño privado de las EPS liquidadas no paga las deudas que deja con su propio patrimonio privado. Si los activos no alcanzan, queda la deuda sin pagar”.

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