Gremios advierten sobre peligros en el proceso de negociación con el ELN. Dicen que sus aportes no son tenidos en cuenta

Como parte del “Acuerdo de México” entre el Gobierno y la guerrilla del ELN se creó el Comité Nacional de Participación, el cual diseña y promueve la participación de la sociedad en ese proceso de paz y tiene entre sus miembros a organizaciones sociales y a gremios de la producción. Justamente, los representantes de este último grupo acaban de prender las alertas sobre las prácticas que se están utilizando en este Comité, así como los peligros que traen algunas de las propuestas que allí se discuten.

“Expresamos nuestro desacuerdo y preocupación con el enfoque que se le está dando al modelo y al plan de participación, por cuanto no recoge la visión de todos los miembros que hacen parte del Comité, excede en su alcance el propósito para el cual fue creado y pone sobre la mesa de negociación elementos estructurales de nuestra democracia y modelo de país que no fueron discutidos porque ese no era su propósito”, aseguran los representantes de los gremios en una carta que enviaron a Vera Grabe, jefe de la delegación del gobierno nacional en la mesa de diálogos de paz con el ELN y a Luciano Sanín, secretario del Comité Nacional de Participación.

Su principal queja es que ellos han puesto sobre la mesa varios puntos que no han sido tenidos en cuenta y que podrían tener graves consecuencias para el país, pues se ha avanzado en temas que no son consistentes con los principios democráticos del país. Es más, hacen varias preguntas sobre cómo operarían algunos de los cambios propuestos.

“¿Cómo se realizará el proceso de convergencia de este ejercicio de democracia participativa respecto a la democracia representativa de nuestro ordenamiento constitucional?; ¿cómo afecta este modelo la autonomía de los alcaldes y gobernadores en la gobernanza de sus territorios?; ¿en qué condiciones se va a dar el proceso de participación en territorios afectados por la violencia?; ¿cómo se espera que la ciudadanía participe libremente y sin presiones por parte del ELN en los territorios donde este grupo terrorista continúa extorsionando y con la permanente amenaza del secuestro de ciudadanos?”, son algunas de las preguntas que realizan en la misiva.

Cuidado con el ‘vinculante’

Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen, Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, Bruce Mac Master, presidente de la Andi; Frank Pearl, presidente de la ACP, Germán Arce, presidente de Asofiduciarias, Julián Domínguez, presidente de Confecámaras y Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC son los firmantes de la carta y en ella también alertan sobre el carácter de “vinculante” que se expresa como un principio definitorio de los resultados del proceso de participación.

“Preocupa en tanto que parecería hacerse referencia a que las decisiones tomadas por el sujeto de la participación -es decir, las distintas manifestaciones de voluntad comunitaria o social- se convierten en mandatos obligatorios en sentido jurídico, es decir, equivaldrían a normas jurídicas a partir de las cuales se diseñarán y ejecutarán políticas públicas”, sostienen los representantes gremiales y explican que esa idea desconoce que es la Constitución, y nunca documentos aprobados por el Comité Nacional de Participación, la que determina cuáles son las formas legítimas de crear normas en el país; y, adicionalmente, anularía el principio de separación de poderes, pues a partir de procesos ideados e impulsados desde el poder ejecutivo, se eliminaría la necesidad de contar con la aprobación del Congreso para tomar decisiones en temas como el modelo democrático; propiedad, uso y tenencia de la tierra; o el sistema electoral, temas que bajo la Constitución deben ser definidos por el Congreso de la República.

También manifestaron su desacuerdo con la inclusión del punto denominado “Ejes temáticos de las transformaciones” incluido en el documento de Modelo para la Participación, por cuanto excede el alcance del modelo, pretendiendo incluir temas que requieren de la aprobación del Congreso e incluso en algunos casos de revisiones de la Corte Constitucional.

“Toda discusión sobre el modelo democrático del país, defensa y seguridad nacional y, órdenes de tipo político e institucional de nivel estructural de la sociedad cuentan dentro de la Constitución con mecanismos para su debate en el orden jurídico colombiano y no pueden ser en ningún caso parte de la discusión de un grupo limitado de colombianos sin ninguna representatividad para tratar de imponerlos al resto de la sociedad”, enfatizan en la carta.

Proponen que el Comité Nacional de Participación determine metodologías para que haya una participación eficiente, pero que su su propósito no sea determinar una agenda, pues esto excede sus competencias, y genera un serio manto de duda sobre la legitimidad de una participación a la cual se hace concurrir a la sociedad, “pues un organismo que no tiene competencias constitucionales está generando una agenda de reformas estructurales”.

Adicionalmente, señalan en la carta que la ruta prevista para ambientar el desarrollo del modelo hasta llegar a la implementación de transformaciones que pretenden integrarse a los planes de desarrollo del país, “desconoce las dinámicas institucionales de nivel técnico, fiscal y de control, así como la autonomía que la Constitución les otorga a las entidades territoriales para la gestión de sus intereses y para la planificación y desarrollo económico y social dentro de su territorio”.