“Hay que rodear al registrador”: Juan Carlos Galindo, tras la andanada de Petro y su acusación de sedición. “Despropósito” “ofensivo”

SEMANA: Tras la decisión del registrador de no adelantar la consulta popular hasta que se pronuncien las altas cortes, el presidente aseguró que la Registraduría, que debía ser el árbitro del partido, decidió meterse al campo a jugar. ¿Qué le responde?

Juan Carlos Galindo: Poco duró el compromiso del Presidente de la República de respetar las instituciones y desarmar la palabra. Un día después, luego de la postura de la Registraduría de esperar el pronunciamiento judicial sobre el cuestionado decreto de convocatoria a consulta popular, acusó de sedicioso al Registrador Nacional. No solo resultó ofensiva e irrespetuosa la afirmación del mandatario, sino que también está alejada de la realidad. Además, llamar a los abogados demócratas a atacar a la organización electoral es un gravísimo desatino y un desconocimiento del funcionamiento constitucional de nuestra democracia.

Vea a Gustavo Petro despacharse contra el Registrador

SEMANA: ¿Cree que esa salida es meterse al partido?

J. C. G.:. Para nada. El registrador no ha dicho que no aplicará el decreto, ni tampoco la Registraduría ha tomado partido. Todo lo contrario, asumió una postura prudente e institucional frente a un decreto abiertamente inconstitucional. Manifestó que esperará al pronunciamiento jurisdiccional, que dirimirá muy pronto la controversia iniciada por el Gobierno Nacional, antes de continuar con el trámite de la consulta popular, cuya organización implicará la erogación de una importante suma del presupuesto nacional.

Le recomiendo al Presidente de la República que guarde la calma y la compostura, que respete el funcionamiento de las demás autoridades públicas y que se comporte como un verdadero Jefe de Estado, como el mandatario de todos los colombianos.

SEMANA: Luego, en el Consejo de Ministros, el presidente señaló de delincuente al registrador y aseguró que estaba incurriendo en sedición. ¿Qué piensa?

J.C.G: Es un despropósito, ajeno a toda realidad jurídica. Insisto, el Registrador no ha dicho que no va a aplicar el Decreto. Además, se equivoca flagrantemente el Presidente Petro al afirmar que el Registrador incurrió en sedición, cuando se trata de un delito de levantamiento en armas contra el régimen constitucional. Y claramente no es el caso.

SEMANA: Usted fue el registrador que organizó el plebiscito para la paz y varios procesos electorales de gran envergadura. ¿Cómo recibió la decisión de Hernán Penagos?

J. C. G.: Como dije, veo que es una postura muy prudente. El señor registrador podía aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente a ese decreto, que es abiertamente inconstitucional y que trasgrede los principios fundamentales de la democracia, de la separación de poderes.

Pienso que poner en manos de las altas cortes un pronunciamiento respecto de las solicitudes de suspensión provisional que hay en varias demandas que presentaron ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional es una medida que evita ahondar la controversia jurídica y generar un manto de incertidumbre en estos momentos.

SEMANA: Armando Benedetti señaló que el registrador está equivocado y no podía tomar esa decisión. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es la justificación jurídica de esa posición?

J. C. G.: Obviamente, es una decisión que va más allá de lo jurídico. Es una posición de prudencia. Vuelvo e insisto porque, como lo señaló el registrador Penagos, hay una controversia grande entre dos ramas del poder público en este momento. Ya se iniciaron unos trámites, ante las autoridades, que deben ser resueltos en muy pocos días. Entonces, esperar a lo que allí se disponga, yo creo que le da tranquilidad al país respecto del proceso de consulta popular. Hay que recordar también que estamos ante una decisión inédita en la vida política y constitucional del país.

SEMANA: ¿No era más contundente aplicar la excepción de inconstitucionalidad?

J. C. G.: Como le dije, nunca antes se había presentado una controversia de semejante magnitud entre las ramas del poder público, la ejecutiva y la legislativa y si bien, en mi criterio, sí podía aplicar la excepción de inconstitucionalidad, lo prudente respecto de las circunstancias específicas del país es esperar unos días más a los pronunciamientos de las altas Cortes. No creo que sean muchos.

SEMANA: El ministro Benedetti también aseguró que el registrador es solo “un operador logístico”.

J. C. G.: ¡Está absolutamente equivocado! El registrador encabeza la entidad que dirige y organiza las elecciones. Es mucho más que una simple operación logística. Además, es un proceso que debe brindar toda la transparencia y seguridad a nuestra democracia.

Hay que recordar que la Registraduría Nacional del Estado Civil fue creada en 1948 para convertirse en un organismo independiente del gobierno nacional para organizar las elecciones. Ese mismo esquema se mantuvo en la Constitución de 1991, dándole a la registraduría su carácter de autónoma y absolutamente independiente respecto de las otras ramas del poder público. ¿Para qué? Para garantizar la transparencia de los procesos electorales.

En esa medida, el Registrador Nacional del Estado Civil no tiene superior jerárquico. No es funcionario del gobierno nacional. Dirige una entidad autónoma independiente que debe, por un lado, brindarles la identificación a los colombianos y dirigir, por otro lado, organizar los procesos electorales.

SEMANA: El registrador explicó que él no podía organizar un proceso electoral para una consulta popular en tan poco tiempo, pues el presidente había puesto la fecha del 7 de agosto. ¿Cómo ve usted los tiempos?

J. C. G.: Tiene toda la razón el registrador al señalar que el 7 de agosto es una fecha imposible para adelantar la consulta popular. ¿Por qué? Porque se trata de un proceso electoral de carácter nacional, que debe ser organizado en el territorio nacional y en las diferentes delegaciones diplomáticas de Colombia en el mundo para brindarles a todos los ciudadanos la posibilidad de que se pronuncien.

SEMANA: ¿Qué implica organizar ese proceso?

J. C. G.: Por un lado, quiero estimar cuáles son los recursos que requiere el Ministerio de Hacienda, porque el presupuesto no lo tiene en estos momentos la Registraduría. Entonces, tiene que pedirlo al Ministerio de Hacienda. Lo primero que hay que hacer es una estimación de cuánto costará el proceso y luego ir a esa entidad para que le asignen esos recursos.

Posteriormente, el registrador tiene que contratar los bienes y servicios para toda la logística del proceso electoral, disponer de la verificación del censo electoral actualmente vigente. Y a partir de ahí, señalar cuáles serán los puestos y mesas de votación. Tendrá que organizar el procedimiento de selección de jueces de votación y la capacitación de los mismos.

Debe disponer también la preparación de los kits electorales y su distribución, tanto en Colombia como en el exterior. Y, obviamente, disponer todos los medios tecnológicos para el preconteo, para la digitalización de los formularios electorales y para la realización de los escrutinios.

SEMANA: ¿Cuánto calcula usted que se tarda ese proceso?

J. C. G.: Por lo menos requiere un plazo de tres meses. Nosotros, cuando organizamos el plebiscito del proceso de paz, en el año 2016, lo hicimos también sometidos a una dificultad de tiempo, pero requerimos en ese entonces de esos tres meses para hacerlo. Lo hicimos en un plazo muy corto. Le exigimos mucho a la Registraduría para llevar a cabo ese proceso en tres meses, es por eso que digo que se requiere por lo menos ese mismo tiempo, para adelantar la consulta popular.

SEMANA: ¿Los costos de los que habla el registrador de 750 mil millones de pesos le parecen sensatos?

J. C. G.: Es absolutamente razonable respecto de lo que han costado los procesos electorales anteriores y lo que implica la corrección monetaria para esos efectos. Me parece totalmente acertado lo que dice el registrador para esta consulta popular.

SEMANA: Hay muchas voces pidiendo proteger la figura de la Registraduría. Como en otros tiempos sería una obviedad, le pregunto. ¿Se necesita ese clamor?

J. C. G.: Claro, el país debe rodear en estos momentos al registrador y a la Registraduría. Es esencial que exista una entidad independiente y autónoma para tomar esas determinaciones. No solo es el respaldo a la Registraduría, sino a todas las instituciones de nuestra patria.