El coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, comandante de la Brigada de Aviación No. 32; el exsecretario general del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo; y el asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio, Diego Alejandro Manrique Cabezas, no aceptaron los cargos que le imputó la Fiscalía por el caso de corrupción en la celebración del contrato para el mantenimiento de los Helicópteros MI-17 del Ejército Nacional, y que fue revelado en exclusiva por SEMANA.
Durante la imputación de cargos, el fiscal del cargo indicó que el oficial y los dos contratistas tuvieron una participación activa en las irregularidades que rodearon la celebración del contrato No. 012 del 2024 con la firma Vertol Systems Company, que tiene su sede en los Estados Unidos.
Para el fiscal del caso, el coronel se “extralimitó” y “ejerció una función que no le correspondía según la ley” cuando interfirió en el normal desarrollo de la celebración y ejecución del mencionado millonario contrato.
“El manual de contratación indicaba que debía cumplir o ejercer labor de evaluador”, detalló el delegado del ente investigador. Teniendo en cuenta varias pruebas documentales y testimoniales, la Fiscalía General estableció que, en medio de la búsqueda de oferentes, se ejerció una presión para que el contrato le fuera adjudicado a la empresa estadounidense.
Por esto, indicó que el coronel ejerció un tráfico de influencias al buscar que el “acto administrativo” beneficiara a una empresa en cuestión, lo que representó una afectación a los principios de contratación.
La Fiscalía imputó tres delitos al coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte por presunta corrupción en el contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/DP9GRbl8pe
— Revista Semana (@RevistaSemana) December 17, 2025
“Se alteró el acto administrativo mediante el cual se justifica una contratación directa”, explicó el fiscal del caso. En este sentido, señaló que se generó una afectación a los bienes de la comunidad.
En el caso del exsecretario general del Ministerio de Defensa Nacional, Hugo Alejandro Mora Tamayo, la Fiscalía General señaló que ejerció presiones ante un servidor “para obtener un beneficio”.
Este beneficio consistía, precisamente, en influenciar a un supervisor que “estaba decidido a que se iniciara ese proceso sancionatorio de incumplimiento” de la ejecución del contrato de mantenimiento. Este trámite iba a llevar a la caducidad del mencionado convenio.
“Pero se logró persuadir que ampliara un plazo que realmente estaba en potestad él y en su momento tenía razón de no dar más plazos, pero logró ser persuadido por usted, doctor Hugo Alejandro Mora, y eso, pues, configura un tráfico de influencias porque, pues, allí no se pensó en el interés general y se estaba beneficiando a un tercero”, añadió el fiscal.
La conducta del exsecretario no terminó ahí, pues, junto al coronel Julián Fernández Rincón, habría buscado que se emitiera un concepto favorable en el Ejército para cambiar la forma de pago y así darle liquidez al contratista.
La Fiscalía General les imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública y peculado por apropiación. En las próximas horas, el ente investigador solicitará una medida restrictiva de la libertad contra los tres procesados.
