Hidroituango S.A. demanda a EPM por incumplimientos en construcción de la hidroeléctrica

Después de que la aseguradora española Mapfre determinara que la póliza que cubría los riesgos en la obras de Hidroituango sí aplicaba para la crisis ocurrida en abril de 2018, se creía que las relaciones entre la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., cuyo accionista mayoritaria es la Gobernación de Antioquia, y EPM —accionista minoritario y constructor—, habían mejorado, pero parece que no es así, ahora se ha anunciado en formalidad una demanda con la que la sociedad espera recuperar el dinero que está perdiendo por el incumplimiento del cronograma.

Todo el proceso lo llevará la firma De la Espriella Lawyers Enterprise, que anunció que tiene la representación prejudicial y judicial de Hidrotuando S.A., que entre varias cosas se encargará de cobrarle a EPM como constructora el incumplimiento de cuatro hitos que estaban marcados en el contrato de obras y que se incumplieron debido a las fallas en la obra, lo que terminó modificando los diseños de la central hidroeléctrica, requerimientos que eran inmodificables.

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Los hitos incumplidos son: 1. El cierre de las compuertas de desviación y el inicio del llenado del embalse lo cual deberá ocurrir a más tardar el 1 de marzo de 2018. 2. La entrada en Operación Comercial de la Unidad 4 lo cual deberá ocurrir a más tardar el 27 de septiembre de 2019. 3. Es la entrada en Operación Comercial de la Unidad 1 lo cual deberá ocurrir a más tardar el 24 de junio de 2019. 4. La entrada en Operación Comercial de la Unidad 8, lo cual deberá ocurrir a más tardar el 24 de junio de 2022.

Esta es una pelea que ha dado desde hace más de seis meses el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien ha asegurado que EPM la debe a la sociedad accionaria cifras millonarias que ganan intereses todos los días. Pese a esto, la empresa de servicios públicos no ha aceptado las acusaciones.

En comunida de firma de De La Espriella se remarca: “En virtud de información recolectada por entes de control y con base en el trabajo y estudio desarrollado por la Firma, tienen varias causas raíces, que distan en grandes proporciones de la posible existencia de una fuerza mayor o caso fortuito, por el contrario, los retrasos, sobrecostos, afectaciones a la comunidad, entre otros son imputables únicamente a EPM”.

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Las cartas que expondrá la firma de abogadas en todo este proceso son las mismas que ha sacado a relucir Luis Pérez, sustentado en el estudio realizado por la Universidad Nacional y un segundo —oficial de EPM— realizado por la firma chilena Skava. Algunas de estas cartas son la no instalación de compuertas en los dos túneles de desviación del río Cauca; la construcción de un tercer túnel para taponar los dos primeros —modificación de diseños—, y que fue construido sin revestimiento de concreto lo que terminó en un taponamiento.

Este proceso ya arrancó, pues el 17 de septiembre de 2019 hubo una reunión entre el representante legal de la Hidroeléctrica, sus abogados y el gerente de EPM, Jorge Londoño, para hablar del incumplimiento del hito que contemplaba el cierre de compuertas y que generaba pérdidas —según la parte acusadora— por 160 mil millones de pesos, sin embargo este incumplimiento no fue reconocido por EPM, lo que parece ratificar que el conflicto va para largo. 

Mientras tanto, EPM trabaja para continuar con las obras que disminuyan el riesgo de las poblaciones aguas abajo, lo que no es más ni menos que terminar la obra y dejarla a punto, para poder generar con la primera unidad operacional en diciembre de 2021.