“Hiere profundamente la confianza”: dejan en libertad a acusados por asesinato de Esteban Urueta y sus dos empleados

“Con profunda indignación y tristeza recibimos la noticia de la liberación de los presuntos responsables del atroz asesinato de Esteban Rafael Urueta González, Fredys Manuel Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado”.

Esta frase hace parte del pronunciamiento del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, sobre la decisión de un juez de dejar en libertad a Cristian Petro y Juan Soto, investigados por el atroz crimen que les costó la vida al ganadero y a dos de sus trabajadores.

“Como Gobernador, no puedo guardar silencio ante una decisión judicial que, por vencimiento de términos, hiere profundamente la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. Es inaceptable que crímenes tan crueles queden impunes por fallas procesales”, dijo el mandatario cordobés.

Lo que provocó la reacción de Zuleta Bechara es que este martes, 10 de junio, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Sahagún (Córdoba) ordenó la libertad inmediata de Cristian Petro y Juan Fernando Soto Garcés.

Los dos estaban detenidos por los hechos sucedidos el 10 de septiembre de 2024, en la vereda La Carolina, municipio de Chimá.

Ese día, Esteban Rafael Urueta González y sus trabajadores Fredys Manuel Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado fueron asesinados, sus cadáveres incinerados y enterrados en zona rural, en un lugar de difícil acceso.

“Fueron incinerados en su totalidad y uno en un alto porcentaje (…) adicional a ello, como dije, fueron inhumados, fueron golpeados con armas contundentes y el señor Freddy impactado con arma de fuego en la cabeza y en el torso”, precisó el fiscal del caso en una de las audiencias de imputación de cargos.

También dio a conocer que el móvil del atroz crimen fue una fuerte discusión que uno de los investigados sostuvo con Urueta por la pérdida de 700 cabezas de ganado que tenían en una sociedad en una finca en Ciénaga de Oro.

La Fiscalía General les imputó ante el Juzgado Primero Promiscuo municipal de Montería los delitos de secuestro, homicidio agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

Fueron enviados a la cárcel, estaban en la Tramacúa, en Valledupar, a la espera del inicio del juicio oral este 4 de julio.

Pero este martes, un mes antes, un juez de Sahagún resolvió una solicitud de libertad por vencimiento de términos, pues, según Caracol Radio, pasaron “173 días continuos desde la acusación, superando el límite de 120 días que establece el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal para iniciar el juicio oral”.

Ante la situación, ni la representante de víctimas, ni la Procuraduría tuvieron otro camino que abstenerse de apelar la decisión.

“Hago un llamado urgente a las autoridades competentes para que actúen con responsabilidad y compromiso. La vida humana no puede perder valor por vacíos en el trámite judicial. ¡Córdoba merece justicia. Las víctimas merecen justicia. Sus familias merecen paz!”, agregó el gobernador Zuleta Bechara.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, también hizo un duro pronunciamiento contra esta decisión judicial.

“No se explica la actuación de la justicia en el caso de Esteban Urueta. Primero, el Juzgado Promiscuo Municipal de Chimá (#Córdoba) se declaró impedido; luego, el caso fue remitido al Juzgado Penal del Circuito de Sahagún (Córdoba), pero el juez alegó una causal de impedimento. Sin embargo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de #Montería declaró infundado el impedimento”, indicó el dirigente gremial.

“¿Qué significa esto? ¿Buscaban ganar tiempo para que se vencieran los términos previstos en el Artículo 317.5 del Código de Procedimiento Penal (CPP) con el propósito de que Cristian Petro y Juan Soto quedaran en libertad?”, agregó.

Además, cuestionó duramente la postura del representante de la Procuraduría. “¿Procurador del lado de las víctimas o de los victimarios?”, se preguntó Lafaurie.

“Y otro asunto de relevancia: curiosamente el procurador judicial I penal de Montería, Adolfo Toscano, a través de múltiples solicitudes ha inquirido, por ejemplo, al despacho de conocimiento a que se espere solo 10 minutos para la conexión de todos los sujetos procesales sabiendo que el Inpec, por regla general, tarda en la conexión de las diferentes personas relacionadas con un asunto penal”, reclamó.

Según el diario La Razón, Cristian Petro fue recapturado minutos después de haber sido dejado en libertad para que responda por otro proceso por hurto.