Histórico: Tribunal de Antioquia obliga al Gobierno Petro y a las EPS intervenidas a pagar deudas con clínicas y hospitales

Una decisión judicial intervino en la grave crisis que viven las instituciones prestadoras de salud. El Tribunal Administrativo de Antioquia dictaminó una medida cautelar que “ordena a la Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud y Protección Social, en calidad de rector del Sistema General de Seguridad Social en Salud), para que a través de la Adres y de las Supersalud, y a las EPS intervenidas, en un término de 30 días, adelanten todas las gestiones que correspondan para el saneamiento de la cartera que se encuentre debidamente acreditada a favor de las IPS”.

La decisión se da con el fin de “garantizar el flujo de recursos que permita hacer efectivo el pago oportuno y completo de las obligaciones para que se pueda garantizar a la población el acceso oportuno y eficiente a los servicios de salud en Medellín”.

La medida es respuesta a una acción popular que había interpuesto el distrito especial de ciencia y tecnología de Medellín. Esta tenía como fin proteger los derechos e intereses colectivos de la población, “en relación con el acceso oportuno y eficiente a los servicios de salud, con la infraestructura que garantice la salubridad pública, la defensa del patrimonio público y la moralidad administrativa”.

Esto con el fin, según la acción, de evitar un daño inminente en las condiciones de vida digna, salud e integridad de los habitantes de esa ciudad.

En el documento, la administración de Medellín adjunta los estados financieros de las IPS públicas, en los cuales queda claro cómo estas cifras alteran de manera grave el flujo de caja de esas entidades.

“La crítica situación de cartera ha generado un impacto directo, real y constatable, pues contratistas que prestan servicios a estas instituciones han notificado la suspensión de la ejecución de los contratos por falta de pago”, señala la acción popular.

Allí también se adjuntaron pruebas de cómo esta situación financiera ha llevado a que se interrumpan los servicios. Por ejemplo, en una de estas misivas, Fedsalud le escribe a la ESE Hospital General de Medellín.

“Dado el grave incumplimiento de la obligación principal del hospital frente a Fedsalud, consistente en el pago, y teniendo presente que se trata de obligaciones laborales, que comprometen el ingreso de los trabajadores de la salud y el pago de la seguridad social, notificamos que a partir del día de mañana 30 de mayo de 2025, suspendemos la prestación de nuestros servicios hasta que se realice el pago en los términos contractualmente pactados”.

El magistrado ponente del tribunal revisó todas esas comunicaciones y al final concluyó que está “probado que la falta de pago está generando un daño que evidencia deficiencia en la prestación de los servicios de salud, originado en la precaria situación económica de las IPS del Distrito, el cual se debe hacer cesar y prevenir que siga su progresión”. Con base en eso, sustenta la medida cautelar.

SEMANA reveló hace pocos días un informe de la Contraloría que deja ver cómo las deudas de las EPS intervenidas con estas instituciones prestadoras de servicios de salud cada vez son más altas.

Esa cifra de lo adeudado es escandalosa: 32,9 billones de pesos. Y de este total, la mayoría, 24,4 billones, corresponde a las EPS intervenidas.

Nuevamente, tres de las EPS más grandes en manos del Gobierno encabezan el ranking, con números muy altos. Por ejemplo, la Nueva EPS adeuda 9,2 billones; Sanitas, 2,8 billones, y Famisanar, 2,8 billones. Le sigue una EPS no intervenida que es Salud Total, con 2,6 billones. Compensar debe un billón en promedio y Sura 1,9 billones.