Hombre clave del Gobierno se defiende por compra de motos eléctricas en la alcaldía de Gustavo Petro

Como último testigo en el proceso, el actual director de Función Pública y exgerente del desaparecido Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, César Manrique Soacha, dio explicaciones en medio de un interrogatorio que le hizo su abogado defensor, la Fiscalía y una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso que avanza en su contra por las presuntas irregularidades en un contrato para la compra de motos eléctricas para la Policía en la capital del país durante la alcaldía del actual presidente Gustavo Petro.

Durante una diligencia de cuatro horas, el actual director de Función Pública del gobierno Petro explicó todos los detalles detrás de la contratación que terminó en la compra de 100 motos eléctricas para la Policía de Bogotá. Después de escuchar su testimonio, la magistrada de la Sala de Primera Instancia decidió aplazar para la tarde, los alegatos finales en este proceso.

En dicho interrogatorio, el exgerente del extinto Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá explicó que “yo no recibí las motos, se recibieron 8 meses después de yo dejar el cargo. Se entregan en un acto público y lo que puedo certificar es que con esperticio del CTI, ordenado por el Fiscal de la investigación, se pudo probar que las motos, tal y cual con las características que fueron solicitadas por el general Martínez, corresponden por las solicitadas por el general”.

Y es que desde hace 8 años, la Fiscalía venía investigando a Manrique Soacha por hechos que se habrían presentado en el año 2012, cuando se firmó el contrato por más de 4 mil millones de pesos para comprar dichas motas, pero el contrato se habría celebrado presuntamente violando la ley de contratación, ya que, en vez de abrir una licitación, se adjudicó el negocio a dedo.

Sobre los posibles sobrecostos en dicho contrato, el actual director de Función Pública indicó que “eso fue objeto de investigación de la Contraloría Distrital para mirar si hubo sobrecostos en la adquisición y si se compraron de acuerdo a los procedimientos que existen para estos temas, y la Contraloría falló en favor nuestro diciendo que no hubo ninguna responsabilidad (fiscal), sobrecosto o detrimento patrimonial”.

Inicialmente, se hablaba de que la empresa Northbound Technologies, no habría cumplido con los requisitos de calidad del producto, pues un año después de entradas en funcionamiento, el 90 % de las motos estaban varadas por diferentes situaciones, como problemas chasis, luces fundidas, desgaste de pastillas de freno, caída de posapiés.

Para esa época, la Contraloría confirmó el hallazgo con incidencia penal y disciplinaria, y un detrimento patrimonial de 2.311 millones de pesos. En 2019, Manrique fue condenado por lo sucedido a 10 años de cárcel por interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El fallo contra Manrique, quien también fue alcalde de Fusagasugá, fue tumbado por el Tribunal superior de Bogotá en agosto de 2020 por “violaciones al debido proceso”, lo que llevó a la revocatoria de la condena, pero el proceso sigue en la Fiscalía.